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| El secretario Daniel Muñoz y el ex presidente Néstor Kirchner. |
Por Omar Lavieri/infobae.-
El magistrado federal embargó a los imputados por montos que van desde los 600 a los 3.000 millones de pesos.
Daniel Muñoz fue secretario de Néstor Kirchner. A partir de diversos testimonios vertidos en el Caso Cuadernos se lo señaló como el receptor primario de los bolsos con coimas que pagaban los empresarios.
Se descubrió que había llegado a acumular unos 70 millones de dólares ilegales y que un poco más de la mitad de esa cifra terminó invertida en una extensión de tierra en Turks & Caicos. Así lo declararon como arrepentidos Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y otros imputados en la causa.
El juez Claudio Bonadio había procesado al círculo cercano de Muñoz por lavado de dinero. Entre los primeros procesados por Bonadio estaban Carolina Pochetti y Alejandro Manzanares, quien fuera contador de los Kirchner y participó de la constitución de sociedades y colaboró con el esquema de lavado de dinero.
En abril pasado, la Sala I de la Cámara Federal había confirmado los procesamientos por lavado de dinero agravado por haber sido cometido en el marco de una organización delictiva. En el procesamiento incluyó a familiares del ex secretario presidencial, empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados que formaron parte de un entramado diseñado para sacar dinero del país, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas, tras el estallido del escándalo de los Panamá Papers. Aquel suceso salpicó a Muñoz -quien murió en mayo de 2016-, ya que no tenía forma de justificar la millonaria fortuna que había conseguido.
En abril pasado, la Sala I de la Cámara Federal había confirmado los procesamientos por lavado de dinero agravado por haber sido cometido en el marco de una organización delictiva. En el procesamiento incluyó a familiares del ex secretario presidencial, empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados que formaron parte de un entramado diseñado para sacar dinero del país, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas, tras el estallido del escándalo de los Panamá Papers. Aquel suceso salpicó a Muñoz -quien murió en mayo de 2016-, ya que no tenía forma de justificar la millonaria fortuna que había conseguido.
Pero con aquel primer procesamiento no se terminó la investigación sobre el círculo de colaboradores de Muñoz. Bonadio procesó anteayer -pero la resolución se conoció hoy- a un grupo de personas que ayudó al ex secretario presidencial a realizar diversas maniobras para poder mover el dinero obtenido ilegalmente.
Entre los nuevos procesados figuran Franco Muñoz y Susana Noemí Muñoz, hijo y hermana respectivamente del ex secretario presidencial. Y también Alejandrina Pochetti y Stella Maris Blanco, la hermana y la madre de la viuda de Muñoz. También fue procesado el ex cuñado de Pochetti, Pablo Raies, quien figura como accionista de la playa de estacionamiento ubicada en Malabia 1714, uno de los negocios que armó Muñoz con el dinero ilegal obtenido durante el kirchnerismo. El procesamiento alcanzó además a dos colaboradores de los Kirchner: Ricardo Barreiro y Roberto Sosa.
Entre los procesados hay varios escribanos entre los que se encuentran dos de los más conocidos en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz: Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz. Se los acusa de haber participado de las maniobras de lavado de dinero.
En el procesamiento, firmado el 27 de agosto pasado, Bonadio señaló que "los canales de expatriación de dinero desde nuestro país hacia las cuentas bancarias a nombre de las sociedades creadas en los EEUU y controladas por firmas constituidas en las Islas Vírgenes Británicas – Gold Black Limited y Old Wolf Limited OLD, creadas por intermedio de Portcullis (BVI) Ltd y Tridente Trust Ltd en dichas islas-, cuyos beneficiarios finales eran Muñoz y Pochetti, fueron a través de los servicios financieros prestados por Segundo Pantaleón Córdoba, José Alex Fallas, Jorge Antonio Galitis, José Sebastián Jabbaz, Alejandro Maximiliano Raele y Pablo Mario Rippel. A su vez, la utilización de cuentas bancarias de sociedades extranjeras para realizar las transferencias contra la entrega de dinero en efectivo en este país, habría servido para dificultar la identificación del verdadero origen de los activos". Los financistas integran la lista de los procesados por el magistrado federal.
Córdoba, quien fuera jefe del Departamento Judicial de la Unión Obrera Metalúrgica, fue detenido en 2011 en la terminal de Buquebus cuando trataba de llevarse 800.000 dólares al Uruguay sin declarar. En septiembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 lo condenó a un año y nueve meses de prisión por lavado de dinero.
Entre los financistas procesados se encuentra Raele. Se trata de uno de los dueños de "Financlass", quien intentó declarar como arrepentido ante los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli. En aquella declaración confesó que manejó entre 15 y 16 millones de dólares entre 2011 y 2014. Dijo que recibía bolsos repletos con billetes de 500 euros. Y hasta describió que tenían "olor a humedad" y las "banditas elásticas podridas".
Raele colaboró con el manejo de dinero de Muñoz por pedido de Sergio Todisco -uno de los varios testaferros de Muñoz procesado en la primera tanda de investigados- a quien conocía desde su juventud.
Uno de los procesados en el primer grupo de los integrantes de la asociación ilícita que lavó dinero para Muñoz fue Carlos Gellert. Primo de Pochetti, armó sociedades y direccionó el dinero hacia Turks & Caicos. Declaró como arrepentido y brindó información importante para la causa. En el nuevo procesamiento se resolvió la situación de su mujer Perla Puente Resendez, quien había sido detenida en México por pedido de Bonadio y llegó a la Argentina hace poco tiempo. Fue indagada en julio pasado y procesada esta semana.
Resultó sobreseído Gastón Campillo, sobrino de Juan Manuel Campillo, quien fuera procesado en la primera parte de la investigación sobre la banda de Muñoz.
En su nueva resolución el juez impuso embargos a los procesados que van de los 600 a los 3.000 millones de pesos. Todos formaron parte de una asociación ilícita dedicada a lavar el dinero que Muñoz obtuvo -según se determinó en el expediente- gracias a su cercanía con los Kirchner.
