Por Joaquín Morales Solá/La Nación.- Tienen razón los kirchneristas: es probable que Cristina Kirchner termine presa. Basta recordar que Carlos Menem fue detenido en el año 2000 por orden del juez Jorge Urso por un delito (contrabando de armas) de menor repercusión social y judicial que los que pesan sobre la ex presidenta. Varios jueces y fiscales federales consideran que la prisión de Cristina Kirchner, aun cuando eventualmente la cumpla en su casa, es casi inevitable a estas alturas de los varios procesos en su contra. El gobierno de Mauricio Macri prometió no interceder ante los jueces, pero lo cierto es que la novedad no le gusta. Preferiría verla a Cristina participando del combate político y electoral para confrontar con ella.
Tres jueces investigan a la ex presidenta. Julián Ercolini tiene en sus manos una causa por asociación ilícita y desde abril conduce, también, la de presunto lavado de dinero por parte de los Kirchner en la empresa Hotesur.
Ercolini fue el magistrado que ordenó hace pocos días abrir las cajas de seguridad de Florencia Kirchner. Se encontró con una fortuna. Claudio Bonadio ya procesó a la ex presidenta por la venta de dólares a futuro y ahora la investiga por presunto lavado de dinero en la empresa Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner. El tercero es Sebastián Casanello, quien todavía no llegó a ella, pero es el juez que ordenó la prisión de Lázaro Báez por lavado de dinero. El caso Báez terminará irremediablemente en Néstor y Cristina Kirchner, aunque el ex presidente ya no puede ser imputado. Los delitos penales mueren con sus autores, aunque la Justicia podría investigar el origen de la fortuna familiar y sacársela de las manos.
La Sala II de la Cámara Federal, la única prestigiosa del fuero federal, debe decidir todavía si acepta -o no- la recusación que Lázaro y Leandro Báez plantearon sobre el juez Casanello. El hijo, primero, y el padre, después, denunciaron ante la Cámara que Casanello se reunió con Cristina Kirchner en Olivos, cuando ésta era presidenta, para acordar su impunidad. Lázaro Báez aseguró que él mismo se cruzó con el juez en la casona presidencial. Tanto el juez como la ex presidenta desmintieron categóricamente esa versión. Se afirmó, incluso, que se habían detectado llamadas telefónicas de Casanello y Báez desde una celda de celulares ubicada en Olivos. Pero la versión se desmoronó cuando se supo que en Olivos viven la madre, la ex esposa y los hijos de Casanello.
Una investigación de la Policía Federal, ordenada por la Cámara Federal, concluyó que no había registro de que Casanello hubiera estado en la residencia presidencial. No figura en la lista de visitantes de Cristina en sus tiempos de gloria y ni ordenanzas ni personal de seguridad recordaron haberlo visto por allí. Los videos con los registros de las cámaras que graban los ingresos a la casa de los presidentes se guardan sólo 40 días. Ya no existen. La Cámara debe obtener una última prueba antes de decidir. Lázaro Báez contó ante ese tribunal que el día que lo vio a Casanello en Olivos llegó a la residencia junto con el entonces secretario privado de Cristina, Daniel Álvarez. Dijo que Álvarez lo fue a buscar en un auto, lo recogió en una estación de servicio y los dos entraron a Olivos por el ingreso de la Avenida del Libertador, por donde acceden sólo los jefes de Estado. Báez aseguró que tanto él como Álvarez se cruzaron con Casanello en la antesala de la oficina presidencial.
La Cámara citará a Álvarez y le preguntará si es cierta esa aseveración de Báez. Si Álvarez niega lo que asegura Báez, lo más probable es que el tribunal rechace la recusación del empresario kirchnerista.
Si, en cambio, Álvarez confirma el relato de Báez, la Cámara deberá darle vista al juez para que haga su descargo. Casanello está tranquilo. Cerca de él cuentan que el juez suele repetir una frase: "¡Y qué esperan que diga Báez del juez que lo tiene preso!". A todo esto, nunca se aclaró cómo se llegó a ubicar aquellas llamadas telefónicas del juez y Báez en Olivos. Nadie en la Justicia las ordenó. Es claramente un caso de escucha telefónica ilegal, perpetrada tanto contra el juez como contra Báez.
El caso del juez Casanello es el más importante porque podría terminar en la investigación de los métodos que se usaron para hacer obra pública durante el gobierno kirchnerista. Pero es, también, el que más tiempo requiere para llegar a la ex presidenta. Una cadena de mandos que incluye a Julio De Vido y al patético José López, ex ministro de Planificación y ex secretario de Obras Públicas, respectivamente, se interpone entre Báez y Cristina. No obstante, ya está probado en la Justicia el vínculo societario entre Báez y Cristina. No sólo tenían cosas juntos; también fue Báez el que alquiló los hoteles de Hotesur y los edificios de Los Sauces, ambas empresas de la familia Kirchner. Otro empresario kirchnerista, Cristóbal López, acompañó a Báez en el alquiler de los edificios de Los Sauces.
Las causas que llegan de manera más directa a Cristina son las que investigan el lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces.
Ningún funcionario interrumpe la relación directa de la ex presidenta con Báez y con Cristóbal López. Son empresas familiares que se alquilaron sin intermediación a Báez y López y que éstos no usaron nunca. Son casos muy claros de lavado de dinero, que siguieron un método tan viejo como obsoleto en el mundo. Desde hace décadas no se lava dinero en hoteles vacíos.
Para peor, el juez Bonadio investiga el caso de Los Sauces y suele ser expeditivo en la investigación de las causas que le tocan. La denuncia por la venta de dólar futuro fue presentada en noviembre pasado por la oposición. En marzo, el juez citó a Cristina a declaración indagatoria para mediados de abril y un mes después le dictó el primer procesamiento de su historia. En junio pasado, el juez ordenó vastos allanamientos en Santa Cruz por la investigación de Los Sauces. Hurgó en todas las propiedades de la familia Kirchner, salvo en la casa donde habita la ex presidenta en la capital de la provincia, y donde estaba en ese momento. Hace pocos días, Bonadio inhibió a Cristina del uso de sus bienes y cuentas bancarias. Hoy la ex presidenta no puede usar ni siquiera su tarjeta de crédito.
El juez Ercolini embargó los casi seis millones de dólares que encontró en cajas de seguridad y cuentas bancarias de Florencia Kirchner. Los fundamentos del magistrado fueron especialmente duros y directos: Florencia Kirchner participó, dijo, "en el entramado societario que se habría utilizado para canalizar fondos de procedencia ilícita". El magistrado, que coincidió con el fiscal Gerardo Pollicita, interpretó que esos dólares estaban siendo premeditadamente ocultados a la investigación judicial. Lo que ningún juez ni fiscal pudo establecer todavía es dónde Florencia Kirchner cambió pesos por dólares. Una parte de los dólares encontrados estaban termosellados con fajas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sea como sea, el juez ya concluyó que hay en poder de la familia Kirchner dinero de "procedencia ilícita".
Con esos antecedentes, el kirchnerismo se adelantó y denunció que Cristina podría terminar presa como perseguida política. Es difícil creer en la persecución cuando los dólares deshonestos aparecen termosellados y se ven en fotografías de robo explícito. La diputada hiperkirchnerista Diana Conti y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi (también un creyente ciego del kirchnerismo), declararon que la prisión de la ex presidenta es posible. Luis D'Elía ya advirtió al menos tres veces en los últimos tiempos que Cristina terminará entre rejas.
La contradicción que surge cuando se escuchan esas declaración y, al mismo tiempo, se escucha a los dirigentes del oficialismo, es que el Gobierno la prefiere a Cristina en cualquier lugar, menos en la cárcel. La probable prisión de Cristina sería un escándalo de diez días; luego el fuego del asombro se iría apagando, aunque ella quedaría definitivamente fuera de carrera. Por el contrario, el macrismo hasta imaginó con entusiasmo que Cristina podría ser candidata a senadora por Buenos Aires el año próximo. La provincia de Buenos Aires es el único lugar del país donde la ex presidenta puede ser candidata a algo. La presencia de ella en la oferta electoral provocaría un revuelo sin remedio en el peronismo, deduce el oficialismo actual.
Para las elecciones legislativas del año próximo falta todavía un año y medio. Demasiado tiempo para investigaciones judiciales que avanzan a ritmo de vértigo y que se acercan rápida y peligrosamente a quien fue la presidenta con más poder desde la restauración democrática.
