Por Carlos Pagni/La Nación.- Ibar Pérez Corradi podría correr, con su caída, el telón que todavía oculta otra zona tenebrosa de la vida pública durante los 12 últimos años: la relación entre kirchnerismo y narcotráfico.
Pérez Corradi es el eslabón perdido de una secuencia mafiosa. Se lo acusa de haber sido el cerebro del asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. A Martín Lanatta, Cristian Lanatta y Víctor Schillaci se los condenó como autores de esas muertes, ocurridas en 2008. La recta terminaría en Aníbal Fernández. Estos delitos integran otra diagonal: Forza fue, en 2007, uno de los aportantes al proselitismo de Cristina Kirchner.
Pérez Corradi podría esclarecer si la ex presidenta fue financiada por la droga. Hay una corrupción de segundo grado: la impunidad que suministra el Poder Judicial. Pérez Corradi está en el centro de una trama de complicidades que involucran a abogados, espías, jueces federales y magistrados bonaerenses. Es un espectáculo perturbador. Obliga a advertir la creciente exposición de la Argentina al tráfico de drogas.
Sobre Pérez Corradi pesa el cargo de haber mandado a matar a Forza, Ferrón y Bina. Ellos le vendían la efedrina que él, a su vez, exportaba al cartel de Sinaloa. El conflicto llegó cuando le suministraron un cargamento adulterado para sacarlo del negocio. La última vez que los tres empresarios fueron vistos con vida fue en el Walmart de Sarandí, donde iban a reunirse con Julio César Posse. Es un ex agente de la Side que podría haberlos entregado.
La imagen de estos hechos se modificó durante la campaña electoral. Los Lanatta y Schillaci denunciaron que el cerebro de toda la operación había sido Aníbal Fernández. Que Pérez Corradi le respondía. Y que el jefe de Gabinete y, en ese entonces, candidato a gobernador era quien en el expediente judicial aparecía como "la Morsa": el funcionario que, desde la Casa Rosada, protegía a la banda.
Elisa Carrió denunció en febrero que el autor intelectual de los asesinatos no fue Pérez Corradi, sino Fernández.
Cuando le comunicaron que los tres empresarios estaban muertos, Néstor Kirchner comentó: "Aníbal está en problemas". Dos ex senadores del PJ escucharon esa confesión. Se encontraban en las oficinas que proveía Cristóbal López en Puerto Madero.
En los Estados Unidos van más allá. Durante los extenuantes interrogatorios a Alejandro Burzaco en agosto del año pasado por los delitos de la FIFA, los funcionarios del FBI pidieron una y otra vez algún dato sobre "el narcotraficante que tienen ustedes como jefe de Gabinete". Era Fernández.
La Casa Rosada ya había sido ligada al narco. María Servini de Cubría procesó a los hermanos Máximo y Miguel Zacarías por comerciar con efedrina. Los Zacarías integran, desde Santa Cruz, la corte de los Kirchner.
En febrero pasado, el fiscal bonaerense que investigaba el triple crimen, Juan Ignacio Bidone, al cabo de ocho años, descubrió que se trataba de una organización ligada al narcotráfico. Por lo tanto, remitió la causa al juzgado federal de Servini. La jueza tomó una declaración testimonial al condenado Martín Lanatta que está plagada de imputaciones al ex jefe de Gabinete. Ofrece, entre otras precisiones, el momento en que concurrió al cuartel de la Policía Federal a entregarle dinero por un negocio ligado a Pérez Corradi y la efedrina.
Al mismo tiempo, Servini recibió una denuncia de Carrió contra la procuradora provincial María del Carmen Falbo por obstruir la investigación del triple crimen. Falbo fue la abogada defensora de Aníbal Fernández cuando, en octubre de 1994, tuvo que permanecer 48 horas prófugo en una causa por la que después fue sobreseído. Carrió sostiene que Falbo lidera una red judicial bonaerense que protege el tráfico de drogas.
A esa liga pertenecería también el fiscal general de San Isidro, Julio Novo. Falbo y Novo son investigados por encubrimiento por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Carrió declaró la semana pasada que esta jueza no avanza por la presión de Sergio Massa y los intendentes de Cambiemos Gustavo Posse y Jorge Macri, primo de Mauricio Macri.
Novo está en el centro de todas las miradas. En el tribunal federal de San Isidro se solía explicar hasta hace poco que "Pérez Corradi puede pasear por zona norte gracias a la protección de la justicia provincial". Novo ha sido señalado como el padrino de Mariana Busse, designada por Falbo funcionaria en San Fernando. Busse es la pareja de Carlos Broitman. Y Broitman es el defensor de Pérez Corradi.
Broitman cumplió ayer un papel curioso. Más que el protector de su cliente, parecía el vocero de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Insistió en que Pérez Corradi fue atrapado gracias a la acción de la ex Side, asociada a la Policía Militar de Brasil. Un pormenor inesperado, ya que el ministro del Interior de Paraguay, Francisco de Vargas, comunicó a primera hora que el prófugo había sido descubierto por la fuerza brasileña, que lo envió a Asunción. Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que se enteró porque la llamó Vargas. No Gustavo Arribas, el titular de la AFI. Para desmerecer más a esa organización, ayer Alejandro Kalbermatten, abogado de la familia de Bina, reclamó la recompensa prometida para quien aportara datos sobre Pérez Corradi. Casi igual al 911 que permitió encontrar a José López revoleando dólares.
Broitman, el abogado de Pérez Corradi, había prometido en enero a los agentes de la AFI que su cliente se entregaría.
El responsable de encontrar al prófugo era el poderoso Ricardo Sidras, jefe de narcotráfico de esa agencia. Es la segunda vez que el destino cruza a Broitman y a Sidras: ya había ocurrido en la investigación del imperdonable asesinato de Matías Bragagnolo, en 2006.
Ayer, Broitman adelantó: "Mi cliente puede involucrar y desinvolucrar gente". Casi fue un ofrecimiento. El defensor de Pérez Corradi conoce la plasticidad de la Justicia. Es socio del ex comisario Juan José Ribelli, a quien la ex Side involucró y desinvolucró en la causa AMIA. Corradi y Ribelli son los preferidos de los narcos. Patrocinaron a Gustavo Juliá en el caso del transporte de cocaína a Barcelona. Y a Jesús López Londoño, "Mi Sangre". Broitman está imputado por extorsionar al traficante colombiano Antonio Yepes Gaviria en 2012. Y Ribelli fue acusado por vinculaciones con los Lanatta.
La captura de Pérez Corradi devuelve al primer plano el asesinato de Forza, Ferrón y Bina, pero también el financiamiento de la campaña de la señora de Kirchner. Forza estuvo entre los aportantes, igual que Néstor Lorenzo, señalado como el líder de la "mafia de los medicamentos". Así se llamó a las droguerías que traficaban efedrina, mal controladas por Héctor Cappaccioli, superintendente de Salud y recaudador de la ex presidenta. Cappaccioli respondía al entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández. A raíz de este delito se abrió un expediente en 2008, en el juzgado de Ariel Lijo. El juez tardó ocho años en llamar a indagatoria a los funcionarios. Lo hizo en marzo.
Otro cruce del destino: la abogada del empresario Lorenzo es Claudia Balbín, patrocinante de Leandro Báez, el hijo de Lázaro Báez, en contra del juez Sebastián Casanello. En tribunales conocen a Balbín como amiga del fiscal Eduardo Miragaya, que trabaja a las órdenes de Silvia Majdalani, la segunda de la AFI. No es la última casualidad. El empresario Báez tuvo contratada a Elizabeth Gasaro, la abogada de Martín Lanatta. Pero la despidió cuando se conoció una grabación en la que él habría dicho que Casanello era corrupto.
La detención de Pérez Corradi está destinada a sumar detalles escabrosos a la crónica policial de un kirchnerismo colapsado. La irrupción de José López revoleando nueve millones de dólares en un convento fue un golpe de knock out. La explicación que dio Cristina Kirchner empeoró todo: "Hay que preguntar quién le dio el dinero". ¿Cómo se explica esa reacción ante la crisis? ¿Es la disociación llevada a extremos patológicos? ¿O fue un mensaje encriptado, mafioso, a quienes sobornaron a López? Ahora, cuando vuelven a escena los traficantes de efedrina que financiaron la campaña de 2007, habrá que preguntar quién le dio la plata a ella.
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