Por Perfil.-
Lo ordenó el juez Ariel Lijo quien dispuso los procedimientos con el fin de combatir contra poderosas bandas dedicadas al narcotráfico.
El juez federal Ariel Lijo dispuso este jueves más de 40 allanamientos en las villas 31 y 31 bis, del barrio porteño de Retiro, en el marco de una investigación por narcotráfico.
Las actuaciones, a cargo de efectivos de la Policía Federal, se llevaban a cabo debido a que el magistrado "acreditó el funcionamiento de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y detalló la forma en la que operan en el interior de los asentamientos, con un grado de organización tal que tornan sumamente complejas las investigaciones judiciales".
Vecinos y testigos de la Villa 31 contaron a la prensa que se escucharon disparos desde algunas viviendas hacia los efectivos policiales.
El magistrado, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, dio intervención a organismos estatales para preservar la seguridad de los residentes ajenos a la actividad ilícita y concluir la ocupación ilegal de la zona por organizaciones criminales.
En la investigación, se determinó la existencia de lugares en el interior de la villa de imposible acceso para el personal policial que desarrolla la investigación, al punto tal que diseñan y colocan puertas o rejas directamente en los ingresos y egresos de determinados pasillos sin permitir el acceso a personas ajenas a las estructuras criminales que llevan a cabo la actividad ilícita.
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Asimismo, se comprobó, según consignó el CIJ, que las personas investigadas cuentan no sólo con la coordinación propia del negocio, sino que además conllevan a los habitantes del barrio -incluyendo menores de edad- a que sirvan a sus propios intereses, ya sea comercializando estupefacientes, ocultándolos junto a las armas, o incluso despojándolos de sus propias viviendas, generando un nivel de violencia extremo dentro del asentamiento.
Lijo explicó que "estas estructuras criminales organizadas cuentan con procedimientos preestablecidos que tiene como fin evitar la intrusión de la Policía dentro de los asentamientos, y así dificultar las investigaciones judiciales".
