CRISTINA LO HIZO

Foto: LA NACION

     Por Néstor O. Scibona/La Nación.- La huelga que este martes promete paralizar el transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo, reducir la actividad bancaria y alterar la rutina de muchos argentinos en otra semana laboral extra corta, tiene dos características que se repiten en la Argentina, pero serían inusuales en un país relativamente "normal".
Una, que fue dispuesta por gremios cuyos sueldos se ubican mayormente en la cima de la pirámide salarial porque eran firmes aliados políticos del oficialismo, hasta que hace algo más de tres años fueron confinados a la vereda de enfrente.

Otra, que la presión sindical no es estrictamente por salarios, sino para que el gobierno de Cristina Kirchner suba el mínimo no imponible (MNI) y las escalas del impuesto a las ganancias antes de que se sienten a negociar las próximas paritarias. El objetivo es obvio: evitar que la AFIP se quede con buena parte de los aumentos, como ya había ocurrido el año pasado. La negativa oficial a atender ahora este reclamo descolocó a la CGT oficialista que, al menos, esperaba una señal más concreta que la voluntarista expresión de deseos de Aníbal Fernández. De ahí que su titular, Antonio Caló, dejara en libertad de acción a los afiliados de la UOM para adherir al paro (al igual que Luz y Fuerza y el sindicato de la Alimentación), semanas después de apoyar la candidatura presidencial de Daniel Scioli como otra manera de marcar distancias con la Casa Rosada. 

 El desenlace de esta pulseada mantiene en alerta a dirigentes de muchas cámaras empresarias que, en privado, concuerdan con el planteo del sindicalismo, aunque por otras razones: temen enfrentar en las paritarias de 2015 pedidos de aumentos muy superiores a la pauta oficiosa de 30/32% (como ya ocurre con algunos gremios), para que compensen el impacto de Ganancias sobre los sueldos de bolsillo. Por propia experiencia saben lo que significa pagar cada vez más impuestos sobre utilidades ficticias debido a la prohibición de ajustar balances por inflación. Con números, un detallado estudio del Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz, corrobora aquellas preocupaciones. Para lograr una mejora salarial efectiva de 30% con respecto a 2014, los trabajadores con familia tipo alcanzados por Ganancias deberían obtener este año un aumento nominal de hasta 46% (según el monto que cobraban en 2013), si no se modificaran los parámetros del impuesto. 

 Axel Kicillof, en cambio, prefirió refugiarse en la teoría cuando, al descartar cambios inminentes, sostuvo que se trata de un impuesto progresivo, como si la Argentina fuera el reino de la estabilidad. También aquí el ministro evidenció la interesada amnesia parcial que, en otro orden, le impide recordar el número de pobres para evitar su "estigmatización", la palabra de moda en el oficialismo cuando elude hablar de los problemas. En el caso de Ganancias, omitió reconocer que la mayor presión tributaria sobre los trabajadores en blanco obedece a que hasta 2013 los salarios en paritarias le empataron o le ganaron a la inflación; pero lo contrario ocurrió con el mínimo no imponible, que fue groseramente desindexado mientras las escalas siguen sin ajustarse desde el año 2000. De otra manera, no se explicaría que la recaudación sobre personas físicas se haya duplicado (de 1,23% en 2008 a 2,60% en 2014) en términos de PBI, según datos de la Secretaría de Hacienda. 

 Otro olvido del ministro es que el último ajuste del MNI dispuesto en agosto de 2013 -poco antes de las elecciones legislativas- introdujo una enorme inequidad tributaria, ya que se mantiene hasta hoy la deducción especial aplicada para dejar fuera del alcance de Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia que entonces percibían sueldos brutos de hasta $ 15.000 mensuales, aunque luego hayan recibido aumentos de 30%. En cambio, con incrementos similares en el sueldo bruto, quienes en 2013 cobraban entre $ 17.500 y $ 30.000 necesitarían en 2015 mejoras nominales de 46% y 37%, respectivamente, para mantener su poder adquisitivo en términos reales y no verse afectados por el impuesto. Por encima de los $ 50.000, el ajuste salarial necesario se reduce a 32%. Según el Iaraf, esta situación afecta a casi 2 millones de trabajadores con familia tipo: 1,1 millón de empleados en relación de dependencia y 800.000 independientes no monotributistas, sin contar el 0,7% de los jubilados con haberes altos, que también deben tributar Ganancias. 

 Por otro lado, los trabajadores que más ganan, cobran menos asignaciones familiares: la asignación por hijo, que asciende a $ 644 mensuales para los grupos familiares que perciben un ingreso de hasta $ 5800, se reduce a $ 132 para los que superan los $ 9800, con lo cual este refuerzo perdió relevancia en muchos gremios. Aún así, nadie descarta que antes de las elecciones Cristina Kirchner anuncie cambios en Ganancias. No sólo porque es la única que puede disponer una suba del MNI, desde que en 2011 la mayoría oficialista en el Congreso le delegó la facultad de bajar impuestos, que nunca puso en práctica. La razón será poner más plata en los bolsillos de los votantes cuando se aproximen las PASO, para tratar de contrarrestar las promesas electorales más generosas -pero por ahora difusas- de Mauricio Macri y Sergio Massa. En lo inmediato, resulta impensable que ceda ante la presión de los gremios opositores, aún a costa de descolocar a los alineados con el oficialismo. Las paritarias clave del sector privado deben cerrarse entre abril y mayo y todavía restarán cinco meses para las elecciones. Dentro de ese lapso, el gobierno de CFK buscará el momento de transformar los cambios en Ganancias en un rédito para el oficialismo. 

 Por ahora, en cambio, optó por la vía indirecta de subsidiar el consumo (ahora de heladeras y lavarropas) en 12 cuotas sin interés, ofrecer descuentos en pequeños comercios con la tarjeta SUBE y advertir, después de 12 años, que resulta más razonable compensar directamente a los usuarios el costo del gas licuado en garrafas (mucho más caro que el gas natural por redes) que subsidiar la oferta, aunque no se haya privado imponer precios máximos. Esta estrategia significa todo un problema para la UOM, que a mediados del mes próximo buscará acordar un aumento salarial de 32% fraccionado en dos tramos (abril y julio), más dos bonos extras (en octubre y febrero de 2016), aunque muchos de sus afiliados queden alcanzados por el impuesto. De todas maneras, nada de esto es comparable con otros datos duros de la realidad socioeconómica al cabo de la era K. Según el propio Indec, el empleo en negro no baja del 34% y la mitad de los trabajadores argentinos -formales e informales- cobra un sueldo promedio de $ 5500 mensuales. Esta cifra los coloca en el borde de la línea de pobreza que sigue midiendo FIEL (con un costo de $ 5857 en febrero para la canasta básica total de una familia tipo), pero el Indec dejó de publicar hace 14 meses con la inverosímil excusa de "cambios metodológicos" en el índice de precios. La misma que invocó Kicillof para ocultar que la pobreza alcanza a no menos de 25% de la población.