Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
Ayer la opinión pública se despertó con otra carta de la presidente donde cambió de opinión y ahora está convencida de que a Alberto Nisman lo asesinaron. Sin embargo, mantiene la misma teoría conspirativa de su primera carta en Facebook y responsabiliza a Diego Lagomarsino, Jaime Stiusso, Clarín y La Nación, que supuestamente lo necesitaban al fiscal vivo para denunciar y muerto para implicar al gobierno. También siguió descalificando a Nisman, diciendo que su denuncia contenía pruebas falsas y que carece de valor jurídico. Un rato después, Sergio Berni, que había metido la pata, cambió y dijo que fue un asesinato y que había que investigar a Lagomarsino, el experto en informática contratado por Nisman y al cual éste le pidió la pistola 22. Uno de los motivos para esta decisión habría sido un aviso de Stiusso en el sentido de que debía desconfiar de su custodia policial. Después del asesinato, aparece en escena la fiscal Viviana Fein, que tiene un pedido de jury ante el Consejo de la Magistratura que, por ahora, la Procuradora Gils Carbó no impulsa. Pero sí lo habría usado para coaccionar a Fein para que dijera primero que era un suicidio o suicidio inducido y que la autopsia así lo confirmaba. Asimismo, que no habían intervenido terceros. Pero el cerrajero del edificio tiró abajo esas afirmaciones.
Entonces Gils Carbó le dijo a Fein que allanara el domicilio de Laureano Pérez Izquierdo, periodista de Infobae, creyendo que trabajaba en Radio Mitre. Esto hasta que ayer a la mañana el periodista se presentó solo y declaró que allanaron el departamento vecino al suyo y que se llevaron pertenencias de su vecino, en un verdadero papelón.
La búsqueda del chivo expiatorio
Siguiendo con las inconsistencias, surgió de inmediato una versión periodística originada en la Procuración General en el sentido de que imputarían a Lagomarsino, el experto en informática contratado por Nisman por 40.000 pesos al mes. La Procuración, en realidad, estaba interesada en averiguar si Lagomarsino se había excedido de su categoría de monotributista, ya que sus ingresos superaban los 400.000 pesos anuales. Fein le pidió entonces a la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini que lo impute por evasión tributaria. Pero la magistrada no se deja presionar por Gils Carbó, ya que contaría con el apoyo del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Palmaghini le apuntaría más al gobierno nacional que al experto informático amigo de Nisman, que se presentó espontáneamente a decir que aquél le pidió su pistola y que se fue por el ascensor principal de su edificio el sábado a la noche con dos mujeres que venían de un piso más alto. Por lo tanto, se trataría de un esencial para la causa y no de un imputado. Fuentes de inteligencia sostienen que en altas esferas del gobierno se sigue pensando en imputar a Lagomarsino para tirale el muerto y que tal vez luego, ya en la cárcel, sufra un “accidente” y de este modo cerrar el caso con el supuesto asesino muerto.
Pero sobran elementos para concluir que la opinión pública no lo creería y por eso la jueza no compraría esta teoría. Y más teniendo en cuenta que Jorge Lanata difundió una escucha en donde Yusuf Khalil le dice a Luis D’Elía que se guarde por diez días y éste contesta que Carlos Parrilli, el nuevo Secretario de Inteligencia, le dijo lo mismo. En la escucha, Khalil lo cita a almorzar a D’Elía en Bompland 1828, donde antes había una verdulería que vendía también empanadas árabes y que cerró a fin de año porque se supone que sus dueños se dieron cuenta de que Nisman los investigaba. Para mañana, Lanata anunció más escuchas que confirmarán que el fiscal asesinado estaba en la senda correcta imputando a la presidente, al canciller Héctor Timerman, a Andrés Larroque y sus cómplices. Ahora todas las miradas apuntan a la Casa Rosada por su eventual responsabilidad en el asesinato.
