Por Jorge Fernández Díaz/La Nación.-
Tomemos un poco de distancia. Imaginemos que un presidente constitucional de una república moderna utiliza, sin rodeos ni citas grandilocuentes, la cadena nacional para enviar un mensaje escueto: "Son días muy tristes para mí, que me he dedicado con alma y vida a la política, y espero siempre lo mejor de ella. Es por eso, y por la responsabilidad frente a la historia, que he decidido poner a disposición del juez interviniente los fondos y toda la logística de la administración pública para que investigue hasta las últimas consecuencias y dilucide por completo las sospechas en torno a lavado dinero, enriquecimiento ilícito y cualquier otro delito que pueda rozar mi investidura. También les he dado orden a mis contadores para que faciliten de inmediato todos los elementos y papeles que se requieran. No estoy más allá de la ley, y aunque resulte doloroso, es preciso llegar hasta el hueso y despejar todas las dudas. Caiga quien caiga. Porque la honra presidencial es importante para la salud del país y porque un corrupto es un traidor a la patria".
¿Qué habría sucedido si Cristina Kirchner hubiera emitido un texto de este tenor? En principio, la sociedad hubiera pensado que su máxima representante era esplendorosamente democrática, y tal vez incluso inocente. Y la militancia, que ocupa cargos por acomodo en el Estado y que no suele tener a la ética como una bandera sublime, hubiera recibido la orden tácita del decoro y la transparencia. ¿Qué sucedió en la Argentina? El Gobierno atacó con ferocidad al juez de la causa, lo sancionó con trucos leguleyos y lo castigó bajándole el salario, acusó penalmente a la diputada nacional que hizo la denuncia e inició un operativo para blindar con fueros a la primera mandataria. ¿Qué piensa instintivamente la opinión pública acerca de un raid semejante? La conclusión puede ser injusta, pero no carece de sentido común: sólo un culpable se maneja de esta manera.
Es tan esperpéntica la maniobra, tiene tal sesgo autoritario y destituyente (hay que destituir como sea al que nos cuenta las costillas), que hoy defender a Bonadio es defender el principio básico de que un juez de la Nación pueda investigar también a la Presidenta y a sus empresas amigas.
Y por lo contrario, atacar a Bonadio implica hoy torpedear dos ideas virtuosas: nadie tiene coronita por más monarca que se crea, y el poder no es intocable. Montarse en una jugada mediática para destrozar a quien intenta dilucidar la verdad oculta implica por lo tanto actuar en connivencia con una cierta noción de encubrimiento. El cristinismo prepara, con tal propósito y dicho sea de paso: con plata de los contribuyentes, un acto para el sábado 13. El PJ también evalúa un gesto ampuloso de apoyo. ¿Qué apoyan exactamente unos y otros? ¿Que su líder pueda gozar de inmunidad absoluta y que quien trate mínimamente de investigarla sea triturado? Y esta efusión vergonzosa, esta verdadera confesión de parte, ¿la formularán de cara al pueblo argentino? ¿No será mucho, compañeros? Discépolo creó una figura que conjuga mala leche con desvergüenza. La llamó "maldad insolente". ¿No se detecta esa misma clase de insolencia en el hecho de revisar el modesto patrimonio de Stolbizer mientras la familia presidencial es multimillonaria, los principales dirigentes peronistas forman una oligarquía y Puerto Madero está plagado de referentes nacionales y populares? En el momento en que presionaban a Margarita, y hablaban de "un sobrino procesado por tráfico de drogas" (sic), se negaban a tratar la ley de ética pública en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires: ese proyecto obligaría a los funcionarios a presentar su declaración de bienes. Maldad insolente, Discepolín. Pura y dura.
Es que el kirchnerismo, como buen proyecto feudal, no estaba programado para soportar los rigores de una república.
Fue diseñado para la eternidad, y para que los poderes judiciales resultaran cómplices del mandamás perpetuo y facilitaran cíclicamente que los expedientes comprometidos cayeran o se cerraran para siempre. Ese modelo se nacionalizó, pero el vestido les quedó chico: al perder la hegemonía por el castigo electoral y no lograr una herencia plena y completamente fiable, las causas no fenecen, y a veces incluso se activan. Ese feudalismo progre tiene por fundamento "correr los límites de la política", concepto épico que en la práctica consiste en arrasar con leyes, reglas y procedimientos de la "democracia burguesa". La combinación de eternidad con transgresión es aldeana y medieval, pero quizá sustentable. La combinación de tenue alternancia con transgresión es, en cambio, una bomba neutrónica. Todos los grotescos intentos de la retirada kirchnerista deben ser leídos como la desactivación desesperada de esa explosión en cámara lenta, que no vieron venir porque carecían de experiencia a gran escala y porque realmente se creyeron la perpetuación. Recordemos que sus dirigentes actuaron en la burocracia bajo la premisa de que sin dinero no se puede hacer política, frase inductora de una relativización moral acerca de la impureza de los procedimientos y el uso indebido de las influencias y la caja.
Una de las peores herencias que dejará el kirchnerismo se centrará en una cultura a la que el pensador Alejandro Katz bautizó como "la arrogancia de la ilegalidad". Se trata de una nueva afección social que ha calado hondo: "La creciente indecencia de una parte de la sociedad que no sólo actúa contra las normas, sino que declara su decisión de hacerlo, exhibe los beneficios obtenidos por haberlo hecho o su indiferencia respecto de la obligación de cumplir con ellas. Es claramente el caso de los funcionarios que muestran riquezas cuyo origen no pueden explicar, de intermediarios menores que actúan entre la política y los negocios y exhiben propiedades extraordinarias, de socios del poder enriquecidos súbitamente".
Algunos honestos simpatizantes del kirchnerismo tragan saliva frente a este desolador panorama, y confiesan en privado que lo perdonan sólo por la decisión histórica de darle un rol activo al Estado. Sin embargo, por cruel paradoja justamente en la performance estatal el oficialismo ha demostrado una enorme incompetencia. Recojamos al azar algunos frutos del árbol de esta misma semana. Quedó en evidencia, por ejemplo, una grave subejecución del Presupuesto: el dinero para programas sociales está seriamente atrasado y, en contraposición, ya gastaron mucho más de lo que tenían asignado para Aerolíneas, la publicidad oficial y Fútbol para Todos. Se supo también que apenas tres de cada diez chicos que ingresan en la escuela primaria egresan del secundario, y que la educación pública pierde por escándalo con la privada. Un informe de la AGN prueba que el control de las aduanas y las fronteras presenta un "cuadro calamitoso". Y la ex ministra de Seguridad Nilda Garré aseguró que "la Policía Federal está de adorno. Ha vuelto a tener el control del territorio y está comprometida en el tráfico menor de estupefacientes". El Gobierno dejará un déficit equivalente al 5% del PBI y un sistema de salud destartalado. Produce inflación y pobreza, teme rebeliones de los marginados y se asustó tanto con el paro de Ganancias que retrocedió en pantuflas. Todas estas negligencias y debilidades se registraron en apenas cinco días, mientras todos los esfuerzos del partido de poder y de sus enfáticos funcionarios seguían concentrados en una única obsesión: desarmar la bomba neutrónica y salvar la ropa.
