Por Jorge Raventos/El Informador.-
A partir del viernes 2 de enero de 2015 (falta menos de un mes) habrá perdido vigencia la cláusula RUFO, el gran obstáculo esgrimido por el gobierno para negociar con los acreedores que cuentan con la sentencia favorable de los tribunales de Nueva York. Hasta hace poco la mayoría de los analistas parecían convencidos de que esa negociación ineludiblemente se resolvería. Ahora son muchos los que dudan.
Scioli, Massa, Macri y la herencia
Miguel Bein, asesor de Daniel Scioli considera, por ejemplo, que, suponiendo que las conversaciones con los holdouts se inicien en enero es improbable que concluyan rápidamente: el gobierno medirá su capacidad de sobrevivir sin el financiamiento internacional que le permitiría el cierre de ese contencioso (el default/no default) y, si ve que puede resistir (con ayuda china, raspando la olla interna, sobrellevando una economía severamente achicada a la medida de los dólares disponibles),probablemente se sienta tentado de afrontar el período preelectoral atrincherado tras la retórica del patriotismo antibuitre y deje el problema para que lo resuelva el próximo presidente. Los últimos movimientos del ministerio de Economía (anuncio de pago anticipado del BODEN 2015 que encubre la búsqueda de nuevo endeudamiento) parecen confirmar ese rastreo de alternativas al arreglo con los holdouts. El gobierno por ahora no sabe lo que hará: mide fuerzas.
Daniel Scioli es el seguro candidato del oficialismo.
Si esa postulación se confirma no será porque el kirchnerismo lo haya deseado, sino porque habrá tenido que resignarse a la realidad. El gobernador triplica cómodamente al desafiante más cercano para las PASO del Frente para la Victoria. La asociación con el kirchnerismo tiene para Scioli aspectos positivos y negativos, pero como resulta inevitable, tendrá que cargar con unos y otros sin beneficio de inventario. Por ahora, ha conseguido diferenciarse menos en base a palabras que a modales, gestos, silencios o prudencia frente a ciertos temas emblemáticos y también gracias a la intolerancia del kirchnerismo duro que lo distingue con sus ataques.
Sin embargo, si el manejo que el gobierno hace del tema holdouts (y, en general, de su gestión) durante el tiempo que resta hasta el comicio resulta desastroso, es probable que esos matices de diferenciación no le resulten suficientes, termine comprometido por esas calamidades y con sus posibilidades electorales gravemente afectadas.
Scioli seguramente deberá asimilar la doble y contradictoria presión de quienes no lo quieren, pese a lo cual tendrán que llevarlo como candidato: pretenderán rodearlo y flanquearlo, armarle las listas y completarle la fórmula. ¿Debe absorber esas presiones? ¿No corre el riesgo, suponiendo que triunfara en la carrera a la presidencia, de terminar asfixiado por dormir con el enemigo?
En 1958, Arturo Frondizi se encontraba frente a dilemas parecidos. Gobernaban los militares de la “revolución libertadora” y el peronismo estaba proscripto: en esas condiciones los votos del electorado peronista zanjarían la elección presidencial en la que Frondizi enfrentaría a Ricardo Balbín. En la redacción dela revista frondizista Qué había intelectuales (entre ellos Arturo Jauretche) que sostenían que Frondizi no debía llegar a ningún pacto con Juan Perón, que eso era innecesario porque los votantes peronistas elegirían a Frondizi espontáneamente y un pacto tendría un costo muy alto. Rogelio Frigerio zanjó el debate: se inclinó por asegurar el voto peronista e impulsó el pacto con el jefe proscripto. Frondizi ganó. Después se necesitaron otros pactos, en primer lugar, uno con el presidente saliente, el general Aramburu para garantizar que se le entregara el poder.
Scioli hoy necesita un pacto con el kirchnerismo. Si consigue ganar, tendrá abierta la vía de los pactos de gobierno con otras fuerzas, con las que se enfrentará electoralmente pero con las que probablemente tiene más coincidencias que con sus obligados socios/enemigos del kirchnerismo más anacrónico.
Scioli o cualquiera de los otros postulantes con posibilidades (Massa, que sigue punteando, Mauricio Macri, que sigue creciendo, o alguna figura del hoy alicaído UNEN) se encontrarán con una herencia difícil de sobrellevar sin políticas de estado compartidas, apoyadas en una adecuada visión estratégica sobre las posibilidades de Argentina en el mundo de hoy. El final de una etapa ya está definido. Se trata de trabajar para las décadas que vienen.
Jueces, gremios y empresarios toman distancia
Un gobierno que hace apenas año y medio reclamaba dos décadas para cumplir sus planes se encuentra ahora desesperado porque ya empezó la cuenta regresiva de su despedida. Empiezan a ascender a la superficie, más que las quimeras del poder, las aflicciones de su extravío, los desasosiegos de un futuro a la intemperie.
La multa votada esta semana por la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura al juez federal Claudio Bonadío (30 por ciento de su sueldo) es un indicio patético tanto de afán vindicativo como de impotencia.
Para el núcleo duro del gobierno, la investigación que despliega el magistrado, en la que se rastrean los vínculos entre empresas de propiedad de la familia Kirchner y el principal contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz, constituye una amenaza imperdonable, un atrevimiento que debe ser castigado ejemplarmente. Luis D’Elía había pedido ni más ni menos que la cabeza de Bonadío (“exhibida en una pica”, detalló inclusive, para que no quedaran dudas sobre la intención aleccionadora). Pero la fuerza del gobierno ya no da para tanto: sólo alcanzó para descuartizarle el salario.
Para diluir el efecto de la pesquisa judicial sobre los hoteles de la Presidente, ni ella ni el titular de la AFIP se privaron de usar políticamente información confidencial del Estado, y así se lanzó una sonora denuncia sobre miles de cuentas de particulares y empresas argentinas en bancos suizos. Mucho ruido y pocas nueces: la información con que cuenta la AFIP tiene su origen en un robo de datos a una entidad financiera helvética y, jurídicamente, tiene la misma endeble validez que una grabación clandestina. Por otra parte, muchos de los titulares de cuentas aludidos han muerto (Bernardo Neustadt y Amalia Fortabat, por ejemplo), y un gran número de las cuentas mencionadas estaban perfectamente declaradas ante la autoridad impositiva argentina. Convencido de la fragilidad de la denuncia, el titular de AFIP hizo recusar al juez a cargo, Javier López Biscayart. La denuncia sólo será útil como excusa para que los legisladores oficialistas alimenten el espectáculo: prometen formar una comisión investigadora. Humo y más humo.
La confrontación con la Justicia es una en la que al gobierno no le está yendo bien. En junio el vicepresidente Amado Boudou se notificó de su primer procesamiento. Después llegarían otros (y antes de que termine el año su situación probablemente ofrecerá novedades). Entretanto, apenas ha comenzado diciembre y la mira judicial ya está apuntando más alto cuando estudia los movimientos de empresas de la familia presidencial. Al poder menguante le queda sólo un año.
Para colmo, la pulseada con la Justicia no se agota en los tribunales locales. Para desdicha de operadores oficialistas, ni al juez Griesa de Nueva York ni a su colega de Nevada que estudia más de un centenar de empresas atribuidas a la red argentina de capitalismo de amigos (y sospechadas de lavado de dinero) se los puede sancionar, ni siquiera rebanándoles el sueldo.
Así son los días de este último año de gestión kirchnerista: las guerras no cesan, pero las condiciones han variado y la pólvora está mojada.
El gobierno observa cómo los empresarios se animan, si no a la resistencia, al menos a la reticencia: la presidente lo comprobó en la Conferencia Industrial convocada por la UIA y, de inmediato, con la presentación ante la Justicia del G6 (las principales organizaciones empresariales)para cuestionar la constitucionalidad de la reciente reforma a la ley de abastecimiento. Lo hicieron contrariando la advertencia pública presidencial.
Agréguese otro dato: pese a los juramentos en contrario del jefe de gabinete y del ministro de Economía, la propia señora de Kirchner anunció que no se cobrará impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo de fin de año. Lo hizo forzada por la amenaza de un paro general. Un paso atrás frente a los gremios que alcanza para postergar un poco la huelga, pero no para acallar la inquietud sindical: hasta los dirigentes oficialistas alzan la voz para reclamar contra la inflación (el metalúrgico Caló evocó la caída de Raúl Alfonsín) y para pedir cambios de fondo en materia de impuestos al trabajo.
Los fueros y la búsqueda de lo imposible
En ese paisaje de confrontación y despedida y sobresaltos procesales, a alguien de Balcarce 50 se le ocurrió que convertir a la señora de Kirchner en candidata al parlamento del Mercosur podría, ofrecerle protagonismo electoral en 2015 y proporcionarle fueros en caso de necesidad. En rigor, ese parlamento tiene previsto su funcionamiento pleno recién para 2020 y por ahora sus miembros son elegidos indirectamente (por los congresos nacionales).
En cualquier caso, rápidamente aparecieron diputados dispuestos a promover leyes que ampliaran a ese cargo las inmunidades que la Constitución (artículos 68, 69 y 70) prevé para diputados y senadores. En verdad, el hecho de que esos fueros sean materia constitucional es una señal clara de que su alcance no puede ser ampliado o modificado por una mera ley del Congreso, ya que eso implicaría reformar la Constitución por ley, un procedimiento interdicto. Si eso hubiera sido admisible, sin duda el oficialismo hubiera utilizado su mayoría legislativa circunstancial para cambiar la cláusula que prohíbe una segunda reelección.
El locuaz y zigzagueante jefe de gabinete desmintió, en cualquier caso, la búsqueda de fueros. Como afirmó la zorra de la fábula: “Están verdes”.
El aislamiento del gobierno va eliminando herramientas y clausurando puertas. Así, hasta que se cierra la última.
