Por Diario HOY.-
Ante un sistema que sigue garantizando impunidad a quienes ostentan cargos de primera línea en el gobierno nacional, difícilmente los argentinos podamos ver a Amado Boudou tras las rejas. Tiene fueros y el delito por el cual puede ir a juicio oral resulta menor, en comparación con otras causas de corrupción en la que se encuentra procesado, especialmente el escándalo por la compra de la exCiccone a través de testaferros.
Ahora bien, nada ni nadie le quitará a este gobierno el penoso privilegio de tener entre sus filas al primer vicepresidente de la historia democrática de nuestro país que fue procesado en pleno ejercicio de sus funciones.
Boudou no es el único malo de la película. Si pudo comprar una fábrica con capacidad para imprimir papel moneda a gran escala, utilizando una sociedad trucha, fue porque tuvo el consentimiento de todos los organismos del Estado que avalaron esa operatoria, principalmente de la AFIP.
Es más, se sospecha que Boudou no hizo más que seguir las instrucciones de Néstor Kirchner, razón por la cual el kirchnerismo –especialmente la presidenta Cristina Fernández- lo sigue protegiendo a capa y espada.
Para que la ex Ciccone pudiera volver a ser contratada por el Estado un requisito indispensable era levantar la quiebra que la Justicia había decretado en función de la millonaria deuda que acumulaba por impuestos impagos. Y fue en este punto donde intervino el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que a través de su entonces jefe de gabinete, Rafael Resnick Brenner, le otorgó un escandaloso plan de pagos para cancelar en 12 años, con una ínfima tasa de interés, una deuda que ascendía a 240 millones de pesos. "Resulta razonable en función de las competencias de esa instancia, el otorgamiento del plan en las condiciones solicitadas por el contribuyente", sostuvo Resnick Brenner en su dictamen.
Tan escandalosa fue la operatoria, que el juez Ariel Lijo procesó al entonces jefe de Gabinete de la AFIP, que tras estallar el escándalo de la ex Ciccone fue designado como titular de la regional salteña del organismo recaudador, junto con Boudou. ¿Por qué la medida no llegó a Echegaray? Tal como lo viene informando Hoy, se habría operado políticamente para que el titular de la AFIP quede excluido del procesamiento. Se sospecha que habría sido el abogado Sergio Raúl Vargas el encargado de llevar adelante las negociaciones con actores del poder judicial.
Vargas es uno de los principales colaboradores del titular de la AFIP. Fue su compañero de promoción en el Liceo Naval Militar de Ensenada y está acusado de haber montado una estructura de protección legal a represores de la última dictadura, enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Por este motivo fue expulsado del Ministerio de Seguridad, cuando esa cartera estaba a cargo de Nilda Garré.
Eso no es todo: Vargas está asociado con la mano derecha del titular organismo recaudador -Guillermo Jorge Fabián Cabezas Fernández, subdirector general de Sistemas y Telecomunicaciones de la AFIP- en una empresa hotelera trucha llamada Aonikenk Apart SA, con domicilio falso en Neuquén. El rubro elegido no es casualidad: la construcción de hoteles, que están vacíos durante gran parte del año, es una de las principales hipótesis que se investiga en la Justicia Federal como mecanismo para lavar dinero sucio proveniente de la política, en una causa que involucra a la firma Hotesur, ligada directamente con Cristina y Máximo Kirchner.
Cabezas Fernández, según una investigación del diario La Nación, habría sido otro de los protagonistas que intervino en el escándalo por el plan de pagos concedido a la exCiccone. Habría tenido un rol decisivo para definir los detalles de la operatoria y luego Echegaray refrendó la actuación con un lacónico "visto bueno". En conclusión: el círculo de la corrupción cierra casi a la perfección.
Prohíben inhabilitar el CUIT
Según un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, la AFIP no podrá inhabilitar el número de CUIT de las empresas. En el fallo “FDM Managment SRL c/AFIP”, se declara la inconstitucionalidad de la Resolución 3.358, que determina la cancelación del número de inscripción de las sociedades comerciales que no hayan presentado declaraciones juradas durante un determinado lapso.
El Tribunal dispuso que “una medida de este tipo significa la desaparición de la identidad tributaria del contribuyente que le impide desarrollar su labor en el marco de la legalidad”.
Así se pudo demostrar que la decisión del fisco excedía a las acciones de verificación y control que puede desarrollar. Originalmente, esa resolución determinó que la AFIP podía cancelar el número de CUIT de las sociedades cuando al efectuar el control no se verifiquen altas en los impuestos y/o regímenes, también en los casos en que no se hubieran presentado declaraciones juradas, y cuando haya presentaciones sin declarar ventas, ingresos, o sin empleados en relación de dependencia.
Ya antes la Justicia se opuso a la inhabilitación del CUIT de una persona física, por ir en contra del derecho constitucional de trabajar, de ejercer el comercio y la industria dentro del país.
