Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
Los senadores del oficialismo dieron el miércoles pasado media sanción a la reforma del Código Procesal Penal, la cual fue anunciada por la presidente para terminar con la puerta giratoria en favor de los delincuentes que deben quedar detenidos y más en casos que causen conmoción pública. Parecía un giro del cristinismo en favor de una supuesta “mano dura” por presión de Daniel Scioli y Sergio Berni y que la presidente presentó como una vieja idea de Raúl Alfonsín y varios notables penalistas: contar con un sistema acusatorio en manos de los fiscales.
El caso es que finalmente las 42 modificaciones que hizo el oficialismo le quitaron al proyecto casi todo lo que podía interpretarse como “manodurismo” como, por ejemplo, expulsión de inmigrantes delincuentes. Sólo quedó un código ideal para consagrar la impunidad de los actos de corrupción de doce años de gobierno a través de la concentración de superfacultades en la Procuración General, que podría impedir las investigaciones sobre la corrupción kirchnerista. Un claro ejemplo de lo que viene es la actuación del titular de la PROCELAC, Carlos Gonella, que omitió acusar a Lázaro Báez, el socio de la presidente, y por lo cual ya fue citado a indagataria dos veces y, si no concurre, podría ser llevado por la fuerza pública por orden del juez Claudio Bonadío.
Profundizar la arbitrariedad
Por su parte, la Procuradora General Alejandra Gils Carbó transformó el Ministerio Público en una unidad básica del Frente para la Victoria, donde sus dos hijas manejan un portal de Internet con abundante publicidad oficial y que tiene por finalidad atacar a los jueces y fiscales que investigan la corrupción y se apresta a nombrar un “ejercito de Gonellas” para cajonear causas futuras, sin olvidar que el artículo 5° del proyecto pone límites a la cosa juzgada fraudulenta. Este código, en vez que modificar el proceso judicial para que los fiscales actúen con celeridad, como reclama la opinión pública, de la forma que está redactado, seguirá beneficiando a los delincuentes, que continuarán siendo excarcelados, aunque no reúnan las condiciones. Este intento de obstaculizar la investigación de la corrupción pública se hace en un momento en que los jueces federales empezaron a investigar a más de 200 funcionarios, desde la presidente hasta jerarquías intermedias. Claro está que las gruesas deficiencias jurídicas del proyecto harán que pueda ser fácilmente tachado de inconstitucional por cualquier juez o bien derogado por el próximo gobierno, como sucedió en el ‘83 con la ley de autoamnistía de los generales Reynaldo Bignone y Cristino Nicolaides.
