Por Carlos Tórtora/El Informador.-
El allanamiento dispuesto por el Juez Claudio Bonadío de la sede de Hotesur S.A., una firma propiedad de la familia presidencial en situación irregular ante la AFIP, terminó de convencer al entorno presidencial de que en Comodoro Py se está ejecutando un plan para demostrar que el fuero federal toma distancia velozmente del poder político y se dispone a enjuiciarlo. En el caso de Bonadío, el Secretario de Justicia Julián Álvarez calificó su última actuación como una “operación escudo” para defenderse de las acusaciones que el kirchnerismo le prepara en el Consejo de la Magistratura para removerlo.
La llamada “causa de los hemofílicos” sería la elegida por el kirchnerismo para avanzar contra el juez en el organismo. El caso es que el oficialismo no cuenta por sí solo con los votos necesarios para hacerlo. De hecho, todavía no están conformadas las comisiones en las que se divide el cuerpo, a raíz de la reciente asunción en sus cargos de quienes ejercerán como consejeros durante los próximos cuatro años. Apenas hubo una polémica reunión plenaria en la que se eligió presidente del organismo a la jueza Gabriela Vázquez, con el apoyo de los consejeros oficialistas. Pero las aguas siguen divididas en la institución. Y el resto de los consejeros no concurrió a un encuentro posterior en el que se removió al administrador general, Germán Krieger, cercano al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El bloque oficialista tiene seis votos sobre trece, y en la reunión de la semana pasada logró la mayoría simple con la ayuda de Vázquez. Los casos de aprobación de un juicio político a un magistrado necesitan dos tercios de los votos, no la mayoría simple. Y tal como viene el asunto, no parece fácil que el kirchnerismo los consiga.
Si el Consejo aprobara el enjuiciamiento de Bonadío, éste sería automáticamente suspendido y en los seis meses siguientes el tribunal de enjuiciamiento de magistrados debe hacer el correspondiente juicio y decir si es culpable o inocente.
Las inquietudes en la Casa Rosada apuntan ahora a otros magistrados que hasta hace poco eran considerados confiables. Para empezar, Rodolfo Canicoba Corral, y siguiendo con Luis Rodríguez, que llegó a su juzgado de la mano del miembro de la Auditoría General de la Nación y operador cristinista Javier Fernández, y que lleva, entre sus causas importantes, la del presunto enriquecimiento ilícito contra Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia.
El cuarto sospechado es Ariel Lijo, el juez de la causa Ciccone, cuyas visitas al despacho de Ricardo Lorenzetti serían cada vez más frecuentes, aumentando la preocupación del cristinismo. El hecho que cuatro de los doce jueces federales porteños estén ya hoy considerados como enemigos potenciales del gobierno es todo un indicador. Ayer Cristina, en su reaparición luego de tres semanas de ausencia por razones de salud, no se privó de decir que no les tiene miedo a los “caranchos judiciales”.
Una reacción que crece
De acuerdo a la versión trascendida ayer en Comodoro Py, el creciente grupo de jueces y fiscales dispuestos a avanzar en la investigación de la corrupción oficial habrían coincidido en que, a partir de febrero-marzo, la actuación de la justicia en este campo quedaría neutralizada por la campaña electoral. Con los medios de comunicación volcados a este tema, el kirchnerismo se defendería fácilmente de cualquier imputación diciendo que los magistrados quieren hacerle perder las elecciones. Esta realidad estaría impulsando que se ponga en marcha una fuerte ofensiva judicial en los próximos días, para que durante diciembre se amplíe la brecha que va separando al gobierno de la justicia federal. De las reuniones reservadas que se vienen realizando, surgiría que podrían abrirse varias causas contra dirigentes de primera línea de La Cámpora, en particular contra los que más influyen sobre la presidente. La lista incluiría, en primera línea, a Andrés Larroque, Eduardo “Wado” de Pedro, Julián Álvarez y Axel Kicillof. En el caso de este último, en las últimas horas se conoció, a través de una página web de los fondos buitre, que Kicillof le habría dado información privilegiada al financista argentino Diego Marynberg para la compra de títulos de la deuda externa argentina por 200 millones de dólares.
También se especula con que esa asociación con Marynberg habría sido uno de los motivos ocultos del despido del ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Juan Carlos Fábrega, el 1° de octubre pasado.
En vistas del nuevo escenario que se está planteando en la justicia federal, no habría entonces que descartar que el caso Marynberg fuera la base para la apertura de un proceso en Buenos Aires. De llegarse a esto, el tema podría tener una proyección extra, porque ser imputado por manejos ilícitos en materia de deuda pública dejaría a Kicillof pésimamente ubicado para sentarse a renegociar con los holdouts, a partir del próximo enero, en el despacho de Thomas Griesa.
Obviamente, como trasfondo de estas tensiones que van en aumento, está también la necesidad de los jueces de montar una reacción importante ante la inminente sanción de la reforma procesal penal, que los despoja de buena parte de su poder para concentrarlo en la figura del Procurador General, en este caso Alejandra Gils Carbó.
