Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
Los tuits del martes a la noche escritos por la presidente denunciaron al juez federal Claudio Bonadío por tener una participación accionaria del 20% en la firma Mansue S.A., dedicada a la venta de combustible. Según informó la jefa de Estado a través de su cuenta de Twitter, esa compañía adeuda balances en la Inspección General de Justicia.
Esta reacción presidencial demuestra la extrema preocupación por el allanamiento a la Inspección General de Justicia en busca de balances del hotel Alto Calafate. A tal punto, que tuvo que recurrir a información privilegiada de la IGJ con el fin de calumniar al magistrado, en vez de aclarar sobre las faltas administrativas graves de una de sus empresas. Es que en los balances que Hotesur deberá presentar a la brevedad, después de la ridícula multa de 3.000 pesos que le fuera impuesta, la empresa estará obligada a detallar la facturación del hotel Alto Calafate que en 2009 y 2010; habría facturado 10 millones de pesos por el alquiler de habitaciones a empresas de Lázaro Báez, contratista de obras públicas sobrefacturadas otorgadas por el ministro Julio de Vido, que depende de ella misma. Báez ya es el centro de varias investigaciones por lavado de dinero en Uruguay, Estados Unidos y Suiza. En este último país, ayer, un diputado del Partido Socialista, apoyado por otros 17 parlamentarios, presentó un pedido de interpelación para clarificar el papel de las autoridades judiciales en la investigación. En el país helvético, el empresario santacruceño tiene depositados 22 millones de dólares.
Casanello cada vez más lento
En efecto, la justicia helvética está esperando informes del juez federal Sebastián Casanello, que el magistrado dice que envió pero que no llegaron a Suiza. Las miradas se dirigen entonces al canciller Héctor Timerman, bajo cuya administración deben realizarse estos trámites. De todas formas, Casanello no pudo enviarle las pruebas que necesita la justicia de ese país, porque para este controvertido magistrado, el llamado caso Báez en realidad no existe, ya que sólo procesó por lavado de dinero a Leonardo Fariña y Federico Elaskar, pero hasta ahora insiste en que el dinero provenía de actividades del narcotráfico del procesado Juan Suris. Así es que por ahora, aunque la causa está caratulada como “Lázaro Báez sobre lavado de dinero”, el juzgado se sigue inclinando por no reconocer la existencia de pruebas de que el dinero que lavó Fariña procedería de las empresas del empresario santacruceño. Pero ahora, el juez Bonadío, al analizar la facturación que se presente ante la AFIP, podría probar que Báez contrató masivamente habitaciones y que la presidente lo hizo contratar a su vez en forma directa en múltiples ocasiones para ejecutar obras públicas sobrefacturadas. De este modo sí se configuraría el delito de lavado de dinero, que exige un delito previo, que sería en este caso la coima por la adjudicación dela obra pública.
De ahí que la presidente quiera descalificar a Bonadío, quien todavía no fue recusado, pero el senador Marcelo Fuentes le inició una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, gracias a la información privilegiada que denunció la presidente. Sin embargo, con esta táctica cometió una torpeza importante. Si no presentar balances de una estación de servicio puede configurar lavado dinero, el no presentarlos Alto Calafate haría que sus dueños, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, también estén incursos en el delito de lavado de dinero, en complicidad con Báez.
