Por Francisco Olivera/La Nación.- Varios años antes de saltar a la fama por haber sido el funcionario que convocaba por Twitter a tirarle huevazos a Cavallo en un seminario de la UCA, Pedro Biscay, flamante director del Banco Central y uno de los hombres más importantes en la lucha del Gobierno contra el fraude financiero de bancos y cuevas, llegó a tomarse el atrevimiento de cuestionar a Néstor Kirchner. Fue en febrero de 2009, antes de las elecciones que el santacruceño perdió en la provincia de Buenos Aires.
En una nota publicada por LA NACION, Biscay objetó entonces que el ex presidente, que se definía todavía como "primer caballero", hubiera ido a un acto de campaña en Palpalá, Jujuy, en el Tango 10, el mismo avión que la Casa Rosada le había negado diez días antes al vicepresidente Julio Cobos para visitar Tartagal luego de un trágico alud.
Biscay era entonces director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y aquel día fue terminante. "En esto no hay discusión. Los bienes públicos deben ser sólo para uso público o para actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones. Utilizarlos con fines privados o, peor aún, con propósitos electorales, es indebido, cuestionable y deshonesto", dijo, y agregó: "Ni los fondos ni los bienes públicos deberían ser utilizados para hacer propaganda política ni actos partidarios ni ningún tipo de campaña".
En eso, la parábola de su carrera podría equipararse con la de quien lo llevó al Banco Central, Axel Kicillof, que en esos tiempos cuestionaba al Indec desde el instituto Cenda. Ironías que la función pública reserva a los universitarios. Hoy, al menos en las palabras, Kirchner es el tótem iluminador del proyecto nacional y popular.
Abogado de la UBA y militante de izquierda convencido, Biscay podría ser uno de los funcionarios más gravitantes en el año que le queda a Cristina Kirchner en el poder. A él obedecen dos medidas con que el Gobierno acaba de sacudir la plaza financiera: le aplicó una multa de 160 millones de pesos al Banco de Valores y a sus directivos por irregularidades en contado con liquidación, operatoria que se utiliza para sacar divisas al exterior, y le suspendió por 60 días la autorización para operar a la tradicional casa de cambio América, a la que acusó de negarse a mostrar cajas de seguridad. El Gobierno ha recrudecido la mirada sobre las corporaciones y así buscará cohesionar a sus seguidores mientras resuelve un tema sensible a tanto paladar revolucionario: si acuerda o no con los fondos buitre.
La postura promete ser inflexible. Incluso si pagaran las multas, las empresas quedarán monitoreadas y tal vez denunciadas en la Justicia. Ese modo de mantener la iniciativa será la prioridad de esta etapa: ahorrarle a la Presidenta la debilidad que el peronismo no perdona a aquellos sin posibilidades de reelección. Para Biscay es como haber cumplido un sueño. En junio de 2012 había escrito en Voces, la revista del plan Fénix: "La escasa capacidad del Estado en imponer la ley y castigar delitos de poder (especialmente corrupción y delitos originados en actividades financieras ilícitas) genera condiciones favorables para el surgimiento de grupos con capacidad de controlar el proceso democrático. Los gobiernos abandonan la democracia y se transforman en estructuras plutocráticas. En clave de políticas de seguridad, el principal riesgo de este proceso está dado porque en el mediano plazo se crean las condiciones para el control del Estado y el condicionamiento de la autoridad pública por parte de redes de organización criminal que operan tanto al nivel de las finanzas como a nivel político y territorial. En un caso actúan mediante grupos de personas que forman parte de círculos o elites de poder con capacidad de influir en materia financiera y política, mientras que en el otro lo hacen a través de bandas armadas que ejercen violencia por el control territorial".
Es el legado que quiere dejar el kirchnerismo: haber sido implacable frente a lo que Ricardo Forster bautizó en 2008, durante la crisis rural, como "destituyente". Como en aquella pelea, el deterioro cambiario actual le ha regalado al Gobierno un elemento nucleador y constitutivo de identidad propia. Lo novedoso es que, a diferencia de entonces, y con la única excepción de Elisa Carrió, la oposición eligió no fustigar a Cristina Kirchner. Es lo que aconsejan los gurúes de imagen, expuesto por Durán Barba en cada coaching para aspirantes a debates televisivos: no propongas nada, no contestes, no critiques; sólo mostrate como una persona confiable.
El kirchnerismo ha optado en cambio por lo que hace mejor: no ceder la iniciativa política. El escenario replica en parte lo que hizo en 2009, tras la derrota ante De Narváez, cuando se recuperó impulsando medidas que la oposición juzgaba inobjetables desde el enunciado.
Leyes como la de hidrocarburos, la de abastecimiento o el nuevo Código Civil representan hoy lo que en su momento fueron la confiscación de los stocks de las AFJP, las estatizaciones de YPF y Aerolíneas Argentinas o el matrimonio gay.
El problema es que ahora los dólares son todavía más escasos. No es casual que el objetivo sea entonces el sector capaz de suministrarlos: el privado. El escenario sorprende a los empresarios cuando empezaban a festejar el fin del kirchnerismo. Tampoco será extraño que, a partir de ahora, lo que venga sea una competencia interna entre funcionarios por contentar a la jefa en esa faena. La investigación contra Procter & Gamble por presunta sobrefacturación de importaciones, iniciada en la Aduana, fue apenas el comienzo. "Hay miles de investigaciones", exageró esta semana Ricardo Echegaray, jefe de la AFIP. Jorge Capitanich, jefe de Gabinete, se apuró a anticipar otras tres empresas implicadas -General Electric, Maltería Pampa y Laboratorios Raffo- e insistió en que "grupos concentrados llevaban adelante un terrorismo económico para desestabilizar al Gobierno".
¿Quién de la oposición alzará la voz para defender a multinacionales? La única tensión estará entre quienes ejerzan la función pública. Hace tiempo que Kicillof pretende lugares dentro de la AFIP y que Echegaray critica en la intimidad esas ambiciones. Al coto de caza podría agregarse ahora la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que preside Ricardo Napolitani, un abogado al que Néstor Kirchner ubicó años atrás como juez en el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Pero Kirchner ya no está y esa comisión es otro brazo regulador que Kicillof todavía no controla. No debe sorprender que en el Palacio de Hacienda se acuse de "lento" al organismo: es el mismo adjetivo que le dedicaban a las inspecciones del Banco Central que conducía Fábrega.
La contienda será por la conducción de esa cruzada contra los "buitres internos", mientras se busca recomponer los tantos con los externos, acaso con respaldo de las telefónicas. Es natural que el Gobierno haga la gesta ruidosa. Será un éxtasis de kirchnerismo militante: como atacar a huevazos al neoliberalismo.
