Por Carlos Tórtora/El Informador.-
La tensión entre la presidente y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti va en aumento por un conjunto de motivos. Anteayer, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich cuestionó el fallo del máximo tribunal que permite al diario La Nación seguir sin pagar una deuda millonaria con la AFIP. “Se trata de un fallo de naturaleza política y con intencionalidad política”, sostuvo. Capitanich, consideró una “afrenta al funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas” de la Argentina la decisión de la Corte Suprema de Justicia -conocida anteayer- que mantiene la vigencia de una medida cautelar que cumple once años otorgándole protección judicial a La Nación y que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 400 millones de pesos.
“Es un fallo que demuestra claramente la parcialidad de la Corte Suprema y que viola un principio esencial que está en la Constitución, que es la igualdad ante la ley”, remató Capitanich en rueda de prensa en Casa de Gobierno.
El fallo fue el resultado de la nueva mayoría de Corte que componen Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, a partir de que su número se redujo a cinco con el reciente fallecimiento de Enrique Petracchi. En cuanto a Eugenio Zaffaroni, acaba de ratificar que al cumplir próximamente 75 años, renunciará a su cargo, lo que ya le empezaría a restar cierta gravitación.
Las versiones de que el gobierno intentaría cubrir la vacante de Petracchi con una nueva designación fue perdiendo fuerza últimamente, porque es casi imposible que haya un acuerdo con la UCR para conseguir los dos tercios de los votos de los presentes en el Senado, ya que no habría una figura de consenso y menos todavía en pleno año electoral. Por otra parte, la presidente defendió la Corte de cinco miembros, tal cual fue concebida en el ‘83, antes de su ampliación durante el menemismo. La reducción gradual de miembros fue aprobada por ley el 30 de noviembre de 2006.
Así las cosas, la posibilidad de cambios depende de que se produzca una nueva vacante más, concretamente de la renuncia de Carlos Fayt, que cumplió 96 años. En este caso sí recomenzaría la disputa por la nueva vacante. Con esta perspectiva, no es un secreto que en la Casa Rosada se prepararía el desembarco en el máximo tribunal de León Arslanián, que podría llegar a contar con el respaldo de un sector de la UCR, por ejemplo de Ricardo Gil Lavedra y sus allegados.
Con planes propios
El caso es que Lorenzetti tendría sus propios planes políticos. Su intención sería atravesar la etapa de transición tomando distancia del kirchnerismo para fortalecerse en su continuidad durante el próximo gobierno. En este sentido, Lorenzetti advertiría que un acuerdo kirchnerista-radical para llevarlo a Arslanián a la Corte apuntaría a desplazarlo de la conducción del tribunal en favor del ambicioso ex ministro de seguridad de Buenos Aires, que hoy ya es conjuez de la Corte. Así es que Lorenzetti habría empezado a tejer un lobby para proyectar a Luis Moreno Ocampo, ex Fiscal de la Corte Penal Internacional, para el caso de que Fayt deje su sillón.
Mientras empiezan estos preparativos, la inquietud en Olivos es hasta dónde pretendería Lorenzetti marcar su distanciamiento del cristinismo. Un expediente en particular tiene en vilo al entorno presidencial. El 14 de agosto del 2013, la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa del ex Juez federal Juan José Galeano contra la decisión de la Sala Primera de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que en junio del 2007 (con una mayoría integrada por los jueces Gustavo Bruzzone y Jorge Luis Rimondi) dictó la nulidad por cosa juzgada írrita del sobreseimiento de Galeano, dictado diez años antes, procesándolo por peculado”.
La resolución de la Cámara fue recurrida por la defensa de Galeano ante la Corte Suprema de Justicia y el expediente se encuentra hoy para dictamen en la Procuración de la Corte.
Si ésta confirma el fallo de Cámara, podría interpretarse como un aval de la Corte a la aplicación de la cosa juzgada írrita. O sea, abrir la puerta para que, por ejemplo, se anule la sentencia que firmara el juez federal Norberto Oyarbide en diciembre del 2009, sobreseyendo por el delito de enriquecimiento ilícito al matrimonio Kirchner. La aplicación de la cosa juzgada fraudulenta podría llevar a una revisión judicial profunda de la década K, llevando al procesamiento de buena parte de los miembros del gobierno. Hasta ahora Lorenzetti no se caracterizó por jugar tan fuerte, pero no es menos cierto que ahora la pérdida de poder de CFK sería casi inevitable. En consonancia con lo anterior, los operadores judiciales del cristinismo ven con creciente preocupación que el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa Ciccone, visita con creciente frecuencia el despacho de Lorenzetti, que le daría todo su respaldo. La elevación de la causa Ciccone a juicio oral, con Amado Boudou como principal imputado, podría ser una bisagra para que la justicia federal gire rápidamente hacia la investigación de la corrupción oficial.
La lógica del proceso político va entonces empujando a Lorenzetti a colocarse en la vereda de enfrente de Cristina.
