Por Carlos Tórtora/El Informador.-
Dos factores absolutamente desconectados entre sí están confluyendo en el rumbo electoral del kirchnerismo. Hasta pocas semanas atrás, el entorno presidencial basaba su plan para conseguir impunidad después de dejar el gobierno en una serie de operaciones internas. La primera, el control de una masa significativa de jueces y fiscales federales, incluyendo algunas salas de la Cámara Nacional de Casación Penal. Conjuntamente con esto, está el mantenimiento de una mayoría importante de consejeros de la Magistratura, que permita negociar, después de diciembre del 2015, la situación y la designación de jueces. En tercer lugar, están las reformas legales hechas, como la del Código Civil y Comercial y el inminente envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que le daría más poder a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.
Este conjunto de herramientas para neutralizar las investigaciones por corrupción -sin hablar de las carpetas sobre los jueces- tendría su pieza maestra en la conservación de importantes bloques de senadores y diputados nacionales propios que condicionen a los magistrados que se propongan revisar la década ganada y dictar los procesamientos que corresponden.
Pero el conflicto judicial con los holdouts, con su secuela del default y el desacato declarado por el juez Thomas Griesa, le abrieron al gobierno un potencial frente judicial mucho más peligroso que el argentino. Liderados por el hiperactivo Paul Singer, los holdouts se lanzaron a la caza de activos financieros en el exterior vinculados a la familia Kirchner, amenazando con abrir una verdadera caja de Pandora.
En una nueva presentación judicial, el fondo NML, de Singer, apuntó esta vez contra Cristóbal López, el empresario cercano al kirchnerismo que logró de su gobierno concesiones para casinos, juegos de azar y medios de comunicación. El eje de la nueva acción es demostrar que el zar del juego tiene “vínculos irregulares” tanto con la presidenta como con su fallecido esposo y predecesor en el cargo, Néstor Kirchner, para “alzarse” con millones de dólares públicos que están ahora “escondidos alrededor del mundo”. Quince días atrás y ante la justicia de Nevada, los abogados de Singer arremetieron contra 130 sociedades ligadas a Lázaro Báez con argumentos similares.
En todos estos casos, lo que se inicia es un expediente de “discovery”, la figura por la cual se puede requerir judicialmente la presentación de información y documentos cuando se sospecha que detrás de ello hay bienes públicos que fueron indebidamente apropiados por terceros. De comprobarse que ése es su punto de origen, los fondos buitre podrían iniciar un expediente paralelo para intentar embargarlos y, con ello, cobrarse parte de la deuda que el Estado argentino tiene con ellos.
El peligro que se cierne ahora sobre la familia presidencial es de una magnitud hasta ahora desconocida. Si las investigaciones en los EEUU prosperan, sus resultados impulsarían inevitablemente la reactivación -y el cambio de orientación de casos claves como el Báez- que el juez federal Sebastián Cassanello derivó hacia una vía muerta evaluando que no se investigue el lavado de fondos provenientes de las obras públicas sino de supuestas conexiones con el narcotráfico.
A su vez, la apertura de causas judiciales por corrupción en los EEUU que involucrarían a la presidente y su entorno serían prácticamente inmanejables para la Casa Rosada, como ya se demostró, en otro orden de cosas, con los intentos para influir políticamente sobre las decisiones de Griesa a través de presiones de la Casa Blanca sobre el juez, la Corte de Distrito y hasta la Corte Suprema, sin conseguir resultado alguno.
A esto hay que sumarle que, en el caso probable de un crash del régimen bolivariano que conduce Nicolás Maduro, el advenimiento de un gobierno moderado en Venezuela destaparía los múltiples vínculos de corrupción con el gobierno argentino.
El escape electoral
Queda la duda de si la presión judicial de Singer terminará en una rápida rendición del gobierno ante los fondos buitre, antes de que sea demasiado tarde. En caso de que las negociaciones no prosperen, CFK afrontaría sus últimos meses en el poder con el riesgo de terminar requerida en los estrados de USA. Este oscuro panorama empieza a volcar ciertas decisiones estratégicas para la próxima contienda electoral. La mayor parte del círculo áulico presidencial se inclinaría ahora por que Cristina debe ser candidata el año que viene y en busca del cargo que dé mayor poder, para resguardarse ella y a los suyos de embates judiciales que pueden exceder a la justicia local. En este punto crece el proyecto de ir por la sucesión de Scioli. Hay factores que le permiten cierto optimismo al cristinismo. Su núcleo duro de votos en Buenos Aires no bajaría del 25%. Pero el dato relevante es la crisis de candidaturas que se da en el primer distrito del país.
Sergio Massa, que sin duda le arrastrará muchos votos a cualquier postulante, cuenta hoy con candidatos que apenas miden en las encuestas, como Darío Giustozzi y Felipe Solá. Su carta fuerte era el pase de Martín Insaurralde a las filas del Frente Renovador, lo que parece estar congelado. Con su andar oscilante, el novio de Jésica Cirio está preparando su propio partido provincial, que se llamará MI Buenos Aires (jugando con las siglas del candidato). En el cristinismo suponen que una fórmula CFK-Insaurralde podría alzarse con la gobernación en una elección que no tiene segunda vuelta. Los otros candidatos naturales, como Francisco de Narváez y Margarita Stolbizer, se encuentran en baja. Por otra parte, no existen otras figuras emergentes y ya no queda tiempo para que esto ocurra. Así las cosas, el cerco que se va cerrando sobre la corrupción K casi obligaría a Cristina a quedarse con la mayor cuota de poder posible. Algo que no conseguiría con una banca como diputada nacional, en la cual difícilmente podría sentarse debido a los permanentes ataques que sufriría desde distintas bancadas.
El escape electoral
Queda la duda de si la presión judicial de Singer terminará en una rápida rendición del gobierno ante los fondos buitre, antes de que sea demasiado tarde. En caso de que las negociaciones no prosperen, CFK afrontaría sus últimos meses en el poder con el riesgo de terminar requerida en los estrados de USA. Este oscuro panorama empieza a volcar ciertas decisiones estratégicas para la próxima contienda electoral. La mayor parte del círculo áulico presidencial se inclinaría ahora por que Cristina debe ser candidata el año que viene y en busca del cargo que dé mayor poder, para resguardarse ella y a los suyos de embates judiciales que pueden exceder a la justicia local. En este punto crece el proyecto de ir por la sucesión de Scioli. Hay factores que le permiten cierto optimismo al cristinismo. Su núcleo duro de votos en Buenos Aires no bajaría del 25%. Pero el dato relevante es la crisis de candidaturas que se da en el primer distrito del país.
Sergio Massa, que sin duda le arrastrará muchos votos a cualquier postulante, cuenta hoy con candidatos que apenas miden en las encuestas, como Darío Giustozzi y Felipe Solá. Su carta fuerte era el pase de Martín Insaurralde a las filas del Frente Renovador, lo que parece estar congelado. Con su andar oscilante, el novio de Jésica Cirio está preparando su propio partido provincial, que se llamará MI Buenos Aires (jugando con las siglas del candidato). En el cristinismo suponen que una fórmula CFK-Insaurralde podría alzarse con la gobernación en una elección que no tiene segunda vuelta. Los otros candidatos naturales, como Francisco de Narváez y Margarita Stolbizer, se encuentran en baja. Por otra parte, no existen otras figuras emergentes y ya no queda tiempo para que esto ocurra. Así las cosas, el cerco que se va cerrando sobre la corrupción K casi obligaría a Cristina a quedarse con la mayor cuota de poder posible. Algo que no conseguiría con una banca como diputada nacional, en la cual difícilmente podría sentarse debido a los permanentes ataques que sufriría desde distintas bancadas.