Por Carlos Tórtora/El Informador.-
El kirchnerismo continúa adelante con su estrategia anticíclica. Esto es, negar absolutamente la idea de una transición, acumular cada vez más poder y embarcarse en todas las guerras posibles, como una forma de mantener la iniciativa política a cualquier precio. En este contexto, la operación relámpago denunciando el incumplimiento de Clarín y la adecuación de oficio a la ley de medios tendría un objetivo claro: forzar al multimedios a negociar durante toda la etapa electoral, bajo la espada de Damocles de alguna intervención, denuncias por lavado de dinero, violación de defensa de la competencia y otras operaciones del menú oficial. La solidaridad del arco opositor con el grupo que lidera Héctor Magnetto también le permitiría al gobierno reforzar su plan conspirativista. Es decir, asociar a los fondos buitre con la oposición local y, si algún juez frenara la ofensiva de Martín Sabbatella, tanto mejor.
Hacia dónde apunta el gobierno parece claro. Sabbatella le solicitó al titular de la Procuración de Criminalidad Económica, Carlos Gonella, que tome una definición, y sugirió la posibilidad de que el grupo haya cometido algún delito económico.
Gonella es la mano derecha de la Procuradora Alejandra Gils Carbó y la presidente lo convirtió en su nuevo comisario político cuando denunció supuestas irregularidades en las operaciones de contado con liqui realizadas por Mariva, Macro y Patagonia. Y un detalle no menor, resuelta a cambiar todos los códigos antes de dejar el poder, la presidente anunció el martes que el Ejecutivo enviará un proyecto de reforma del Código Procesal Penal que establecerá el sistema acusatorio, es decir que los fiscales, bajo la batuta de Gils Carbó, queden a cargo de las investigaciones, desplazando a los jueces, que hoy conservan la última palabra en la materia.
El crash de Axel
En este clima de paranoia política, distintos voceros del oficialismo siguen intentando calmar a los mercados con la expectativa de que a partir de enero, cuando ya no sea aplicable la cláusula RUFO, CFK haría una nueva pirueta y le ordenaría a Axel Kicillof que se siente a negociar con los fondos NML y Aurelius. Este supuesto happy end del litigio que lleva adelante el Juez Thomas Griesa no condice con las señales que se perciben. Las versiones sobre el cobro del vencimiento de los bonos Par que empezó el 30 del mes pasado son inciertas. El BONY, es decir el agente fiduciario original, no sólo no fue removido por Axel Kicillof sino que se niega a renunciar y fue plenamente revalidado en sus funciones por Griesa. En estas condiciones, sería impensable que el BONY le haya entregado el listado de los tenedores de bonos a Nación Fideicomisos, el nuevo agente fiduciario. De suministrar la información, su actuación como fiduciario se tornaría innecesaria. Por eso se estima que el BCRA hizo un depósito global en el Nación Fideicomisos pero en realidad los bonistas no cobran.
Si Kicillof remueve al BONY, luego de haber anulado la autorización para que las mandatarias operen en su cuenta del BCRA y cerrado la misma, no sólo se expone a un juicio largo, sino que en esa cuenta están depositados los u$s 539 millones que bloqueó Griesa. No hay ninguna disposición legal que autorice al Gobierno a retirar dinero de una cuenta de un particular que ha sido cerrada.
El Estado tendría entonces que demandar judicialmente al BONY para recuperar el dinero. Algo que, además de llevar su tiempo, le quitaría a la Casa Rosada el argumento “Argentina pagó”. Es de suponer que Kicillof ya se habrá dado cuenta de que la resolución de cerrar la cuenta y cancelar las autorizaciones al BONY ha metido al país en un berenjenal, ya que las ex mandatarias podrían reclamar judicialmente que el dinero de la cuenta se gire a la cuenta de ese banco en NY. Ésta y otras variantes son todas negativas para el Estado argentino.
Y el tiempo juega en contra, porque si los bonistas continúan sin cobrar es probable que vaya tomando forma, a partir del próximo 30, la idea de aplicar la cláusula de la aceleración. Esto es, ante el incumplimiento del Estado argentino, exigir el pago de la totalidad del capital más los intereses de los títulos.
Ahora habrá que esperar además qué nuevas medidas toma Griesa en las próximas semanas. En medios de Washington se vuelve a hablar de que, luego de las insólitas acusaciones -que incluyeron la de tentativa de asesinato- que CFK le hizo a la administración Obama, en el Congreso de los EEUU podría activarse el tratamiento del proyecto de ley conocido como JEFSA. El Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Diputados estadounidense aprobó en el 2012 un proyecto de ley que prevé sanciones en contra de la Argentina por no haber pagado los fallos de las cortes de Nueva York. El proyecto es un indicador más de la ofensiva que están realizando los fondos buitre a nivel judicial no sólo en Nueva York sino también en Washington.
Promovida por ATFA, el lobby de los Fondos buitres en el Congreso (del que participa NML, liderado por Paul Singer), la llamada Ley de Responsabilidad para los Estados que evaden fallos judiciales (JEFSA, según su sigla en inglés) dice textualmente que “prohíbe el acceso a los mercados de EE.UU. a los Estados extranjeros que, como Argentina, no han cumplido con los fallos de las cortes estadounidenses por 100 millones de dólares o más en un período de dos años. Prohíbe el acceso al mercado de capitales a las compañías estatales de aquellos Estados que evaden las decisiones judiciales por más de tres años. Que Estados Unidos deberá analizar la situación de cumplimento de los Estados antes de darles ayuda económica o de recomendar asistencia económica de un organismo internacional.
Que el Secretario de Estado debe publicar informes anuales informales con la lista de países deudores y analizando las consecuencias de sus conductas para la economía estadounidense”. El proyecto fue presentado ayer por el ex diputado republicano Connie Mack, quien es un fuerte crítico de nuestro país. “A pesar de que acordó someterse a la jurisdicción de EE.UU. y renunció a la inmunidad soberana, Argentina litigó en más de 150 juicios y se niega a cumplir con 116 fallos establecidos en su contra por un total de 6.000 millones de dólares”, dijo Mack haciendo referencia a los fallos establecidos por el Juez Thomas Griesa. Según Mack, el gobierno de Obama adoptó algunas sanciones en contra de Argentina, como la suspensión de los beneficios del Sistema General de Preferencias, como también el voto contra nuevos préstamos en el BID, en el Banco Mundial. “Pero el gobierno de Obama no ha ido lo suficientemente lejos como para proteger a los empresarios estadounidenses y los inversores. Mucha gente en Estados Unidos ignora la irresponsabilidad de la conducta argentina y su falta de cumplimiento. El proyecto de ley JEFSA toma todas las medidas necesarias para proteger a los empresarios estadounidenses. La intensa búsqueda de activos financieros de Cristóbal López, Lázaro Báez y la familia Kirchner que están llevando adelante Singer y sus aliados parece responder no sólo al objetivo de concretar embargos sino a reforzar la idea de que la Casa Blanca y el Capitolio deben tomar medidas políticas contra el régimen kirchnerista.
