Por Diario HOY.-
Anoche Cristina Fernández volvió a anunciar el proyecto de reforma del Código Procesal Penal e incluyó como novedad la expulsión de extranjeros que cometen delitos. Maniobra desesperada para intentar desviar la atención por el escándalo de Lázaro Báez
Anoche, durante 25 minutos, los argentinos tuvimos que escuchar a la presidenta Cristina Fernández hablar del proyecto de reforma del Código Procesal Penal que incluye, entre otras iniciativas, la expulsión de extranjeros que sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito. Y cambios en el régimen de prisión preventiva.
“Proponemos un sistema acusatorio. Este mecanismo delega en el fiscal toda la investigación", sintetizó la mandataria al explicar el proyecto que, en rigor, ya había sido anunciado la semana pasada, cuando CFK promulgó el nuevo código civil y comercial, aprobado entre gallos y medianoche en el Parlamento.
Como si hubiese asumido hace dos días, la primera mandataria hizo de relatora de la realidad.
Habló de “puertas giratorias”, haciendo alusión a los delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra al poco tiempo; de la lentitud de la Justicia, y de las facilidades que tienen los delincuentes para cometer sus fechorías. “La sociedad se siente desprotegida", añadió sin sonrojarse.
Obviamente, en el discurso de Cristina estuvo ausente la autocrítica: si los ciudadanos hoy tenemos que vivir enrejados, con temor de salir de nuestros hogares ya que podemos ser víctimas del accionar delictivo que diariamente se cobra la vida de inocentes, es producto de una situación social y económica generada por las políticas del gobierno K. En un país que tiene capacidad para alimentar a 400 millones de habitantes, uno de cada tres compatriotas vive en la pobreza o en la indigencia, en un contexto de marcado crecimiento del narcotráfico y de las adicciones. La marginalidad, en definitiva, es la principal fábrica de delincuentes.
¿Qué ha llevado a CFK a hablar de inseguridad, cuando es una problemática que prácticamente ha estado ausente en sus discursos desde que es presidenta, al extremo que en no pocas ocasiones sus laderos la definieron como “una mera sensación in ventadas por los medios”? Evidentemente, la primera mandataria quiere cambiar la agenda de temas de la opinión pública, que la tiene a ella en un primer plano a partir de sus estrechos vínculos con el empresario Lázaro Báez , cada vez más comprometido por el escándalo de la ruta del dinero K y las denuncias del lavado de dinero.
En definitiva, intentar hacer creer que –luego de 11 años en el poder- el gobierno kirchnerista está preocupado porque haya Justicia, en un país donde reina la impunidad del poder político, es tan absurdo como querer poner al odontólogo Ricardo Barrera a hablar sobre violencia de género.
En el kirchnerismo también buscan, desesperadamente, intentar desviar la atención pública ante una situación económica cada vez más alarmante, con una inflación superior al 40% anual que no da tregua y que ha devorado el poder adquisitivo de los salarios. A su vez, el nivel de reservas del Banco Central no para de caer, y vuelve a la Argentina cada vez más vulnerable.
En conclusión, mientras se extingue su mandato, el gobierno nacional sólo intenta aplicar parches que de poco y nada sirven. Si iniciativas como las anunciadas ayer hubiesen sido instrumentadas hace cinco años, quizás podrían haberse encontrado algunas soluciones. El tiempo de este gobierno, para aplicar este tipo de reformas, ya se agotó. Y ni siquiera cuenta con la mínima idoneidad moral necesaria para lograr que en la Argentina exista un sistema judicial ágil e independiente.
¿Fiscales K con más poder?
"Lo que proponemos es un cambio demandado por los jueces, por la academia y por la sociedad", dijo anoche la Presidenta.
La realidad es que el proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal viene recibiendo duras críticas de distintos sectores de la oposición que consideraron que aumentaría el poder discrecional de la Procuración General de la Nación a cargo de la ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó.
La preocupación no es menor: los magistrados dejarán de investigar y pasarán a transformarse en jueces de garantías, como en la provincia de Buenos Aires. Serán quienes deban autorizar o denegar determinados requerimientos de parte del fiscal, que tendrá a cargo la instrucción de la causa y la persecución penal integral.
A su vez, el Ministerio Público de la Defensa también tendrá mayores facultades para intervenir en el proceso, generar investigaciones propias y establecer mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa pública oficial.
Lo que no dice el kirchnerismo es que muchos de los fiscales federales fueron nombrados por la administración K de forma absolutamente irregular. Un caso testigo es el caso de Carlos Gonella (titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), quien fue designado a dedo por Gils Carbo. Y actualmente está siendo investigado porque excluyó a Lázaro Báez, a su hijo Martín, y al ministro de Julio Vido del borrador de las imputaciones iniciales de la causa central por supuesto lavado de dinero que investiga el juez Sebastián Casanello.
