Por Fernando Gutiérrez y Juan Manuel Barca/iProfesional.-
La represión policial a las protestas sindicales como la de Lear y las propuestas contenidas en el proyecto del nuevo código penal pusieron en alarma a la base "progresista" del Gobierno, que ven un retroceso en las políticas de derechos humanos.
La flexibilidad política que ha mostrado Cristina Kirchner para "robarle" temas de la agenda a la oposición -como la inseguridad o el caos urbano generado por la protesta sindical- le está trayendo problemas en el frente interno.
Es algo que el Gobierno está sintiendo en estas horas, al recibir cuestionamientos desde los más connotados intelectuales filo-kirchneristas, a partir del anuncio sobre el nuevo código penal.
Y terminó de confirmarse con la dura represión policial a la protesta sindical de los trabajadores de la autopartista Lear, que cortaban la autopista Panamericana.
"¿Este es el Gobierno de los derechos humanos?", se preguntaba, ante las cámaras de televisión, y en pleno "prime time", un trabajador de Lear ensangrentado por las heridas de balas de goma disparadas por la Gendarmería.
A esa misma hora, Cristina Kirchner estaba en Chaco, luego de haber estado reunida con Estela de Carlotto y su nieto recuperado. El contraste no podía tener peor timing para el kirchnerismo.
Y, mientras la represión policial dejaba en claro que la "línea Berni" terminó de imponerse a la clásica de "no criminalizar la protesta", surgían otras críticas que dejaban en evidencia la incomodidad de los sectores más "progresistas" del kirchnerismo.
Horacio González, principal referente del grupo Carta Abierta, criticaba la medida de expulsión para los extranjeros indocumentados que incurran en delitos.
También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), conducido por Horacio Verbitsky -periodista estrella de Página 12 y uno de los más influyentes intelectuales en el campo de los derechos humanos- dejó ver su malestar por lo que considera un retroceso de la filosofía "garantista" en el nuevo código penal.
Disparos en la autopista
Todo parecía indicar que era un corte más de la Panamericana, pero la protesta de este jueves resultó bastante diferente, tal como lo mostraron las imágenes.
Los incidentes se produjeron cerca de las 18.50, a la altura del kilómetro 31, donde efectivos de Gendarmería armados de escudos, bastones e itacas, dispararon balas de goma y en cinco minutos desalojaron a los trabajadores de la autopartista, que contaron, como en otras ocasiones, con el acompañamiento de diversas agrupaciones de izquierda.
A raíz del operativo, los manifestantes se agolparon en la colectora y al menos media decena de personas resultaron heridas por las balas de goma y palazos, mientras que un efectivo de Gendarmería fue aparentemente alcanzado por un piedrazo.
Además, los gendarmes se llevaron detenidos a varios conductores que se resistieron a abandonar sus vehículos, tras lo cual los manifestantes se agolparon en la colectora con banderas y pancartas.
El diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, que se hizo presente este jueves en Panamericana, señaló en declaraciones periodísticas que "el comandante a cargo no tuvo el tupé de venir a dialogar. Hoy los cagan a palos, éste es el gobierno de los derechos humanos", ironizó.
"Empezaron a disparar a mansalva para reprimir", acusó otro de los manifestantes, que mostró ante las cámaras las heridas ocasionadas por balas de goma en su torso, al tiempo que otro de los activistas sostuvo: "Queremos una pronta solución con la reincorporación de todos nuestros compañeros. Hay patotas dentro de la fábrica".
Otro de los manifestantes cuestionó al Gobierno al señalar: "¿Qué están buscando, que haya un nuevo Mariano Ferreyra?", en referencia al militante del Partido Obrero asesinado hace cuatro años en una protesta en las vías del ferrocarril Roca.
La protesta por las cesantías en Lear se reactivó luego de que los familiares de los trabajadores despedidos denunciaron el miércoles que una patota los agredió con cuchillos en la carpa montada por los manifestantes frente a la planta, y los amenazó de muerte así como también amenazó a las mujeres con violarlas.
El conflicto comenzó el 28 de mayo, cuando la autopartista suspendió por tiempo indeterminado a 330 trabajadores y despidió a otros 110, aunque luego accedió a reincorporar sólo a algunos de ellos.
Giro frente a la protesta
Si la actividad automotriz sufrió ocupaciones en los primeros meses del año, el caso Lear inauguró nuevos métodos con las jornadas nacionales coordinadas en distintos puntos del país y los cortes con autos en plena Panamericana, que vinieron a sumarse a los piquetes y bloqueos a la planta, y a la aparición de jóvenes con pancartas durante la tansmisión de programas, como le ocurrió al panel del programa oficialista 6,7,8.
La radicalización de los reclamos fue respondida con fuertes operativos de Gendamería, que incluyeron represión, gendarmes "caranchos" y denuncias de infiltración contra los manifestantes.
Así se podría decir que Berni llevó a cabo el proyecto que Néstor Kirchner no pudo en vida, cuando en el 2004, ante la persistentes manifestaciones de los piqueteros que se acercaban cada vez más a los supermercados y ministerios, propuso sin éxito la creación de una "brigada antipiquetes".
No por nada, en los pasillos del Ministerio de Seguridad, los empleados de la joven titular del área María Cecilia Rodríguez, reconocen al hombre procedente de las filas castrenses como su verdadero "jefe".
Por todo esto, los empresarios del sector detectan un quiebre en la actitud del Gobierno frente a la protesta, en particular las motivadas por conflictos laborales.
"Lo de Lear se emergió a raíz de lo de Gestamp. Explotó después porque esperaban a ver qué pasaba en Gestamp. En ambos casos fue muy marcado el apoyo del Gobierno (a las empresas)", reconocieron a iProfesional desde una cámara autopartista.
Desde entonces el Ministerio de Trabajo evita dictar la conciliación obligatoria, una medida que a las empresas no les gustaba porque, según explican los ejecutivos, "se tenían que quedar con el cuco adentro", en referencia a los activistas .
"Con Lear definitivamente hay una mayor concientización del Estado nacional y provincial", señaló la fuente empresaria a este medio.
Por otra parte, la seguidilla de conflictos dejó expuesta la necesidad creciente de las empresas no sólo de recurrir al Estado, sino también a los gremios, para controlar conflictividad al interior de sus fábricas, tal como lo reconocieron algunas cámaras en comunicados.
Desde las filas más "progresistas", la política adoptada por los gremios oficialistas contra las comisiones internas díscolas fue comparada con la política de "mano dura" que empezó a implementar Berni, en un reconocimiento de que el Gobierno ya no puede garantizar la "paz social" sin reprimir la protesta.
"Si frente a las medidas de lucha que ese nuevo sindicalismo, integrado en buena medida por jóvenes que consiguieron sus empleos con la recuperación de la última década, los grandes sindicatos optan por un maccartismo retro modelo 1974, como el que exhibió Pignanelli al objetar la presencia de diputados y militantes por los derechos humanos en las actividades por la conservación de puestos de trabajo, y si el Secretario Berni borra con el codo las normas que Néstor Kirchner estableció hace diez años, por las cuales la policía no puede portar armas de fuego en el control de manifestaciones políticas y sociales ni dispersar una multitud disparando balas de goma, será más difícil explicar por qué el kirchnerismo no debería tomar en cuenta a Sergio Massa ni a Daniel Scioli entre las opciones para 2015. Este es un fracaso compartido entre el gobierno y las fuerzas sindicales que lo apoyan", concluyó en julio el titular del CELS, Horacio Verbitsky, en un artículo publicado en Página/12.
Mano dura
Mientras el Gobierno profundiza su línea más convervadora, algunos sectores del kirchnerismo salieron a despegarse y criticar algunos aspectos del Código Procesal Penal impulsado por el oficialismo y remitido por Cristina Kirchner al Congreso.
El director de la Biblioteca Nacional y referente de Carta Abierta, Horacio González, consideró este jueves que la reforma del código "es un avance democrático", pero dejó ver sus dudas sobre el concepto de "conmoción social" para dictar la prisión preventiva, según el artículo 185 del proyecto.
"Parece ser una respuesta a lo que en numerosos trabajos se ha llamado "justicia mediática", esto es, el prejuzgamiento obviamente no vinculante pero de fuerte impacto que realizan los medios de comunicación", dijo González.
Y explicó que "la mayor precisión es necesaria, en vista de que la "presunción de peligrosidad" pertenece más bien a los vastos estereotipos y estigmas que son consustanciales a los vertiginosos tribunales que erigen las lógicas mediáticas, antes que al razonamiento de las máximas instituciones públicas judiciales".
Además, el intelectual filo K planteó sus reparos frente al artículo 35 de la reforma que propone la suspensión del juicio a prueba a inmigrantes y su expulsión, cuando fueran sorprendidos en flagrancia de un delito.
"La expresión "expulsión de extranjeros" no suena grata, pero hay que atender al hecho de que se trata de situaciones de irregularidad, flagrancia y deliberación en la comisión de un delito", sostuvo.
En este sentido, sugirió "tener en cuenta la vasta política de documentación y ciudadanía que se dirige a las grandes migraciones internas de los hermanos países limítrofes, el arraigo familiar del señalado por un delito, y la naturaleza de éste".
"Descontadas estas situaciones, aún permanece la dificultosa palabra expulsión", advirtió.
En tanto, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicaron que el proyecto para el nuevo código es un avance positivo, pero también se mostraron en desacuerdo con los mismos puntos señalados por González.
"Es imposible asociar migración con delito. Estas asociaciones lo que generan son estereotipos que estigmatizan. Es una asociación errónea y esto vuelve sobre el mismo problema de siempre: culpar del delito a un grupo específico, generando repercusiones que en este caso podrían derivar en xenofobia", advirtió Diego Morales del CELS en declaraciones a La Nación.
El integrante del organismo se refirió así a la propuesta de expulsar a los extranjeros que cometieran delitos. "Nos preocupa esta norma porque de alguna manera trastoca el derecho migratorio y es algo que vamos a seguir estudiando", señaló.
"La agencia policial ahora va a tener mayores herramientas para decidir una detención de un migrante", añadió el integrante del CELS.
Asimismo, cuestionó la suspensión de juicio a prueba ya que "para el migrante se convierte en una opción distinta a la que tienen los argentinos".
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice específicamente que la conmoción social no puede justificar una detención porque sería un adelanto de pena", indicó.
Así, los sectores "progre" del oficialismo terminaron de sumarse al coro de voces críticas que levantaron las últimas iniciativas presentadas por el Gobierno y que la propia UCR aprovechó para denostar al considerar el miércoles que la reforma del código penal estimula "sentimientos de xenofobia".
