Por Carlos Tórtora/El Informador.-
El domingo pasado, este medio fue el único en anticipar el proyecto del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina que la presidente anunció ayer (ver “La próxima jugada K sería la reestructuración de la deuda con jurisdicción en Buenos Aires”).
La especulación que se imponía ayer era que el gobierno esperaría, para anunciar el proyecto, que tuviera lugar la audiencia del próximo 18 de septiembre de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que hizo lugar a una presentación del Citibank sobre la decisión del juez Thomas Griesa de habilitar el pago a tenedores reestructurados “por única vez” de títulos emitidos bajo legislación local.
Sin embargo, Cristina resolvió pasar al ataque ayer, tal vez contando con información de que Griesa estaría a punto de adoptar alguna sanción contra el Estado argentino por su incumplimiento de la sentencia que favorece a varios holdouts.
Sin embargo, Cristina resolvió pasar al ataque ayer, tal vez contando con información de que Griesa estaría a punto de adoptar alguna sanción contra el Estado argentino por su incumplimiento de la sentencia que favorece a varios holdouts.
Pasando al proyecto, éste crea una situación de difícil pronóstico. Por el artículo tercero, se cambia el Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario del Convenio de Fideicomiso 2005-2010 por Nación Fideicomisos S.A. Pero el cambio del agente pagador no implica, según el texto del proyecto, un cambio de jurisdicción. En primer lugar, esto es así porque el proyecto ni menciona el tema y después, porque el artículo 7° del proyecto sostiene lo siguiente: “En caso que con motivo de la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los servicios de los Títulos Reestructurados, sus Tenedores optaren -en forma individual o colectiva- por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos, regidos por legislación y jurisdicción local, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal, a los de los Títulos Reestructurados que se presenten a dicha Operación de Canje.”
Es decir que el gobierno ratifica así indirectamente que los títulos públicos que se rigen por la ley de EEUU continúan bajo la jurisdicción de la Justicia Federal de Nueva York aunque el pagador sea Nación Fideicomisos S.A.
De más está decir que la cuestión podría conflictuarse gravemente si Griesa diera nuevamente una orden de no pagar y Nación Fideicomisos la desacatara.
En realidad, lo que técnicamente está intentando hacer el Ejecutivo es prorrogar la jurisdicción de Griesa sobre un organismo público nacional, como es Nación Fideicomisos S.A. Para un gobierno que se jacta de defender la soberanía contra los buitres y Griesa, no parece una solución prolija. Uno de los posibles conflictos podría consistir que el BONY demande al Estado argentino por su remoción como agente fiduciario: “En virtud de la pública y notoria incapacidad de actuar del Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario del Convenio de Fideicomiso 2005-2010 (“Trust Indenture” de fecha 2 de junio de 2005, modificado el 30 de abril de 2010)”,cuando en realidad la incapacidad no es tal sino imposibilidad debido a la obligación de cumplir la orden de Griesa prohibiendo el pago.
Una caja de Pandora
Un detalle a tomar en cuenta es que el proyecto delega la sustitución del agente fiduciario en el Ministerio de Economía, al decir el artículo 3°: “Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a adoptar las medidas necesarias para remover al Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario y a designar, en su reemplazo, a Nación Fideicomisos S.A.” Es decir que la instrumentación de la decisión no será del Congreso sino de Kicillof, a través de la letra chica de un futuro decreto (o varios).
Es probable que los fondos buitres planteen que el proyecto, cuando se convierta en ley, significará un desacato a la jurisdicción de Griesa. De un modo u otro, es de esperar que el juez reaccione imponiéndole al gobierno argentino algún tipo de sanciones, por ejemplo una multa diaria por incumplir su sentencia. Claro que también podría ratificar al BONY como agente fiduciario, declarando que la futura ley viola las condiciones del canje acordadas en el 2004. Por último, la obvia intención de CFK es hacer que la oposición -o al menos una parte de la misma- sea corresponsable de su pago soberano. El próximo pago que debe hacer Argentina es el 30 de septiembre y corresponde a los intereses de los Bonos Par reestructurados en el 2005. O sea que el gobierno tiene el tiempo justo para conseguir que la ley se sancione y luego Kicillof le dé su toque, reglamentándola.
