Por Fernando Gutiérrez, Producción: Mariano Jaimovich/iProfesional.- Días atrás, se daba por seguro un acuerdo con los "buitres". Ahora se considera seriamente el escenario de default. El juez pidió terminar con la "retórica incendiaria" pero la administración K mantuvo su postura: si bonistas no cobran, no puede decirse que el país incurrió en cesación de pagos.
Las agujas del reloj comenzaron a correr más rápido desde la reunión mantenida ayer entre el juez Thomas Griesa y los abogados de la Argentina y de los "fondos buitre".
Es cierto que nadie se había hecho demasiadas expectativas en el sentido de que el duro magistrado jugara a favor de la estrategia del Gobierno por la vía de otorgar más tiempo.
Es cierto que nadie se había hecho demasiadas expectativas en el sentido de que el duro magistrado jugara a favor de la estrategia del Gobierno por la vía de otorgar más tiempo.
Pero, de todas formas, el rotundo "no" de Griesa al pedido de reponer la medida cautelar -con la que el país podría concretar el pago de la cuota pendiente a los bonistas que entraron al canje- cayó como un baldazo de agua fría.
La decisión pone al Gobierno ante una disyuntiva de hierro: aceptar la invitación a negociar, arriesgando así que los demás acreedores pidan el mismo trato que el de los buitres, o mantenerse en su rígida postura actual, lo cual llevaría directamente al default.
Este último escenario, que hasta hace pocas semanas nadie daba como factible, hoy ya es considerado como una posibilidad cierta por parte del mercado.
"Es un tema que se percibe en las conversaciones con los clientes. Sobre todo en las multinacionales se ve la eventualidad de un default como un escenario preocupante", afirma el economista Federico Muñoz.
En tanto, Eric Ritondale, economista jefe de la consultora Econviews, señala: "En el mercado se está siguiendo la negociación de la deuda con suma preocupación. Y la prueba más clara está en la volatilidad de los bonos".
"No es fácil cuantificar el impacto de un default, pero sin dudas profundizaría la recesión, llevaría a un aumento de las tasas y a más presión sobre el dólar", agrega el analista.
Lo cierto es que, luego de conocida la noticia de la reunión de ayer, la plaza financiera respondió de manera elocuente.
Por un lado, el dólar blue saltó 15 centavos en una sola jornada y se negoció a $12,45 para la venta, por lo que tocó su nivel máximo desde el 19 de junio pasado.
En cuanto a la bolsa de Buenos Aires, las acciones de bancos fueron las que registraron las mayores pérdidas.
En los títulos públicos, la baja se evidenció en los bonos del canje, que ya venían castigados en los últimos días. Tal es así que el Discount en pesos bajó 3,2%, mientras que en dólares bajo legislación extranjera cayó 2,4 por ciento. Además, el Par (en dólares) retrocedió casi el 2 por ciento.
"Se aproxima la fecha tope y no se observan avances. Todo hace pensar que Argentina irá al default y por eso hay inversores que se desprenden de carteras", dijo un operador bursátil, a raíz de los movimientos de los últimos días.
Contrariando las expresiones del propio juez y del fondo NML Capital sobre lo fácil que se resolverían las cosas si el Gobierno argentino accediera a negociar, ayer se instaló un clima francamente escéptico.
Tanto, que hasta en la página web de la American Task Force Argentina -el grupo que reúne a los litigantes que no entraron al canje- se publicó un reloj con un conteo regresivo. "Se rebalancearon nuevamente los escenarios. Antes de la reunión, la perspectiva era más optimista; ahora el margen de negociación se contrajo", observa Juan Pablo Ronderos, analista de la consultora Abeceb, sintetizando la sensación de que el panorama se complica mientras los tiempos se agotan.
El default volvió al menú
A esta altura de los acontecimientos, la pregunta de fondo ya no parece ser cuánto costará el arreglo ni cómo se implementará -que eran los temas de discusión hasta hace un par de semanas- sino si realmente el Gobierno está dispuesto a incurrir en default.
Hasta ahora, había predominado entre los expertos la sensación de que la pirotecnia retórica que exhibía el ministro Axel Kicillof y la propia Cristina Kirchner en sus apariciones públicas no eran más que una estrategia negociadora, así como un intento de ganar la simpatía internacional para la causa argentina.
Pero, conforme avanza el proceso y las soluciones no aparecen, ya empieza a instalarse la idea de que el default es una opción posible que aparece en el menú de medidas bajo estudio de Cristina y su equipo económico.
Por lo pronto, el pedido de Griesa en el sentido de que el Gobierno abandonara su "desafortunada retórica incendiaria" no sólo no tuvo eco, sino que fue merecedor de una respuesta extremadamente dura.
El comunicado emitido por el Ejecutivo, luego de la reunión que la Presidenta mantuvo con sus colaboradores del área económica, ratifica todos y cada uno de los puntos que la Argentina había sostenido respecto de por qué el fallo del juez es de cumplimiento imposible.
Pero, sobre todo, confirma el concepto que la Presidenta expuso ante sus colegas del grupo BRICS y de la Unasur: que sólo debe considerarse en default a un país que no paga sus obligaciones, pero no a aquel que demuestra voluntad de hacerlo, deposita el dinero y luego sufre un impedimento por parte de un juez.
Es decir, el comunicado tiene la intención de "devolver la pelota" al terreno de Griesa, a quien cataloga como eventual responsable en caso de que el 30 de junio los agentes financieros no hayan podido efectivizar los pagos a los bonistas.
"Dejó todo en suspenso, amenazando a la República Argentina con lo que él insiste en denominar "default", repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres", dice textualmente el comunicado.
Y reafirma el nuevo mantra del Gobierno: "Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños".
¿Es mejor defaultear?
La situación deja poco margen para el optimismo. Y si bien muchos economistas sostienen que -dados los perjuicios de un escenario de incumplimiento-, sería impensable que el Gobierno permitiera esa situación, en los últimos días han empezado a circular otros argumentos que lo llevarían a estar entre las opciones posibles.
La argumentación a nivel oficial, por supuesto, es que cualquier negociación con los "buitres" activaría la temida cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), aquella que se había incluido en los canjes de 2005 y 2010 para dar garantía de que, por 10 años, el país no podría darle a nadie un trato mejor que a estos acreedores.
El Gobierno no solamente argumenta ahora la posibilidad de un efecto dominó que podría llevar las demandas contra el país hasta la increíble suma de u$s500.000 millones.
Lo que se agregó ahora es el temor a que los funcionarios, incluyendo al ministro Kicillof, a los negociadores de la deuda y a la mismísima Cristina, puedan en el futuro ser objeto de acciones penales por su responsabilidad en la activación de esta cláusula.
El tema, que comenzó como un rumor, fue luego mencionado en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y luego oficializado en el comunicado de respuesta a Griesa.
Se afirma allí que la violación del compromiso asumido en el canje implicaría un perjuicio para el país, "exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles".
Se hace difícil pensar en una negociación después de que una de las partes afirma, prácticamente, que si se sienta a negociar corre el riesgo cierto de ir preso en un futuro cercano.
Lo que en el mercado se está sopesando, en definitiva, es que puede estar dándose la situación de que para los funcionarios existan más incentivos para ir al default que para una negociación en los términos que está planteando Griesa.
A fin de cuentas, no ha habido casos de personas procesadas por haber llevado al país a incumplir obligaciones financieras, pero sí hay muchos casos de problemas legales para quienes han negociado préstamos, canjes y blindajes.
Sigue habiendo incentivos racionales
Aun así, los analistas se resisten a creer que haya que resignarse a un nuevo default. Algunos lo hacen con argumentos económicos y otros con observaciones legales.
Para Federico Muñoz, resultaría extraño ir al default, porque sería contradictorio con toda la estrategia económica mostrada desde que Kicillof es ministro y Juan Carlos Fábrega está al frente del Banco Central.
"En los últimos meses, el Gobierno devaluó y aplicó un fuerte torniquete para evitar una colisión financiera. Durante unos meses, el tema se sostuvo por los dólares de la soja, pero al mismo tiempo Kicillof se acercó al FMI, arregló con Repsol y con el Club de París. Todo apuntaba a volver al mercado de crédito", afirma.
"Si se llegara a un default, entonces todo ese ajuste y el esfuerzo de normalizar la relación con todo el mundo no tendría sentido. Es un plan para conseguir préstamos que quedaría abortado y el país otra vez estaría en riesgo de crisis", agrega.
En tanto, el abogado Pablo Giancaterino, que representa a acreedores minoristas que están litigando en Nueva York, desestima los temores que el Gobierno está agitando.
"Para que un acreedor con bonos del canje pueda hacer juicio, necesita amplias mayorías del 25% y 50% de todas la clases. Es lo primero que debe sortear. Después de una asamblea engorrosa, puede litigar sólo si lo autorizan. Y, por último, debe tratar de ganar una sentencia y lidiar con los antecedentes en contra. Esas mayorías están en manos de los amigos de la Argentina en la Corte", argumenta el abogado.
Desde su punto de vista, las posibilidades de activar esta cláusula son apenas un "discurso". Y acusa al Gobierno de focalizar la atención en los "buitres" sin atender la situación del resto de los holdouts, es decir, de pequeños inversores.
Tic tac, tic tac
Lo cierto es que el ánimo está ostensiblemente peor y que la preocupación se traduce en declaraciones sobre la necesidad de llevar el tema al Congreso o de convocar a todos los líderes políticos.
"Mauricio, Sergio, Daniel, Cobos, José, Binner, Sanz. Propongan una Moncloa Express con La Doctora. Compartan decisiones trascendentes", instó el influyente analista Jorge Asís, aludiendo a los principales dirigentes opositores.
Y recuerda que, sea cual fuere la forma en que se resuelva el tema, alguno de estos dirigentes será quien deba pagar la cuenta.
Por lo pronto, la señal para saber hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno es la próxima reunión convocada por Griesa.
En esa ocasión, con los oficios del mediador Daniel Pollack, deberían encontrarse, por primera vez cara a cara, los funcionarios argentinos con los representantes de los "buitres", e intentar un acercamiento.
Esto, con la música de fondo del reloj que marca la cuenta regresiva y el auto que sigue acelerando hacia el borde del precipicio.
