Por Urgente24.- O Nicolás Maduro no controla ya a las fuerzas de seguridad y militares venezolanas (algo que le obligaría a una revisión profunda de la cadena de mandos, no el maquillaje que hizo hasta ahora) o Nicolás Maduro es una hipócrita que ordenó una represión impresionante.
Lo cierto es que mientras no se aclare qué ocurrió realmente el 12F no hay condiciones para ninguna Conferencia de Paz, tal como lo pretende el chavista, con el objetivo de ganar tiempo e intentar recuperar internacional, ya que crece el aislamiento del régimen pro cubano.
"La evidencia está en las cabezas de 7 personas asesinadas durante las manifestaciones ocurridas desde el 12 de febrero. 5 recibieron tiros en el cráneo, a 1 le dispararon perdigones en la cara y otra fue golpeada en la cabeza hasta provocarle una lesión irreparable", escribieron Maolis Castro y Adriana Chirinos, en el diario El Nacional, de Caracas, Venezuela.
Aunque las investigaciones sobre los crímenes se mantienen abiertas, expertos adelantan que la misión de los agresores ha sido clara: matar.
"Los perdigones son usados para causar el mayor daño posible, incumpliéndose el uso progresivo de fuerza. En el caso de las personas que han muerto por balas en la cabeza se evidencia que el objetivo de sus victimarios ha sido matarlas", dijo Rafael Uzcátegui, miembro de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), que considera que la intención no es neutralizar a los manifestantes.
El criminólogo y abogado Javier Gorriño indicó a El Nacional: "No se dispara, en muchos casos, para dispersar, sino para ocasionar daño. No se lanzan tiros de perdigones al aire, sino en contra de personas. Se busca herirlas en zonas vulnerables del cuerpo".
El general retirado Miguel Aparicio, miembro del Frente Militar Institucional, cuestiona la actuación de los guardia nacionales bolivarianos. "Hay personas en la FAN que me dicen que los grupos que han actuado en materia de orden público no parecen guardias nacionales, sino mercenarios. Los militares no fueron formados y preparados para reprimir de esta manera tan agresiva", dijo.
Uzcátegui, y agregó que el discurso del presidente Nicolás Maduro ha acentuado las agresiones: "Mientras el gobierno avale la tesis de golpe de Estado, estará avalando que la GNB y los grupos armados enfrenten a los manifestantes como 'golpistas'".
9 de las 15 personas fallecidas desde el 12F eran manifestantes que fueron heridos por cuerpos de seguridad del Estado o paramilitares vinculados con el oficialismo. Los 6 restantes murieron en circunstancias no claras, que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, relaciona con las guarimbas. Dos de ellos son Doris Lobo (Mérida) y Asdrúbal Rodríguez (Caracas).
Bolivarianos fuera de control
Según informaciones extraoficiales, 7 integrantes de la Guardia del Pueblo estarían involucrados en la golpiza en contra de José Alejandro Márquez la noche del miércoles 19/02, durante las protestas realizadas en la esquina de Candilito en la parroquia Candelaria, reportó el diario El Universal, también de Caracas.
Funcionarios del Cuerpo de investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tienen en su poder material audiovisual que captó la agresión de los efectivos castrenses que condujo a la identificación de los responsables.
La víctima sufrió fractura de cráneo y sufrió un edema cerebral que le produjo una hemorragia severa. Esto derivó en muerte cerebral que lo condujo a su fallecimiento la tarde del domingo 23/02 en el Centro Médico de Caracas, según el informe médico preliminar.
Su cuerpo fue ingresado a la medicatura forense de Bello Monte a las 19:30 del domingo.
En la mañana, 2 fiscales del Ministerio Público y una comisión del eje de Homicidios de la policía científica, supervisaron la autopsia practicada al cuerpo.
Una vecina de la víctima, quien prefirió mantenerse en el anonimato, relató que su hijo había bajado con Márquez a las manifestaciones.
"Ellos eran amigos, al punto que se decían primos. Yo estaba atendiendo a mi madre que se encuentra quebrantada de salud en San Bernardino y antes de las 21:00 recibí una llamada telefónica y me notificaron que al primo de mi hijo le habían dado un tiro. Había mucha confusión, pues por las redes sociales decían que fue trasladado a la Clínica La Arboleda y a otros centros de salud. De inmediato, entré en pánico, no sabía qué hacer. Mi muchacho de apenas 20 años, no se reportaba para informarme de lo ocurrido. Mi esposo salió a buscarlo por varias zonas".
Esa fue una de las madrugadas más terribles que le tocó vivir, pues desconocía el paradero de su hijo hasta que a las 6:00 a.m. apareció en la casa y le dijo que se quedara tranquila.
Desde ese día, ella tiene lágrimas represadas y cuando se enteró que la víctima de la golpiza era José Alejandro, el vecino del décimo segundo piso del edificio Iberia en Candelaria y considerado el hermano mayor de su muchacho, está en una especie de shock.
"No puedo con el sentimiento de culpa que me invade. Insité a mi hijo a protestar. Tengo una mezcla de rabia e impotencia. Desde ese día mi hijo no es el mismo, aunque aparentemente luce tranquilo y se ve bien, está sumido en la tristeza y le cuesta creer lo ocurrido", dijo la mujer.
Comentó que José Alejandro Márquez era ingeniero en sistemas, con un master, vinculado a su carrera. En los próximos días se marchaba del país porque aceptó una propuesta de trabajo en Alemania. Iba a estudiar el idioma de ese país. Tenía dos hijos. "Era un hombre emprendedor, querendón y luchador, que quería su país y por eso le preocupaba la crisis y apostaba a la mediación de los conflictos".
Con la muerte de Márquez, suman 11 los caídos durante las manifestaciones.
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, manifestó que de comprobarse que Márquez fue retenido por los cuerpos de seguridad y golpeado durante su detención, se convierte en el 1er. venezolano asesinado por tortura en el país, producto de las protestas.
Las denuncias por torturas en estas manifestaciones ascienden a 19.
Parole, parole, parole...
Cero tolerancia para los policías y guardias nacionales que hayan incurrido en abusos a la hora de tratar de dispersar las manifestaciones que en los últimos días han sacudido al país prometió la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien aseveró: "Vamos a perseguir a quienes hayan incurrido en excesos durante las protestas. No vamos a tolerar violaciones de los Derechos Humanos".
El compromiso lo asumió la jefa del Ministerio Público durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, convocada por el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) y a la que también fueron invitados algunos medios nacionales entre los cuales no estuvo El Universal.
Tras aseverar que su despacho tiene "mucha claridad" de cómo ocurrieron los hechos violentos registrados en las cercanías de la sede principal del organismo que dirige, tras la marcha opositora del 12 de febrero y en los cuales tres personas fueron asesinadas, la funcionaria anunció que hay nueve policías y militares detenidos, de los cuales tres estarían involucrados en alguna de las dos muertes antes mencionadas (Bassil Dacosta y Juan Montoya).
Ortega Díaz informó la detención de los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Melvin Collazo, a quien se le imputó uso de arma de fuego y violación de pactos internacionales; así como de Jonathan Rodríguez Duarte y Andry Joswa Jaspe, quienes según un documento al que tuvo acceso este diario la policía científica (Cicpc) le incautó unos carnet que los acreditarían como asistente y como escolta del ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.
"Hay cuatro órdenes de captura contra otras cuatro personas", agregó Ortega Díaz, quien minutos antes indicó: "Quien porta un arma de fuego en una manifestación no tiene intenciones pacíficas".
En las inmediaciones de La Candelaria, donde fueron asesinados Montoya y Dacosta, no solo había del organismo de inteligencia disparando sino también presuntos miembros de los colectivos afectos al Gobierno y así quedó registró en cientos de imágenes y videos que recorren las redes sociales.
Aunque denunció que hay una "campaña internacional de descrédito" que pretende hacer ver que en Venezuela se violan los Derechos Humanos, la Fiscal General admitió que su despacho está procesando 12 denuncias precisamente por esto; y llamó a las víctimas, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos que le lleven todas las que tengan.
