De las empresas, a las casas de cambio, pasando este fin de semana por los campos, y los supermercados, Cristina Fernández pretende "resolver" los problemas de la economía con los inspectores de la AFIP. El Gobierno está desbordado, y sin dudas, va por el mal camino.
La Secretaría de Comercio Interior llevó a cabo distintas acciones de vigilancia en las principales cadenas de supermercados de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, a pocos días de entrada en vigencia del acuerdo de precios que logró con el sector por los próximos dos meses.
Los inspectores enviados por el polémico secretario Guillermo Moreno tuvieron la misión específica de corroborar que los valores de los productos no fueran alterados.
Según afirmaron gerentes de distintos comercios el abastecimiento en las góndolas no fue relevado.
“Los inspectores llegan con listas de productos que parecen elegidos al azar y que no son las mismas en cada tienda. En algunos casos los controles los hacen los propios funcionarios en las góndolas, y en otros nos pidieron los precios en las cajas", explicó el director de una cadena al diario 'La Nación'.
En otro supermercado líder reconocieron que también tuvieron la auditoría oficial a lo largo del fin de semana y precisaron que los inspectores sólo se mostraron interesados por que se mantuvieran sin cambios los precios.
"No vimos que hayan hecho ningún control específico en materia de abastecimiento", explicaron en la empresa.
Las auditorías coincidieron con un fin de semana sin demasiada demanda para los supermercados. En las principales cadenas precisaron que las ventas estuvieron por debajo de las expectativas, en gran parte por el éxodo debido al feriado por el carnaval.
Por otro lado, los industriales de la alimentación agrupados en la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal) fijarán hoy su posición frente al congelamiento de precios, aunque algunas voces del sector ya alertaron que hay insumos que están aumentando e impactan directamente en sus costos de producción.
# Inspectores por doquier
Este fin de semana, sin embargo, no sólo los super recibieron visitas de la Afip. Tal como se informó, los campos fueron inundados de inspectores.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, calificó de "provocación" las inspecciones para verificar el stock de granos en mano de los productores y dijo que el objetivo era "amedrentar" para que "se apuren a vender".
"Ayer (por el viernes) en Entre Ríos hubo 1.090 intimaciones que se están llevando a cabo en distintos lugares, sobre todo en campos, acopios, domicilios fiscales. Lo vemos como una provocación, como una forma de querer atemorizar, amedrentar a los productores para que se apuren a vender", acusó Etchevehere.
El ruralista reiteró que es "totalmente ilegal" que los inspectores de la AFIP ingresen a los campos "si no hay una orden de allanamiento o no tienen permiso por parte del productor".
En diálogo con radio 'Mitre', el dirigente alegó que "el campo es propiedad privada".
"Si no hay permiso o una orden de allanamiento no puede entrar, lo que puede hacer el inspector es llegar al domicilio fiscal y dejar la notificación", explicó.
En este sentido, contó que "lo que pasa es que los productores nos están avisando que cuando van los inspectores le dicen 'tomá te dejo esto, tenés que declarar la existencia, y vayan sabiendo que si no venden no van a poder vender la cosecha nueva o va a haber algún tipo de represalia".
"Eso en forma verbal, por supuesto. Para atemorizar, para amedrentar, poner incómodo al productor y que dude de si tiene que vender o no", fustigó.
Etchevehere argumentó que vender la reserva de granos "va en contra del interés del productor ya que para poder mantener su poder adquisitivo, poder pagar los gastos de la cosecha que está vigente, poder pagar los impuestos que fueron excesiva aumentados el año pasado, y poder tener dinero para sembrar la próxima campaña tenemos que mantener el valor en grano porque hay 30 por ciento de inflación".
"Si vendemos la reserva que tenemos y nos quedamos en pesos, de acá a fin de año vamos a tener un 30 por ciento menos de nuestro capital", justificó.
El ruralista afirmó que el productor "no tiene que vender obligado de ninguna manera".
