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| Raúl Moneta |
Por Carlos Tórtora/El Informador Público.- La imprenta se hizo cargo de la impresión de billetes cuando el empresario ya era titular de licencias de radio.
Alejandro Vandenbroele presentó un escrito de 110 hojas ante el Juez Federal Ariel Lijo sosteniendo que el empresario Raúl Moneta es dueño mayoritario, junto con Guillermo Reinwick (yerno de Nicolás Ciccone, fundador de Ciccone Calcográfica) de The Old Fund, la sociedad controlante de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone) hasta su reciente intervención por el gobierno nacional, que designó interventor al Ministro de Economía Hernán Lorenzino y subinterventora a la presidente de la Casa de la Moneda, Katya Daura.
La espontánea presentación de Vandenbroele fue inmediatamente posterior a las declaraciones ante la justicia de Agustina Seguín, ex pareja de Boudou, que estuvo a cargo de la cuenta de The Old Fund en la agencia de viajes Swan Turismo. Sostuvo, además, que José María Núñez Carmona, el íntimo amigo y único socio comercial del vicepresidente, tramitó viajes para sí mismo, para el hermano y para la cuñada de Boudou, y ordenó que las facturas se tramitaran para su pago a través de The Old Fund, la firma controlante de la ex Ciccone Calcográfica. El testimonio, que complicó a Boudou y a Núñez Carmona, tuvo como agravante el dato de que, aunque las facturas figuraban a nombre de The Old Fund, era el propio Núñez Carmona quien aportaba el dinero “por transferencia, cheque o efectivo” para cubrir la cuenta.
Ante estos indicios de agravamiento de la situación procesal del vicepresidente, Vandenbroele intentaría alivianarla desviando la atención de la opinión pública hacia el rol de Moneta como dueño de The Old Fund. Como bien replicó el Fiscal Federal Jorge Di Lello, a cargo de la investigación, la revelación sobre los supuestos aportes de Raúl Moneta para levantar la quiebra de la ex Ciccone no exime al vicepresidente Amado Boudou de una investigación sobre “negociaciones incompatibles” para beneficiar a la empresa. Ahora bien, como es de público conocimiento, la ex Ciccone Calcográfica cobrará este año $ 160,7 millones por el contrato que firmó con el Estado para la impresión de billetes de 100 pesos, según surge del convenio firmado por esta empresa y la Casa de la Moneda. Y si se cumplió lo firmado, ya cobró $ 19,6 millones de la Casa de Moneda, como adelanto y primer canon mensual. Además, estaba en condiciones de embolsar, en junio pasado, otros $ 9,8 millones. Es decir que Moneta, como dueño de la sociedad controlante de la ex Ciccone, sería concesionario de un servicio público, como es la impresión del papel moneda, una función esencial de la administración, en este caso delegada en una imprenta privada.
La ley de medios no se aplicó
La revelación de que en realidad la impresión de billetes en la Argentina está en manos de un empresario implicado permanentemente en denuncias judiciales por distintos delitos económicos es de por sí significativa. Pero el hecho tiene una significación especial con relación al tema central de la política nacional, la aplicación de la nueva ley 26522 de servicios de comunicación audiovisual. Dos años atrás, en una operación conjunta con el empresario Matías Garfunkel Madanes, Moneta se quedó con el control de Rock & Pop, Metro y Blue 100.7, y otro conjunto de emisoras que entran en el paquete como Rock & Pop Mar del Plata, FM San Isidro Labrador, las AM Belgrano, Libertad y Splendid y 20 repetidoras del interior. Todas estas emisoras pertenecían al holding mexicano CIE Rock & Pop. En síntesis, que Moneta sería concesionario del Estado para la impresión de papel moneda y a la vez titular de licencias de radiodifusión. La ley de medios no deja lugar a dudas acerca de la incompatibilidad de ambas condiciones. En efecto, la misma, en su artículo 24, establece las condiciones de admisibilidad para las personas físicas que son titulares de licencias de radiodifusión. “Las personas de existencia visible, como titulares de licencias de radiodifusión, las personas de existencia visible en cuanto socios de las personas de existencia ideal con fines de lucro, deberán reunir al momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia, las siguientes condiciones”. Una de las mismas, es la del inciso i, que señala: “No ser director o administrador de persona jurídica, ni accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”. El siguiente artículo, el 25, completa la cuestión al tratar las condiciones para las personas de existencia ideal. El inciso d) dispone así: “No ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”. Las sanciones para los casos de incumplimiento del régimen de la ley, figuran en los artículos 103, 104, 105, 106, 107 y 108 de la misma y llegan hasta la caducidad de las licencias. Martín Sabbatella, presidente de la AFSCA, estaría entonces obligado a intervenir en el asunto, comprobada la infracción y sancionar al ahora revelado titular de la ex Ciccone. Pero esta particular situación plantearía otros interrogantes. Por ejemplo, las autoridades de la Casa de la Moneda y el Ministerio de Economía que firmaron el contrato para la impresión de billetes con la ex Ciccone, ¿ignoraban que el dueño de la misma era Moneta y que no podía en modo alguno ser a la vez concesionario del Estado y titular de licencias de radiodifusión? ¿Contrató el Estado nada menos que la impresión del papel moneda sin saber con quién lo hacía o sí lo sabían los funcionarios y cometieron entonces más de un delito?
