Entre los juristas vinculados al gobierno habría bastante coincidencia en cuanto a que, luego del vencimiento de la cautelar que mantiene suspendida la aplicación del artículo 161 de la ley de medios, esto es el 7 D, recién debería computarse el plazo de un año para la desinversión.
Estaría jugando en este contexto el hecho de que nadie se animaría a decirle claramente a la presidente que del fallo de la Corte Suprema sobre la medida cautelar que frena el artículo161 se desprende que el plazo legal de un año para la desinversión empezaría a correr desde el 7D.
Estaría jugando en este contexto el hecho de que nadie se animaría a decirle claramente a la presidente que del fallo de la Corte Suprema sobre la medida cautelar que frena el artículo161 se desprende que el plazo legal de un año para la desinversión empezaría a correr desde el 7D.
Sin embargo -y como suele ocurrir cuando se fuerzan políticamente las interpretaciones jurídicas- el kirchnerista Eduardo Barcesat, abogado de las Madres de Plaza de mayo, sostiene que el 10 se agotará el plazo para presentar los planes de desinversión. Éste -y otros abogados- sostiene que debe aplicarse la resolución 297 del 2011 de la AFSCA, que establece un plazo de desinversión que vencería el 28 de noviembre. Es posible que en esta etapa CFK sea bastante reacia a admitir argumentos que no la favorecen y que prevalezca su obsesión por destruir al grupo Clarín. Del mismo modo que no aceptaría las encuestas que hoy le asignan una imagen positiva de alrededor del 30% y a su gobierno un rechazo superior al 60%.
Un laberinto judicial
Fuentes confiables dicen que el juez Ricardo Alfonso, designado como subrogante en el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1, eludirá dictar una sentencia sobre el fondo de la cuestión: la acción por inconstitucionalidad de la ley de medios presentada por Clarín, por tratarse de un verdadero “fierro caliente”. Así que, si el gobierno lo que es espera es un fallo declarando la constitucionalidad de la ley, debería conseguir que el Consejo de la Magistratura, por ahora bloqueado, designe un juez permanente en el estratégico juzgado. En este itinerario sembrado de obstáculos, el cristinismo le teme especialmente a que los abogados del multimedio consigan que el expediente llegue a la Sala Primera de la Cámara, donde su influencia no llegaría.
Así las cosas, si Martín Sabbatella aplica de oficio la desinversión, los afectados podrían solicitar una medida cautelar de no innovar y, en caso de no obtenerla, apelarían ante la Cámara. En su desconfianza hacia ésta, el gobierno se lanzó a sancionar una ley de per saltum para que la Corte haga de segunda instancia. Pero aun así, el máximo tribunal podría rechazar el pedido de per saltum, por ejemplo, negando su gravedad institucional. En ese caso, el expediente sería resuelto por la Cámara. Hay que tener en cuenta lo que dijo días atrás la jueza Highton de Nolasco, acerca de que no está en juego la libertad de expresión. O sea que no existiría, en principio, la gravedad institucional que invocaría el gobierno.
