Por Roberto Gargarella*/Clarín.-
Del mismo modo que ayer se justificaba la creación de la figura del “enriquecimiento ilícito”, hoy se justifica la “delación premiada”. Sin embargo, hay buenas razones para que el derecho cree figuras como las mencionadas. El tema es si se utilizan abusivamente.
Cuando se creó la figura del “enriquecimiento ilícito”, las críticas de algunos “garantistas” fueron muy fuertes. Como sabemos, dicha figura implica que el funcionario público que se enriqueció de modo notable, queda obligado a demostrar que su incremento patrimonial no fue logrado por medios ilícitos.
Se invierte así la “carga de la prueba”: se presume la culpabilidad del funcionario público, en esos casos. Los “garantistas” (y los “lobos” disfrazados de “ovejas” garantistas) dijeron entonces que así se rompía el principio de igualdad; que de ese modo se violentaba el “principio de inocencia” establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional, y el art. 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y que la figura colisionaba, además, con el derecho de cada uno a no declarar contra sí mismo –el “principio de no auto-incriminación,” también propio del art. 18 C.N. Hoy, según diré, se esgrimen similares argumentos (por similares razones) en contra de la figura de la “delación premiada.” Creo, sin embargo, que del mismo modo en que se justificaba entonces la creación de la figura del “enriquecimiento ilícito”, se justifica hoy la “delación premiada”.
En mi opinión, hay buenas razones para que el derecho cree figuras como las mencionadas.
