LA ARGENTINA ZOMBI: Un perro llamado RUFO o el perro de la RUFO, para disimular la RUFO FOR EVER que acecha a Argentina

   Por Javier Llorens/Argenpress.- El texto de la MFCC-RUFO permitiría llegar ya mismo a un “acuerdo” con los fondos buitres, sin otorgar mejora alguna a quienes ingresaron a los canjes del 2005/10 (holdin). En consecuencia el problema no está en ella, sino en las irresponsables leyes cerrojo que a pedido del Ejecutivo dictó el Congreso. Que suspendieron y anularon la promesa de la MFCC - RUFO, asumiendo el compromiso público de que nunca habría mejoras de ofertas ni acuerdos futuros. Por lo que la RUFO no tiene vencimiento en diciembre, como aseguran los medios, y en todo caso se trata de una RUFOR EVER, que obliga a extender a los holdin cualquier oferta o acuerdo que se haga con los holdouts y fondos buitres. Ante ello y la imposibilidad de tomar deuda en el exterior, el gobierno intenta una desesperada salida con los swaps con China, la prórroga del blanqueo con los CEDIN, la profundización en la intervención de la economía, una ley petrolera entreguista, la demanda contra Estados Unidos en La Haya, y el momentáneo cambio del lugar de pago de los bonos, con vistas a achacar a la justicia de este país el default que se avecina.

A las que se agrega la salida de forrear a los jubilados para tratar de derogar la RUFO, y hacer lobby en el Congreso de Estados Unidos, que propone la oposición. Que parece estar bailando en la cubierta del Titanic, mientras va en curso directo de colisión contra el iceberg de la deuda externa. A la par que se incuba la salida ultraortodoxa de agachar la cabeza ante el juez Griesa y los fondos buitres, e incurrir en un nuevo endeudamiento externo masivo, sin que ello evite otras secuelas; por no animarse a cortar de un tajo de una vez y para siempre, el nudo gordiano de la deuda externa. Siendo todo esto la muestra más notable del fracaso de generaciones de dirigentes argentinos, que han estado muy lejos de estar a la altura de los desafíos que enfrenta Argentina. El iceberg de la deuda por efecto de la RUFO y leyes cerrojo Introducción La Presidenta Fernández de Kirchner, con el estilo socarrón y autosuficiente que la caracteriza, dijo que si tendría un perro lo llamaría RUFO. Disimulando así que esta cláusula insertada en los canjes del 2005 y 2010, para nada la imposibilitan para llegar ya mismo a un acuerdo con los holdouts y fondos buitres, por los fallos del juez Griesa. Sin que ello pudiera ser reclamado por los holdin que ingresaron a esos canjes. Ocultó así que esa imposibilidad proviene en realidad de las leyes cerrojos sancionadas irresponsablemente por el Congreso. Que subordinado al Poder Ejecutivo como una escribanía del mismo, no midió los verdaderos alcances de lo que estaba legislando, y los compromisos que implicaban. Que impiden en la práctica efectuar mejora alguna a los holdouts indefinidamente, sin que ella no se tenga que hacer extensiva a los holdin. 

Detonando así una bomba de deuda de alcances impredecibles, que según el mismo gobierno podría trepar a ¡medio billón de dólares! Por otro lado es patética la superficialidad y graves inexactitudes con la que expertos financieros de la City y un periodismo cada vez más ramplón y embanderado, se refieren a los supuestos alcances de la cláusula RUFO y su supuesto vencimiento en diciembre próximo. Tergiversando, e invisibilizando el problema y la magnitud del mismo, como parece ser una constante desde siempre en la álgida cuestión de la deuda externa por parte de estos. Pese que se trata de impuestos anticipados, que habrá que apechugar en un futuro, al mismo tiempo que efectúan ácidas críticas respecto la presión impositiva. Y que ahora mostrando su oportunismo, parece empeñado en descubrir los problemas de la Argentina profunda, provenientes buena parte de la cuestión de la deuda, para destruir el relato del gobierno. No obstante haber sido cómplices en la construcción del mismo, incluso en lo referente al “exitoso” canje de deuda que hoy está en crisis. Censurando todas las voces críticas que entonces se alzaron para criticarlo, y predecir los problemas que ahora han estallado. Quedando por ende la duda, si se trata de ignorancia o impericia profesional. O una deliberada actitud de desinformar, para posibilitar que en el futuro un nuevo mandatario saque imprevistamente de la galera, una costosa solución ultra ortodoxa con los fondos buitres. Sin haberla planteado previamente y discutido con la sociedad, y echándole las culpas y los costos de la emergencia a su predecesor, y como tantas veces ha sucedido en nuestra historia. Sus conceptos son repetidos sin mayor análisis, por una dirigencia intelectualmente cada vez mas empobrecida. Aparentemente incapaz de profundizar por sus propios medios en los detalles y letra chica de los contratos y disposiciones, donde en este mundo complejo se esconde al demonio. Pese la enorme trascendencia del tema, que ha señoreado en la historia Argentina en sus últimos 30 años de democracia. Una notable muestra de la frivolidad y superficialidad de la dirigencia, pese el gravísimo dilema que enfrenta Argentina, lo dio la diputada Elisa Carrió. Quién no obstante haber felicitado años atrás el “exitoso” canje de Kirchner, Lavagna, y Nielsen, ahora es una acerba crítica, al punto de manifestar que “lo que quiere Griesa es una garantía de que van a pagar alguna vez. No poner una garantía es como ir al default por una Louis Vuitton". Viendo así solo la pequeña punta de la parte visible del iceberg de los holdout – holdin, y no el resto de esta. Y menos aun la parte hundida correspondiente a los holdin. Postura que completó con la propuesta de hacerle el vacio en el Congreso al problema en cuestión, y al proyecto de ley de cambio de lugar de pago que propuso el gobierno, como si se tratara de una pelea entre chiquilinas. Pese que dos meses atrás exigía que la cuestión debía pasar por el Congreso, al que incluso atribuía la facultad de rechazar la sentencia, en el caso que “la ejecución de la sentencia fuera incompatible con la capacidad de la Nación para hacer frente a todos sus compromisos financieros”. Pero no obstante su aparente infantilismo, este sorprendente cambio de opinión concurre en el sentido de viabilizar la onerosa solución ultra ortodoxa, que se expone más adelante. Consistente en esencia en agachar la cabeza ante los buitres y el juez Griesa, y “volver vencido a la casita de los viejos” banqueros, que en el pasado arruinaron el porvenir de Argentina, para que vuelvan a hacerlo en un futuro. También es notable el desparpajo del ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, directo responsable de la actual situación como autor de la MFCC – RUFO y la ley cerrojo del 2005. Que asevera que la ley de cambio de lugar de pago de los bonos, tiene por objeto apañar a los funcionarios que actuaron desde el 2010, cuando en todo caso la fecha correspondería hacerla retroactiva al 2005. Confesando eso sí, de que “nadie quiere quedar pegado a un fracaso”, incluyéndolo a él. E insinuando de paso que no habría otra salida que la ultra ortodoxa, de agachar la cabeza ante los fondos buitres y Griesa. Para así poder disfrutar de los préstamos de Nueva York, ya que supuestamente “Argentina es un país que no genera ahorros pero tiene ambiciones de buena infraestructura”. 

No obstante que distintas fuentes nacionales e internacionales, estiman que habría ahorros argentinos en divisas por 400 mil millones de dólares. Poniendo esto en evidencia, la sospechosa insolvencia técnica de este ex funcionario, que no obstante opina y es promocionado por la “prensa independiente” por su supuesta solvencia. Que a la luz de los desastrosos resultados concretos obtenidos hasta ahora, se revela no solo inexistente, sino que ponen en duda su solvencia moral. Al ser dudoso si es culposo o doloso el estrago que puede deparar el canje del 2005, del cual fue su artífice intelectual. Estas posiciones evidencian que la corrupción no solo consiste en disponer de los bienes comunes en beneficio propio, como lamentablemente tanto abunda en Argentina. Sino también el proponerse para administrar o controlar los bienes comunes, sin tener una idea cabal de lo que sucede en torno de ellos, y solo como exaltación personal. En tal sentido el lunfardo argentino tiene dos precisas palabras para referirse a la coalición cívica que parece haber gobernado los últimos 30 años de Argentina, Chantas y/o Caloteadores. Personajes que parecen haber de sobra en la comedia argentina. Y muchas veces los primeros son también lo segundo, o se las ingenian para servirse de estos. MFCC – RUFO FOR EVER y leyes cerrojos para siempre En el Apéndice se hace una glosa de estas normas y detalles de su aprobación, que a su vez tienen sus respaldos en el Anexo, siendo su resumen el siguiente. En el prospecto de los bonos de los canjes del 2005 y 2010 se introdujeron dos clausulas a favor de los acreedores, siendo una consecuencia de la otra. La primera es la cláusula de “acreedor más favorecido” (MFCC en inglés). Y la segunda derivada de esta, es la del “derecho a futuras ofertas” o RUFO en ingles, que es a la que generalmente se refiere la prensa. Sus versiones definitivas fueron aprobadas en enero del 2005 por el ministro Lavagna (Resolucion 20/95). Con ellas se consagró un compromiso de igualar a los holdin con el acreedor más favorecido, en forma parcial o mutilada. Al establecer en la MFCC que Argentina se reservaba el derecho de efectuar futuras ofertas de canje, o acuerdos con privados. Previendo que solo en el primer caso debían extenderse esas mejoras a los holdin, si las efectuaba antes del 1/1/2015, posibilidad que se reglamentaba con la RUFO. Lo cual le permitía a Argentina llegar a “acuerdos” con los holdouts, cuando le viniera en ganas, y sin consecuencia alguna, al no tener la obligación de extender sus mejoras a los holdin. Pero el dejar abierta esta posibilidad, desalentó la adhesión al canje. Por esa razón, para compeler a los bonistas a entrar al mismo, en febrero del 2005 se sancionó en forma exprés con un trámite de solo una semana, a pedido del PE, y sin que se le cambiara una coma, la ley cerrojo versión 2005 (26.017). Ley cerrojo versión 2005 Con ella se prohibió al PE reabrir el canje en un futuro y/o llegar a acuerdos con los holdout. De esta manera el Congreso estatuyo un inusitado repudio virtual de la deuda que quedó en manos de los holdout. Siendo esta la base de las sentencias que dictó Griesa en contra de Argentina referidas el pari passu o igualdad de los acreedores. De esa manera la MFCC – RUFO fue de hecho derogada, comprometiéndose a Argentina como condición expresa del canje, en forma indefinida, a no realizar ofertas de canjes futuras, ni acuerdos con los holdouts. En el marco de una oferta pública de títulos supervisado por la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) con todas las implicancias que ello tiene en defensa del inversor. Por lo cual contrario sensu, concordante con la promesa previa de la MFCC – RUFO, nace la obligación de Argentina de participar a los holdin de las mejoras que llegara a efectuar en ambos casos. Haciendo ello imposible llegar a ningún acuerdo con los buitres y holdout, como el que impulsa el juez Griesa con la mediación de Dan Pollack. No obstante los autores intelectuales de ambas, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen y el ministro Roberto Lavagna se presentan a cual más críticos respecto la actual situación, pese la directa responsabilidad que tienen en sus orígenes. La ley lleva la firma el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández. Otro acerbo crítico de la situación actual, que integra hoy las filas de Sergio Massa. Además ese compromiso fue ratificado con las sucesivas leyes anuales de Presupuesto hasta la fecha. Algunas de las cuales llevan las firmas de los entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y del jefe de Gabinete, Sergio Massa. También críticos de la actual situación, pese ser responsables de ella. No obstante hoy se ofrecen para formular salidas alternativas para el gravísimo problema en el que participaron en su generación. En el mensaje del proyecto de ley, firmado por Néstor Kirchner, Alberto Fernández, y Roberto Lavagna se decía: “… Por todo ello es que la oferta de canje no admite mejoras y debe considerarse definitiva… es la única que se compadece con la real capacidad de pago de nuestro país, por lo que se estima oportuno establecer que el Poder Ejecutivo nacional no podrá, reabrir el proceso de canje… Se establece asimismo la prohibición al Estado nacional de efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto de los bonos mencionados.” Completando este virtual repudio de la deuda en manos de los holdout, en el prospecto del canje se aseveraba que los bonos que quedaran en manos de los holdout, podían quedar en mora indefinidamente. Prometiendo además que el “Excedente de la capacidad de pago”, consistente en los dineros presupuestados para el pago de los bonos correspondientes a los holdouts, se destinarían a las recompras de deuda pactadas en el mismo canje. Como diciendo, “tu plata se gasto, y perdiste la oportunidad para siempre”. 

 En su trámite en diputados, la ley fue aprobada por 146 votos afirmativos, 8 negativos, y 30 abstenciones. Uno de los pocos objetores de ella fue el diputado MC Mario Cafiero, que premonitoriamente expresó que el repudio de deuda que implicaba la ley, podía derivar en un desastre “como el de República de Cromagnon”, y que se podrían producir embargos y entorpecimientos en los pagos como los que han sucedido. Ley cerrojo versión 2009 Para posibilitar la reapertura del canje del 2010, se sancionó a fines del año 2009 la ley cerrojo versión 2009 (26.547). Con ella se autorizó al PE a la reapertura del canje durante el año 2010. Estableciendo que sus términos y condiciones no podían ser “iguales ni mejores” a los del 2005. Y además quienes participaran en el mismo, debían renunciar a la acciones o demandas que hubieren iniciado, aunque contarán con resolución o sentencia a su favor. Prohibiendo ofrecer a estos “un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho”. En este canje podían participar quienes habían ingresado al del 2005. Por lo que no había perjuicio para estos por los efectos de la reapertura de un canje, que según la ley cerrojo del 2005 estaba cerrado para siempre. Ratificando a la par la continuidad de la promesa, de que no habría mejores ofertas futuras, ni acuerdos con nadie. No obstante si se puede decir que hubo perjudicados por el incumplimiento de esa promesa por parte de Argentina. Que no fueron otros que los holdouts que vendieron ínterin sus títulos a vil precio, desalentados por el supuesto cierre definitivo del canje del 2005. Y quienes los compraron y se presentaron al canje hicieron así una notable diferencia, que ha sido denunciada ante la justicia penal argentina. Involucrando al entonces ministro Amado Boudou, la consultora Arcadia, y los bancos intervinientes Barclays, Citibank, y Deutsche. Entre los compradores de esos bonos también está NML de Paul Singer, que no solo se benefició con la ley cerrojo 2005, sino que además le dio una vuelta de tuerca más. Al plantear gracias a ella la violación del pari passu o igualdad de los acreedores, que depararon las inusitadas sentencia de Griesa. Postura que se vio reforzada por la sanción de la ley cerrojo versión 2009, que abrió temporariamente el canje durante el 2010, y lo volvió a cerrar después. Ratificando así el virtual repudio de deuda consagrado con la ley cerrojo del 2005. Por su parte el gobierno argentino manifestó una enorme desidia, al desperdiciar la oportunidad que el mismo había creado, para comprar las acreencias de los holdouts por una quinta parte de su valor, en lugar de pagarla tres, cinco, o diez veces más, como sucedió con el canje del 2010 y sucede actualmente. Los norteamericanos dicen que cuando en un negocio uno no sabe quién es el tonto, el tonto es uno mismo. En el mensaje del proyecto de ley firmado por el ministro Amado Boudou, y el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, se expresaba que en ella se incluían “parámetros de trato igualitario entre todos los tenedores de los títulos elegibles, sin perjuicio de que hubieran iniciado o no acciones judiciales, administrativas o arbitrales, lo que implica una decisión política del ESTADO NACIONAL… “. La ley fue promulgada de hecho y su trámite en el Congreso solo duró tres semanas, sin que se le cambiara una coma al proyecto del PE. Pese su trascendencia, ya que junto con la del año 2005, figura en los fundamentos del juez Griesa y la Cámara de Apelaciones de Nueva Yor, para el dictado de las sentencias contra de Argentina que descerrajaron la actual crisis. 

 Ley cerrojo versión 2013 Recién tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que convalidó la inusitada sentencia de Griesa, el gobierno atinó a derogar la ley cerrojo del 2005 mediante la ley cerrojo versión 2013 (26.886). Tratando de mostrar voluntad de pago ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, ante la cual apelo el falló de la Cámara, para revertir la tenaz falta de voluntad de pago manifestada previamente. La cual no obstante quedó claramente acotada a las promesas efectuadas previamente a los holdin, en forma implícita en la ley cerrojo del año 2005, y en forma explícita en la del 2010. En el sentido de que definitivamente no iba a ver mejora alguna respecto los términos concedidos en el canje del 2010. Ratificando que los holdout que adhieran a la reestructuración, deben renunciar a los derechos reconocidos por cualquier sentencia judicial o administrativa, prohibiendo además ofrecerles un trato más favorable. En el mensaje del proyecto de ley con la firma de Hernán Lorenzino y Juan M. Abal Medina, se expresaba elocuentemente, como confesión de parte que puede ser usada en contra de Argentina, que “Este juego armónico de la Cláusula RUFO y no solo de las leyes Nro 26.017 y 26.547, sino de las leyes de presupuesto desde el año 2004, es una clara y cierta demostración de que para la Argentina la equidad entre acreedores resulta ser una piedra basal de este proceso de reestructuración de deudas”… es, no solo una obligación asumida contractual y legalmente, sino también una Política de Estado.” Pese a ello, la ley fue sancionada expeditivamente, sin cambiarle una coma al proyecto del PE, en solo dos semanas. Y esta trabazón de sucesivas promesas efectuadas por Argentina a lo largo de una década, o RUFOR EVER, es la que impide hacer ofertas o llegar a acuerdos con los holdouts, que impliquen alguna mejora respecto a los holdin. Sin que nazca la obligación de hacerlas extensivas también a estos. La búsqueda de una fuente alternativa de divisas por parte del gobierno Para tratar de zafar de la actual situación que ha impedido a Argentina el acceso mercado de deuda, el gobierno emprendió una serie de medidas con vistas a obtener divisas de las que hoy carece Argentina, de cualquier manera, aunque sea en condiciones ruinosas. En reemplazo de las que pensaba obtener en la plaza de Nueva York, con los arreglos del CIADI, REPSOL, y CLUB de Paris, etc. Tras haber dejado que se fugaran u$s 90 mil millones en la última década. Curso de acción que los fallos adversos de la justicia de Estados Unidos abortaron definitivamente. Como curso de acción alternativo, el gobierno concretó apuradamente el acuerdo de swaps con China. La prolongación del blanqueo de capitales con los CEDIN, incentivando a los bancos con comisiones al efecto. Y la sanción de una nueva ley de abastecimiento, con la que se formalizan las acciones de hecho que venía desplegando la secretaría de Comercio, inauguradas por el ex secretario Guillermo Moreno. Con el evidente objeto de procurar que siga andando una economía renga por falta de divisas. Haciendo para ello de cumplimiento efectivo, las multas y sanciones que esa secretaría aplica. Y que incluso le permitiría al gobierno, meter mano en forma compulsiva en los silos bolsa desparramados a lo largo y ancho de la pampa, para liquidar la cosecha que actualmente se encuentra retenida. A ello se sumó la sanción de una ley petrolera entreguista, a costa de las provincias, similar a la que promulgaron Menem y Cavallo para proteger el supernegocio de las megamineras. Sin ninguna preocupación en ambos casos por la cuestión ambiental. Con la cual puede contar con una valiosa moneda de cambio, que se puede entregar por bajo la mesa, para canjear la cuestión de los buitres por una generosa explotación de Vaca Muerta. 

 Un plan parecido al que tenía Galtieri, cuando acometió la aventura de Malvinas, con la idea de cambiar el petróleo de las islas, por la soberanía sobre ellas. Por ello también acometió entonces una reforma de la legislación petrolera, a la par que preparaba los planes militares sobre Malvinas. Por esta razón, sumada a la del déficit energético y fiscal, el gobierno prácticamente liberó el precio interno de la energía y combustibles, especialmente la nafta y gas natural. Que han superado los niveles internacionales, y parecen estar al margen de los “precios cuidados”. Pese a que menos de un 20 % de esa energía es importada. Asegurándole así formidables ganancias a los inversores externos, que por su parte detentan dos tercios de Vaca Muerta, y el 50 % de YPF. O sea que por ambas vías, detentan la parte petrolera del león en Argentina. Y muy poco capital nuevo traerán, dado que la parte sustancial de sus inversiones la costearán con la reinversión de sus utilidades, obtenidas a costa de los sufridos bolsillos de los argentinos. A la par la sanción de esa ley petrolera, le permitirá a la Presidenta zafar de la investigación judicial por abuso de autoridad en la firma del decreto petrolero (929/13). Con el cual violando la ley de hidrocarburos, posibilitó la firma del contrato con Chevrón. La movida ante la Corte Internacional de La Haya seduciendo con Vaca Muerta El gobierno radicó también una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de La Haya, que está basada en una especiosa distinción. Consistente en que Argentina al decidir la reestructuración de la deuda de los años 2005 y 2010, habría actuado como soberano (iuri imperii) y no como comerciante (iuri gestionis). Razón por la que los fallos de la justicia de Estados Unidos tendientes a “compeler” a Argentina al pago de los buitres, mediante impedirle el pago de esos canjes soberanos, violaría la inmunidad soberana de Argentina. Pretendiendo de esta manera repetir el éxito logrado frente al embargo de la fragata Libertad en Ghana, con la intervención del tribunal internacional de Hamburgo. Pese a que las declaraciones que hicieron por entonces el presidente Kirchner y el ministro Lavagna, no se compadece mucho con esa postura. Con el agregado que los bonos que emitió Argentina a los efectos de esos canjes, los hizo como mero comerciante, bajo la tutela de la SEC. Y no obstante que en los bonos en default emitidos en la década de los ´90, cuyas demandas se ventilan ahora en el tribunal del juez Griesa, Argentina hizo una renuncia amplísima de su inmunidad soberana, en el sentido más lato. Con la cual el fondo buitre NML logró el embargo de ese bien militar, pese estar protegido por las leyes de Inmunidad Soberana. Y en base a esa renuncia Griesa bien podría justificar el desconsiderado trato como país soberano que le está propinando a Argentina, como si se tratara de un comerciante fraudulento. A ello se agrega que la jurisdicción del tribunal de La Haya es optativa para Estados Unidos, quién de entrada dijo nones. Razón por la cual previsoramente Argentina expresó en su presentación ante La Haya, que en tal caso Estados Unidos tiene “la obligación de indicar un medio de solución pacífica para resolver la controversia”, conforme la Carta de la ONU y la OEA. Por lo que “de no mediar la conformidad de los EEstados Unidos respecto de la competencia de esta Corte, la Argentina advierte que la notificación de la demanda debe ser tenida como una intimación a aquel país a cumplir la obligación de convenir en cualquier procedimiento que permita alcanzar una solución a la presente controversia”. Se jugó así a cara o cruz con ella, insinuando a la par el petróleo de Vaca Muerta como señuelo, o pato para una posible boda, con la utópica esperanza de poder llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Que por caso, dicte una ley consagrando la intangibilidad de los clearing y sistemas de pagos, y prohíba que decisiones judiciales puedan entorpecerlos, como hizo el juez Griesa. Imitando de esa manera la solución que adoptó Bélgica, tras las exitosas andanzas judiciales que desplegó allí el fondo buitre NML – Elliot – Singer contra Perú y el Congo, a los efectos garantizar a ese país como plaza financiera. A ello podría agregarse una modificación de la ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos, que además de disponer lo mismo, impida incluso que un país soberano se vea obligado a descubrir sus bienes. Anulando así en la práctica los fallos que dicto la justicia de Estados Unidos contra Argentina en tales sentidos. No obstante ello solo sería un paliativo, que evitaría el default de la deuda performing, pero dejaría enteramente subsistentes los fallos a favor de los buitres y holdouts. La apuesta técnicamente podría resultar factible, pero sus chances políticas son cercanas a cero. 

Dado que el presidente Obama no logra sacar limpiamente en el Congreso de Estados Unidos, ni las mismas leyes que él impulsa. Sin tener en cuenta la poderosa capacidad de lobby de Paul Singer, que cuenta con un notable ascendiente no solo en el Partido Republicano, sino también en el Demócrata. Habiendo incorporado recientemente a la ex secretaria de Estado Madeleine Albright como su consejera. El poder de lobby de Singer se manifestó con todo su esplendor, con la limitación que logró en el año 2004, por parte del poder Legislativo de Nueva York, respecto la Champerty Defense. Que prohíbe la compra de deuda para litigar, a los fines de evitar abusos en el proceso legal. Singer logró que ella se limitara hasta los 500.000 dólares, asegurando así lo que es el eje esencial en la actividad de los fondos buitres, que no se conforman con piezas menores. No obstante esperanzado en sacar adelante esa utópica salida, el gobierno insistió con ella, a la par que lanzaba el proyecto de ley para cambiar el domicilio de pago a los holdin. Lo hizo en una conferencia de prensa en la que intervinieron el jefe de Gabinete Capitanich, el canciller Timerman, y la consejera Legal de la Cancillería, Ruiz Cerrutti. En la cual Timerman denunció que EEstados Unidos no contestó “ni al país, ni a la Corte si acepta dirimir la controversia nacida de las decisiones ilegales que su país permitió, violando la soberanía de la Argentina”. Por su parte gobierno de Estados Unidos reiteró a través de un vocero del departamento de Estado que dicha corte "no es el lugar apropiado" para dirimir una cuestión financiera. Y urgió a Argentina a que “se comprometa con sus acreedores para resolver las cuestiones pendientes" con los holdout. Deslizando a la par que la no respuesta a esa demanda, implicaba una negativa a aceptarla. La movida ante la ONU por las restructuraciones de deuda soberana Ante ello el gobierno emprendió otro curso de acción desesperado, anunciado recientemente con bombos y platillos por el ministro Kicillof y el canciller Timerman en conferencia de prensa. En la que se empeñaron en embestir rudamente contra el juez Griesa y los fondos buitres, afirmando que “son un parásito del sistema financiero internacional que tienen que desaparecer", evidenciando así cual es su verdadero objetivo. El mismo consiste en promover en la ONU una Convención para la regulación de la reestructuración de deudas soberanas. Para que una minoría de acreedores no pueda voltear el arreglo aprobado por la mayoría, como se acostumbra en la economía privada. Kicillof cayendo en la hipérbole, afirmó que el objetivo de ella “es hacer sostenible el sistema financiero internacional y permitir el crecimiento de los países endeudados”. Ya que existen 75 billones de dólares en deuda internacional, por lo que la regulación propuesta “ayudará a que muchos países deudores no tengan el mismo problema que Argentina… Hay un vacío legal y Argentina se encuentra presa de esa condición… El fallo del juez Griesa impide a los países la reestructuración. Por eso es importante es importante que la comunidad internacional se pronuncie”, exhortó Kicillof. "Si la mayoría vota afirmativamente, en menos de un año la Argentina habrá dado al mundo una Convención para resolver en forma justa, equitativa y no bajo amenazas de un sistema que pueda establecer un juez o un país, sino en base a lo que resuelvan todos los estados miembros de las Naciones Unidas", afirmó Timerman con tono de epopeya. Por su parte Kicillof dijo que la situación que enfrenta Argentina con los fondos buitre “es un "leading case" en el sistema financiero y judicial internacional”… El resto de los países nos ha pedido que transmitamos esta experiencia para que nunca más pase lo de Griesa, nunca más pase un reclamo como el que formula Singer". Asoció así el pedido de “desaparecer• a los fondos buitres, con el nunca más de los desaparecidos. Pero lo menos que se puede decir objetivamente respecto la propuesta, es que a esta altura ese convenio es extemporáneo e inconducente. Ya que desde la crisis de deuda del 2000, en las posteriores emisiones de deuda soberana se insertaron cláusulas de acción colectiva (CCC) donde una mayoría puede imponer su criterio a la minoría, que permiten concretar lo que Kicillof propone que la ONU reglamente. 

 Un ejemplo claro de ellos es la que citó el mismo ministro, refiriéndose a la normatización que hizo ICMA (Asociación Internacional de Mercados de Capitales) que nuclea a 460 miembros en 53 países, con el apoyo de Estados Unidos, respecto las CCC. Con el objeto de que “una minoría de acreedores no pueda bloquear acuerdos de reestructuración de deuda soberana” o sea el mismo objetivo proclamado por Kicillof. Por la existencia de esas clausulas en las nuevas deudas, en su fallo contra Argentina la Cámara de Nueva York afirmó que era un “caso único” y no un caso líder, que no creía que se repitiera en un futuro. Pero claro, lo que Kicillof pretende, en contra de lo que suele decir el derecho, es que esa regulación se aplique retroactivamente. Exigiendo al respecto “no queremos que el caso argentino sea un simple ejemplo de estudio; queremos que la Convención llame a la lógica económica y que se aplique también, por resolución de un órgano superior, al fallo del juez Griesa”. Con la remota esperanza que la Asamblea de la ONU le saque las castañas del fuego a Argentina, porque no nos animamos a hacerlo por nuestra cuenta, como se plantea al final. El cambio de lugar de pago de los bonos Por último, como era de esperar con la vigencia de la RUFOR EVER, y la negativa cerril por parte del gobierno a aceptar la solución ultraortodoxa que se describe más adelante, no le quedó a este otra salida que tratar de cambiar el lugar de pago de los bonos. Pese que el juez Griesa le había ordenado directamente a “mister Kicillof”, que se abstuviera de hacerlo, como si fuera un subordinado suyo y no de la Presidenta. Por esa razón trató de revestirlo como un acto soberano, de iuris imperii, y no de iuri gestionis, como comerciante, haciendo intervenir al Congreso mediante el proyecto de ley. Ese es el verdadero objeto de sus artículos 1 y 2, que el grupo CLARIN – LA NACION y la oposición del Congreso bobamente, como si se tratara de una cuestión trivial, y no de una grave cuestión de estado, los descalifica diciendo que buscan “proteger a Boudou”. Mostrando así estar engranados puerilmente con este personaje, más allá del dolo en que pueda haber incurrido en el canje del 2010. Que la ley en cuestión está lejos de consagrar su impunidad, si es que hubo tráfico de información privilegiada como se lo acusa. No obstante del texto de la ley surge claramente la intención de alejarse lo menos posible de Estados Unidos y de Nueva York, ya que propone como lugar de pago Argentina, pero también abre la posibilidad de que los holdin designen por su cuenta un nuevo fideicomisario. Y por ende un nuevo domicilio que les asegure los pagos. Lejos de los tentáculos de Singer y el juez Griesa, que han demostrado tenerlos muy largos, al paralizar los pagos de Argentina a los holdin en casi en todo el mundo. De esa manera también se trata de disimular la resbaladiza cuestión, de que generalmente el lugar de pago, donde se cumple el contrato, fija también la jurisdicción a la que se debe recurrir. Formula que vale cuando esta última no se enuncia expresamente. Pero no obstante la cuestión no resulta nada novedosa, pese al escándalo que suscitó en una oposición, que parece obtener su información solo de la lectura de los diarios no oficialistas. Ya que en el prospecto del canje del 2005, se preveía que la jurisdicción, y lógicamente el lugar de pago, sería en Argentina, ante el caso de que no se llegara a tiempo a formalizar el contrato de fideicomiso, que luego se concretó con el BoNY (Banco of The New York). Conforme la “clausula adicional” que figura en el anexo aprobado por el decreto 1911/04. Con el agregado que en tal caso los holdin tendrían un plazo de 6 meses, para optar cambiarlos por bonos bajo jurisdicción extranjera. Por lo que se puede ver, no hay nada nuevo bajo el sol, pese la alharaca de algunos opositores. Que se automofan de la posibilidad de la jurisdicción argentina, poniendo como ejemplo al juez Oyarbide, y por ello convalidan la de Nueva York. Pese que alternativamente existen formas menos denigrantes que someter a la República a un simple juez de allí, como si fuera un mero ciudadano o comerciante, que debe permanecer respetuosamente parado con el sombrero en la mano, ante un juez ordinario. Sujeto a los extremos oprobiosos que se pueden ver actualmente con la actuación de Griesa. Por caso Ecuador, que en su nueva constitución prohíbe la cesión de jurisdicción soberana, ha encontrado mediante la figura del arbitraje una figura ubicua, que pone lunga distancia a que una República se someta a los tribunales de otro país, como un vulgar ciudadano del mismo. Y no obstante que en el 2008 se declaró en virtual default e investigó su deuda externa, ello no impidió recientemente colocar deuda externa soberana, por un monto de u$s 2.000 millones. El resto del proyecto de ley es solo bambolla, como la oferta de canje a los holdouts, que dos veces rechazaron ingresar a ellos. Y el depósito o consignación de sus acreencias en un fideicomiso, que en todo caso debió haberse hecho diez años antes, en el 2005, para mostrar así voluntad de pago. Pero por contrario, absurdamente entonces el ministro Lavagna y el secretario de Finanzas Nielsen, prefirieron destinar esos dineros a las recompras comprometidas de deuda (“Excedente de capacidad de pago”). Como otra torpe manera de decirles a los bonistas que el repudio de la deuda iba en serio, para compelerlos a ingresar al canje. De esta manera con astucia femenina, además de abrir una ventanilla de pago alternativa, desafiando al juez Griesa, la Presidenta manifestó una vez más la voluntad de pago, como “pagadora serial”. Pese que antes no la tenía con los holdouts, y derivó en los fallos de Griesa. Con el evidente afán de trasladar las culpas de un futuro default a Estados Unidos, la justicia de New York, y el juez Griesa. 

 Y así, si el gobierno dice que quiere pagar, y el acreedor no viene a cobrar, al gobierno no le vendrán nada mal que esas divisas sigan depositadas en el Banco Central, formando parte de sus reservas, en la actual situación de penuria de divisas que padece. Haciendo honor al dicho “no hay mal que por bien no venga”, si además se le echa la culpa al juez Griesa. El tácito reconocimiento de culpas por parte del gobierno Sin embargo en el mensaje del proyecto de ley firmado por la Presidenta y Jefe de Gabinete, quedan evidentes las culpas del gobierno. Al reconocer que conocían el antecedente de las sentencia referidas al pari passu promovidas por el fondo buitre Elliot - NML en la corte de Bélgica. Señalando que a esos efectos, tempranamente solicitaron un pronunciamiento por parte del juez Griesa, quién eludió olímpicamente hacerlo. Pero seguidamente no tomó prevención alguna en tal sentido. Solo la de señalar en los prospecto de los bonos que podría haber obstaculización en los pagos. Al mismo tiempo que por contrario, amenazaba que los bonos en manos de los holdout podrían quedar en mora indefinidamente, dando así basamento a las acciones de NML. Reconociendo empero en el mensaje, que las leyes cerrojos de los años 2005 y 2010, fueron las que motivaron los fallos adversos de Griesa en relación al tema. A la par que mendazmente le echa la culpa a la cláusula RUFO, de la imposibilidad de llegar al acuerdo con los buitres que promueve el juez Griesa, sin tener que trasladar sus mejoras a los holdin. Pese a que ella solo se refiere a futuras ofertas voluntarias. Estando por contrario el gobierno expresamente autorizado a llegar un acuerdo con ellos, sin consecuencia alguna, por efecto de la cláusula MFCC (“Recompra de los Títulos Elegibles que permanezcan en Circulación; Ofertas de Canje Posteriores”). Ocultando de esta manera que la imposibilidad surge de las leyes cerrojos, sancionadas irresponsablemente y velozmente sin el menor análisis de sus alcances por el Congreso, a pedido del PE. Y exagerando la exculpación propia, seguidamente también culpa al Congreso por la imposibilidad de llegar a un arreglo con los buitres, por la sanción de la ley cerrojo del año 2013, dictada a instancias suya. O sea que todas las culpas son de los buitres o el Congreso, sin responsabilidad alguna del PE. El relato en el mensaje del proyecto de ley que en vez de sumar resta Por contrario, ejerciendo su habitual auto panegírico, como si los canjes del 2005 y 2010 no estuvieran en crisis, el gobierno afirma que ellos fueron “el proceso de restructuración de deuda soberana más grande, complejo y exitoso que algún país haya enfrentado”. Y más adelante señala que “desde el 2003 la República se embarcó en una férrea política de desendeudamiento… Actualmente, la deuda de los argentinos, que en el año 2002 representaba aproximadamente el 166% del PBI, ha pasado a representar en moneda extranjera, una suma menor al 10% del PBI”. Por un lado la “férrea política de desendeudamiento” no se manifiesta en la práctica, al ser la deuda actual un 66 % superior a la del 2002. Pasó de u$s 122 mil millones a fines de ese año, a u$s 202 mil millones a fines del 2013. Y tampoco en los documentos emitidos entonces por el ministerio de Economía (Argentina ADSP) donde se planeaba tomar deuda por u$s 58 mil millones hasta el 2015. Importe que por su parte la AGN calculó en u$s 38.000 para el mismo periodo, solo correspondiente al canje del 2005. Y como acostumbra el gobierno también recurre a las mentiras estadísticas, que son las más bobas de todas. Cuando dice que la deuda era del 166 % del PBI en el 2002, año en que el peso se devaluó a una tercera parte. Si se toma la deuda de ese año con el PBI en u$s correspondiente al último trimestre del 2001, la deuda pública era de solo el 48 %. Y actualmente también es del 48 %, si se toma para el cálculo del PBI en u$s el dólar oficial, pero trepa al 77 % si se toma el dólar blue. Respecto la afirmación que la deuda pública externa es de un 13 % del PBI, cabe apuntar que si se toma el dólar blue trepa a un 21 % del PBI, cerca del límite del 30 % que se considera el máximo aconsejable. Y seguidamente cae directamente en la falta de seriedad, al asegurar haber “pagado en concepto de capital e intereses, entre el año 2005 y el año 2013, más de u$s 190.000 millones… sin por eso amenazar el proceso de crecimiento con inclusión social iniciado en 2003.” Con lo cual la deuda estaría casi extinguida, lo que no se compadece que por contrario, aumentó u$s 80.000 millones ínterin. A continuación cae en una broma de mal gusto, cuando exalta los acuerdos recientes con el Club de Paris y REPSOL. Arribados apuradamente y dispendiosamente, con miras a obtener un fallo favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y así poder tomar nuevamente deuda externa en este país, objetivo que se vio abortado por el fallo adverso de esa corte. El “novedoso mecanismo de pago con el Club de París”, consistió en un absurdo reconocimiento de punitorios, que aumento un 60 % el total de esa deuda. Y el acuerdo con REPSOL, “consiguiendo una quita superior al 50% respecto al reclamo presentado en el CIADI y el pago a más de 10 años”, representó un pago con bonos a valor del mercado internacional, cuando los liquidó REPSOL, por u$s 5.228 millones, que devengarán intereses por otro tanto. Quedándose así los españoles con una yapa de u$s 228 millones, que a Argentina mas sus intereses le costará u$s 517 millones. Además de quedar liberados de todas las demandas ante la justicia, y los pasivos ambientales dejados a lo largo y ancho del país. Pese a que supuestamente cuando se anunció su estatización, no se le iba a pagar un peso. En un país normal, negocios de esta índole habrían eyectado de sus puestos a los funcionarios que los concretaron. Sobre el final prosigue con el autobombo al afirmar que “corresponde que el Estado Nacional continúe defendiendo su exitoso proceso de reestructuración de deuda soberana que le permitió al país experimentar el mayor período de crecimiento con inclusión social de su historia”. Sin advertir que lo exitoso evidentemente sobra, ya que está requiriendo auxilio al Congreso para lograr que no fracase definitivamente. Y que por otro lado el crecimiento neto del PBI per capita, entre el 2003 y 2013, dejando de lado el rebote que hubo tras su caída desde 1998, fue solo del 25 %, según las infladas cifras del INDEC. O sea a una dudosa y pobre tasa del 2,3 % anual, enteramente insuficiente a las necesidades sociales de Argentina. Haciendo que un tercio de su población continué en riesgo de exclusión social, conforme los parámetros de la OCDE, igual que en la denostada década de los ’90. La imbricación con la cuestión del petróleo Empero no falta a la verdad cuando dice que “anteriores experiencias han demostrado que cuando los recursos financieros no son suficientes los países deben recurrir a hipotecar sus activos estratégicos y sus recursos naturales. En tal sentido, sorprende un artículo recientemente publicado en el sitio web de la American Task Force Argentina (“AFTA”) en el que se relaciona el pago a los fondos buitre con la propiedad de Vaca Muerta, el segundo reservorio de gas no convencional del planeta que está en la Patagonia argentina.” No obstante, a la luz de los acontecimientos recientes protagonizados por el gobierno en relación a Vaca Muerta, parece que también se hipotecan los activos estratégicos y recursos naturales, para empatizar con sectores influyentes de otros países, a los efectos de tratar de obtener fallos favorables de jueces extranjeros. Que aplican la ley extranjera y no la nacional, como consecuencia de haber prorrogado la jurisdicción a favor de ellos, y renunciado a la inmunidad soberana. En tal sentido la Presidenta debería explicar el súbito giro en la política petrolera que concretó a fines del 2012, simultáneamente que quedara firme el inédito falló del juez Griesa. 

Abriendo paso a los contratos con Chevron y otras megapetroleras norteamericanas, cuyo contenido la opinión pública desconoce enteramente. Poniendo en evidencia la existencia de un intento de canje de módicos pasivos judiciales, por inmensos activos físicos. Que parece seguir vigente ahora, a los efectos de tratar de llegar a una solución de estado a estado con Estados Unidos, a través de la demanda ante la Corte de La Haya, o una solución alternativa. Como conclusión se puede decir que el relato es apto para sonsacar votos, y confrontar con adversarios. Pero no para concitar la ayuda de estos, cuando la dura realidad golpea las acciones del gobierno, y sus supuestos éxitos se encuentran en grave peligro. Siendo por contrario indispensable en tal caso apelar a la verdad, y actuar con seriedad, cualidades que brillan por su ausencia en el accionar del gobierno. La notable improvisación y atolondramiento por parte del gobierno Por contrario es notable la improvisación y atolondramiento con que el gobierno y el Congreso han conducido toda la cuestión. Como lo evidencia la sanción expeditiva de las leyes cerrojo, en tiempo record y sin mayor reflexión. Con las cuales según sus últimas versiones, la Presidenta Fernández de Kirchner con la necia ayuda del Congreso, ató definitivamente su suerte a la de los fondos buitres. Dispuesta a triunfar o hundirse con ellos en el océano de la deuda, igual que el capitán Abab con la ballena blanca asesina Moby Dick. En el anunció de la presentación de la demanda contra Estados Unidos ante la Corte de La Haya, la Presidenta dio otra muestra de ello, al tomar atolondradamente una nota publicada el día anterior en el diario inglés The Guardian. Referída a las supuestas facultades que tendría el presidente de Estados Unidos, para interferir en los dictámenes de la justicia de ese país, cuando están en juego las relaciones internacionales. Basada en una supuesta “cláusula extraordinaria de separación de poderes” o commodity. Ponía como ejemplo de ella, el bloqueo que habría hecho el presidente Bush, a un intento de embargo por parte del fondo buitre NML contra el Congo. Al respecto el licenciado en leyes Ramón Peralta aseguró públicamente que se trataba de “un nuevo y grave furcio de la Presidenta”, ya “no existe tal facultad extraordinaria en la doctrina constitucional de Estados Unidos”: “… en éste caso que menciona Cristina, fue el Congreso de Estados Unidos el que facultó al entonces presidente de Estados Unidos por Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 USC 1701-1706). Con la cual por Orden Ejecutiva 13413, el Presidente George W. Bush declaró una emergencia internacional para la República Democrática del Congo, que fue la que levantó todo tipo de embargos impuestos, incluyendo el del Fondo NML (de Paul Singer), de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.” Otra notable muestra de improvisación y atolondramiento con que se lleva adelante la cuestión, consistió en el cargo que hizo en otra de sus intervenciones, contra la empresa norteamericana Donnelley, con motivo de su quiebra. Asegurando que era la primera sobre la que iba a caer la ley de antiterrorista, sancionada en el 2011 a pedido del GAFI y a contrapelo de la opinión pública. Afirmó al respecto que se trataba de una maniobra de los fondos buitres, deducción a la que arribó por la venta de acciones de Donnelley, que habría hecho unos meses antes NML a BlackRock. 

No obstante que el CEO de esta última compañía había sido uno de los amicus curiae, que se presentó ante la justicia de Nueva York, a favor de Argentina y en contra de NML. Por lo cual la acusación presidencial, parece en el fondo ser un despechado reclamo contra este poderosísimo fondo de inversiones, que esconde los intereses del grupo Rockefeller. Por no haber podido sacar adelante el fallo de la Corte de Estados Unidos a favor de Argentina. Siendo esta la componenda petrolera que se escondería detrás del contrato de YPF con la Chevron de los Rockefeller. Sin embargo este cargo de terrorismo empresario, en momentos en que resulta indispensable fortalecer la inversión por parte de estos, sumado a la alarma empresaria que cundió con el proyecto de la nueva ley de abastecimiento, y al hecho de que la Presidenta iba a concurrir al festejo del aniversario de la Bolsa de Buenos Aires, obligó a que trascartón saliera el presidente de la CNV (Comisión Nacional de Valores) a aclarar que se trataba de una “confusión”. Que lamentablemente parece abundar en el gobierno, en momentos en que debería tener todas las luces prendidas, para poder revertir los graves errores acumulados hasta ahora. No obstante ello, mostrando la plasticidad del relato del gobierno por parte de sus panegiristas, el furcio le permitió a estos justificar la sanción de la ley antiterrorista. Destinada a atrapar en esa figura a revoltosos que reclamen con alguna vehemencia contra el gobierno. Pero que no había recaído sobre un manifestante revoltoso, sino supuestamente contra una compañía yanqui. El inefable proyecto alternativo anunciado por Massa Por su parte Sergio Massa con su elenco de “economistas de lujo”, entre los cuales figura uno de los autores del desastre, Roberto Lavagna, en su afán de diferenciarse pero no tanto, presentó un proyecto alternativo. Para según sus dichos, tratar de “pavimentar” el camino de tierra con el gobierno ha tratado de evitar el piquete o casilla de peaje del juez Griesa. Pero conforme trascendió a la prensa, dicho “pavimento” para mantener supuestamente a Argentina en la “autopista de los mercados”, evidencia tener errores garrafales. Por lo que más bien parece ser un proyecto solo para la tribuna. En el mismo se propondría eliminar los dos primeros artículos del proyecto de ley oficial, para supuestamente no brindarle impunidad a Boudou. Cuando el objeto de ellos como se dijo, en realidad es el de contraponer ante Griesa un acto soberano de iuri impeerii, y no de iuri gestiones como simple comerciante. Razón por la que el cambio de lugar de pago no se dispuso por decreto. Por otro lado da por sentado equivocadamente de que la RUFO vence el 31 de diciembre, pese la existencia de la RUFOR EVER, por efecto de las leyes cerrojos. Y tampoco parece advertir que ese proyecto igual configuraría un supuesto desacato al juez Griesa. Que no solo ordenó que no se cambie el lugar de pago ni la jurisdicción de los bonos en poder de los holdin, sino que también prohibió que se pretendiera burlar su orden de cualquier otra manera. La matización que se introduce en el mismo, como niños tratando de hacer los deberes de la City bajo la batuta del ex kirchnerista Martín Redrado, es cambiar el lugar de pago en la filial del Banco Nación en Uruguay, donde rige la inembargabilidad de los fondos públicos, en caso de que se mantenga la jurisdicción de Nueva York. Y en la Caja de Valores de Argentina, en caso que se opte por esta jurisdicción, con el agregado que pueden ser reversibles, y volver su situación original, cuando se solucione la cuestión. La muestra más notable de que poco entienden Massa y sus asesores del entresijo, es la pretensión de que los fondos buitres y holdouts renuncien a sus derechos derivados de las sentencias. Y se avengan a recibir solo una quita del 50% del capital de los títulos que tienen en su poder, en vez del 65 % que se practicó en los canjes del 2005 y 2010. Como se ve, se trata de darle un placebo a un enfermo de cáncer, palmeándole amistosamente la espalda para conseguir su voto. La postura del juez Griesa que ordena un acuerdo imposible y apercibe al Congreso Inmediatamente después de anunciado el envío del proyecto de ley de cambio de lugar de pago a los holdin, el juez Griesa concretó una audiencia pública a pedido del fondo buitre NML. Solicitando que se encuadrara a Argentina en desacato, y se la penalizara por ello. A su finalización el juez senior, que por sus 84 años edad se evita recargarlo de laburo, hizo diversas consideraciones revestido de su toga medieval. Que van desde el apercibimiento al Congreso de que la República Argentina cometería desacato, si aprueba dicho proyecto de ley, hasta el humor. Conforme se puede apreciar en la transcripción y traducción de ellas en el anexo. Un observador desapasionado diría que el chiste mayor que se mandó Griesa, fue que un juez extranjero, hablando en un idioma extranjero, pueda apercibir a una Republica soberana. Y a su Congreso, representante del pueblo soberano. Amenazándolos de sanciones si no cumplen lo que ordena. El otro rasgo de humor es la metáfora que realizó de Argentina, narrando la compra de una casa por parte de una persona, que dispone pagar menos por ella que el precio pactado. Considerando que lo que entregaba ya era un “montón de dinero”, y que su familia estaba lista para entrar a vivir en ella. Acotando que de esa forma “se ríe de la vecindad”. 

Dejó claro así Griesa, que la injuriosa estatura que le da a Argentina, es la de un vecino más, y no una nación de 40 millones de habitantes. En concreto Griesa dijo que Argentina, al no cumplir en forma completa la obligación impuesta por el tribunal: “Está en una posición fuera de la ley. ¿por qué la República debe tomar tal posición? Realmente no lo sé. Pero si se trata de racional o irracional o lo que sea, es una posición fuera de la ley”. Aceptando implícitamente así que la justicia puede ordenar actos irracionales, sin dejar de ser justicia. Pero que no se pueden desacatar, aunque afecten a 40 millones de personas. En cuanto al proyecto de ley, reconoce el argumento de los abogados de Argentina “de que cualquier acción por esta Corte es prematura, ya tiene que ser aprobado por el parlamento, y ello no se produjo. En circunstancias normales, yo estaría de acuerdo con Mr. Book (abogado de NML). Pero nosotros no tenemos circunstancias normales”. Sumando así a la irracionalidad la anormalidad. Tras reseñar en qué consiste el proyecto de ley, afirma: “Este proyecto es una violación de las órdenes actuales de este Tribunal y del Segundo Circuito. Es ilegal, y la Corte establece que no puede llevarse a cabo. Lo que las órdenes y mandatos actuales requieren es el servicio de la República con todas sus obligaciones. Por lo tanto, el proyecto del 19 de agosto no es una manera lícita de cumplir las obligaciones de la República.” Y seguidamente hizo una enfática defensa de la jurisdicción del tribunal, y la sujeción de la República Argentina al mismo, como un vulgar ciudadano de los Estados Unidos, lo que debería hacernos reflexionar a todos los argentinos. Reconociendo empero que sus fallos acarrean problemas: “El proceso actual se ha establecido durante años - y se remonta al contrato original de los bonos originales-. Los problemas que resulten por defecto, serán manejados por esta Corte; no en Argentina, sino en esta Corte, el tribunal federal de Nueva York. Y eso es lo que ocurrió durante años. Y cuando los problemas han surgido, la República ha venido a esta Corte. La República no ha ido a Argentina; la República ha llegado a esta Corte para conocer temas que han surgido en los últimos años. Así que el procesamiento de litigios, en su caso, sobre los bonos canjeados continuarán residiendo en el Distrito Sur de Nueva York, y todos los pagos deben estar en conformidad con el mandamiento judicial que está en vigor. Seguidamente apercibió que “cualquier entidad que asista a la República Argentina para evitar el fin básico de este Tribunal, sería una clara violación” a sus órdenes. Y volviendo al pedido de NML dijo: “si hay desacato, es algo que puede suceder oportunamente y se tratará en el acto”. Confiando no obstante en la posibilidad de llegar a un “acuerdo”, pese que justamente es lo que prohíbe la sucesión de cláusulas MFCC – RUFO y leyes cerrojo. Que en el caso de existir podría disparar los montos necesarios para solucionar la cuestión a niveles siderales. Sosteniendo empero Griesa “que no hay otra solución” que el acuerdo, haciendo así a sus órdenes de cumplimiento imposible. “En este caso, está claro como puede ser que de alguna manera, en algún momento, y, espero, más pronto que tarde, habrá un acuerdo. No puede haber otra solución. Hay cuestiones en el camino, pero que pueden ser tratados. Hay una gran master especial competente y con la experiencia que tiene, el tribunal le ha dado la responsabilidad de ayudar a encontrar un posible arreglo. Si la República puede evitar más actividades ilegales, como la del proyecto del 19 de agosto, y espero que Cleary Gottlieb sea llamado a dar su consejo en esto, para que la República pueda evitar eso, y podamos tener un proceso conducente a un acuerdo, que es el camino que debe tomarse.” 

 Pero por contrario en el caso de no llegarse a ese acuerdo imposible, condena a Argentina el default de toda su deuda, lo que escapa enteramente al sentido común. Al transformarse así la sentencia de pagar a unos y otros, en no pagar ni a unos ni a otros. O sea transforma el default de unos, en el default de todos. Con todo el daño que puede deparar a un país de 40 millones de habitantes. “Tal vez la República no quiere conformarse, pero si la República no se conforma, tendrá trimestre, después de trimestre a trimestre a las personas que le debe al interés que no van a obtener su interés…” No obstante insiste sobre el acuerdo imposible, al desistir de hacer un juicio de contumacia contra Argentina, que no lo ayudaría. Requiriendo a la par que sea anulado el proyecto de ley de cambio de lugar de pago, al que califica de inválido, ilegal, y violatorio de órdenes judiciales. Amenazando con ir contra el mismo en el momento oportuno. A mi juicio, no añade nada a la posibilidad de un acuerdo, el hacer un juicio de contumacia. Lo que he encontrado es ciertos hechos, y en particular me he encontrado con el proyecto de 19 de agosto es inválido, ilegal y en violación de órdenes judiciales actuales y los requerimientos judiciales. Anular ese proyecto del 19 de agosto del Presidente del país, es lo que realmente se necesita esta tarde. Y eso es por lo que yo voy a ir en el momento oportuno.” Con la designación del special master Daniel Pollack como mediador, cuando las MFCC – RUFO y leyes cerrojos no admiten mediación ni acuerdo alguno, para evitar que se disparen las compensaciones a los holdin, el juez Griesa cometió un error garrafal. Que revela su desconocimiento profundo respecto los tremendos alcances de la cuestión. Crítica que no es una novedad, ya que lo mismo afirman reputados medios y expertos de Estados Unidos. Llevó así la causa a una situación enquistada, a un nudo gordiano, cuya salida clásica es cortarlo de un solo tajo. En este caso ejerciendo las atribuciones que da la soberanía de un pueblo, muy por arriba de la soberanía de un juez. Los representantes del pueblo que anunciaron que iban a votar en contra del proyecto de ley, o que se abstendrían de hacerlo, deberían reflexionar que en tal caso estarían votando conforme el mandato del juez Griesa. Más allá de los gruesos e inexplicables errores cometidos por el gobierno en relación al tema. La solución que propone el PRO: forrear a los jubilados Por su parte la oposición política y mediática, parece también creer en el perro de la RUFO, al asegurar permanente que esa cláusula vencería en diciembre. Por lo cual el 1 de enero sobrevendría una epifanía que permitiría llegar lo más campante a un arreglo con los fondos buitres. Y colorín colorado, el cuento de los buitres se habrá acabado. Pero hay otros financieramente más avispados, como el diputado y ex imputado en la causa del megacanje Federico Sturzenegger, que no confían en esa postura. Y como si fuera lobista de los fondos buitres, propone una macriavélica solución PRO. Consistente en la clásica receta, dicha con la debida licencia poética, de “cagar a los jubilados”. Tal como se ha hecho inveteradamente con la cuestión de la deuda. A los que el kirchnerismo con la estatización de la ANSES, ya despojó de los cupones ligados al PBI, y les endoso los bonos ajustados por el CER, tongueados por el INDEC. Aprovechando en este caso, la tenencia de bonos en manos de la ANSES, para lograr que una mayoría de holdin acepten anular la cláusula RUFO. Para que así los fondos buitres se pueda llevar puestas sus enormes ganancias. Que habrá que solventar a futuro con pagos de deuda de capital e interés, por un total estimado de entre 50 y 60 mil millones de dólares, como se verá más adelante. Y cuyo principal esfuerzo seguramente caerá sobre los deprimidos haberes de los jubilados, como es la costumbre. Cuyas dos terceras partes cobran la jubilación mínima. 

Muy lejos del 82 % móvil de ley, y equivalente solo a la mitad de la canasta básica jubilatoria. Salida que por lo tanto, podría denominarse RUFORRO, RUFO para unos y forro para otros. Pese que esta solución inmoral estaría lejos de solucionar el problema. Ya que suena antinatural que acreedores que sufrieron una supuesta quita, acepten no recuperar la quita. Para que unos oportunistas fondos buitres puedan concretar híper ganancias, que multiplican por diez o veinte veces el capital que invertieron. Existiendo como alternativa a esa absurda concesión, el aceptar un cambio de lugar de pago y/o de jurisdicción de los bonos, que incluso podría ser impulsado con una leve mejora de ellos por parte del gobierno. Además una supermayoría de entre el 75 y 85 % según el caso, puede obligar a una minoría a aceptar una renuncia a los derechos establecidos, conforme los prospectos de los bonos. Pero no puede obligar a renunciar a los derechos implícitos que les confieren las leyes cerrojos. Esta PROpuesta no es precisamente una alternativa para no entregar el petróleo a cambio, como intenta el kirchnerismo. Sino que por contrario, tanto el PRO, como Scioli y Massa, y algunos líderes de UNEN, lo que proponen es entregarlo sin nada a cambio. Y por ello su preocupación principal, junto con LA NACION y CLARIN, que organizó un simposio al respecto, es igual a la de los K. Consistente simplemente, cómo dijo Macri recientemente ante el Consejo de las Américas organizado por Susan Segal, representante de los intereses Rockefeller: “tenemos que transformarnos en una sociedad predecible y confiable con reglas de juego claras, para que vengan las inversiones extranjeras”. Y no para la felicidad y el bienestar de los argentinos. Ni tampoco para hacer que esa riqueza sea explotada en beneficio de los argentinos de hoy y de mañana. Cuando esos recursos energéticos se hayan agotado, asegurando así la equidad intergeneracional, en momentos en que petróleo ha alcanzado precios records en el mundo. Tal como sería la preocupación de los dirigentes de cualquier país serio del mundo, y no de uno que parece estar dirigido por tarambanas inescrupulosos. De esa manera la RUFO parece tener a su vez a sus rufianes, conforme la acepción de que se trata de “personas despreciables dedicadas al engaño y la estafa”. Y también a toscos dirigentes y sus asesores, que presos de la burundanga de sus ambiciones, parecen estar incapacitados para leer e interpretar la letra chica de los contratos, donde suele esconderse el demonio. La repetida receta de “ponerse bonitos” para que venga la inversión extranjera El contexto del conflicto con los buitres, es una actividad económica que se sigue deteriorando. Como consecuencia de la carencia de divisas, resultado del pésimo arreglo de la deuda en el 2005, donde se preveía una vuelta imposible al mercado de la deuda, por permanecer parte de ella en default. Que fue sustituida por una desesperada “política de desendeudamiento”, consistente en apelar a recursos propios. A la par que absurdamente se facilitaba una feroz fuga de divisas, que se llevó en una década u$s 90 mil millones. Equivalentes a dos tercios del enorme resultado de la balanza comercial obtenido a lo largo de ella, como nunca antes en nuestra historia. Y que ahora a la vuelta de la esquina se topa con la misma deuda, que como un bumerán vuelve enormemente repotenciada por los fallos del juez Griesa, la RUFOR EVER, y las leyes cerrojos. Ante ello, la gastada y boba receta que proponen los políticos promovidos a la presidencia por los grandes medios de comunicación, Macri, Massa, Scioli, es la de “ponerse bonitos” ante los inversores extranjeros. Como nos recomendaba obscenamente en el año 1991 el banquero y subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David Muldford, para poder entrar al Plan Brady y sus privatizaciones. Quién luego resulto imputado en la causa del megacanje, y sobreseído no por inocente, sino por prescripción del delito que se le atribuyó. A los efectos de que la inversión extranjera venga, y así poderle “solucionarle los problemas a la gente”. Propia de minusválidos o desvalidos, que no confían en sus propias fuerzas, pese los ingentes recursos y ahorros de particulares en divisas con que cuenta Argentina, que treparían a los u$s 400 mil millones. Y por eso suplican la ayuda ajena, como mendigos parados sobre un baúl lleno de oro, que no ven o no quieren ver lo que tiene adentro, y por eso pasan la gorra lastimosamente, implorando unas monedas. Actitud política mendicante, que en el caso de Macri se manifiesta con la explotación inconsciente que hace de la lástima, al apoyar su candidatura en una mujer confinada en una silla de ruedas. Y en el caso de Scioli, se manifiesta con la ostentación de su brazo manco, igual que hacen los mendigos en la calle. Y por su parte Massa parece apoyar su desvalimiento en las sustancias químicas prohibidas. En tal sentido resulta notable el ocultamiento que hace la “prensa independiente” del involucramiento de este en la causa de “fondo blanco”, donde aparece sindicado como buchón de narcotraficantes. Lo cual en cualquier otro lugar del mundo, especialmente Colombia, habría significado su descalificación política definitiva, al ser encontrado con las manos en la masa. La “estrategia” de Carrió: acatar los fallos y hacer lobby ante el Congreso de Estados Unidos Elisa Carrio por su parte se despachó con sucesivos informes sobre la deuda, tras el regreso de Estados Unidos de su nuevo ladero, Martín Lousteau. Que viajó allí con motivo del nonato pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa del pari passu. 

Como nada podían decir al respecto, ambos tomaron la sentencia paralela referida a la obligación de descubrir sus bienes por parte de Argentina (Discovery) que la Corte falló en contra de Argentina, para despacharse con la desopilante postura de que Argentina haga lobby ante el Congreso de Estados Unidos, como si fuera un ciudadano de ese país. “… la lectura detenida del fallo de la Suprema Corte sobre las inmunidades soberanas, nos permite decir que ésta le dice claramente al gobierno de los Estados Unidos que el tema de las inmunidades soberanas y lo que éste fallo pueda afectar corresponde al congreso de los Estados Unidos, que es el único órgano que tiene competencias constitucionales para modificar la ley de inmunidades (1976). En consecuencia la única luz, que no cambiaría el fallo, pero que permitiría reducir el daño material en la ejecución, es la vía del congreso americano, en lo que sí, Argentina debería tener una política de exterior de estado de cara al futuro.” O sea que la salida parcial e incompleta, que no soluciona la raíz del problema y su logro sería más que remoto, consistiría según Carrió - Losteau, en hacer lobby para que el Congreso de los Estados Unidos sancione una modificación de la ley de Inmunidad Soberana. Diciendo por caso que esta también alcanza a los pagos directamente direccionados hacia los tenedores de títulos, para evitar la traba de esos pagos como hizo Griesa. Y que además un país soberano no está obligado al descubrimiento de sus bienes. Un salida aun mas boba que la que intenta la Presidenta, mediante la demanda ante la Corte Suprema de La Haya. Propia de quién considera a Argentina como un siervo de Estados Unidos, o como estado asociado como Puerto Rico, cuya única posibilidad es peticionar respetuosamente ante sus autoridades. Los posteriores informes de Carrió – Lousteau, lo único que muestran es la inconsistencia y sospechosa incoherencia por parte de sus autores. Y la total ignorancia que tienen respecto el tema en cuestión, pese la gravedad del mismo. En el siguiente informe se explayaron respecto la admiración que les suscita la supuestamente impoluta justicia de Estados Unidos. Y reclamaron además que el Congreso debía tomar participación en el asunto, el que incluso tendría la facultad para rechazar la ejecución de la sentencia si resultaba exorbitante. Posibilidad que hoy Carrió niega terminantemente, diciendo que “desacatar al juez Griesa es peor que un default”. “En consecuencia la vista del Congreso sobre el asunto juega un rol primordial, tanto para el ejecutivo como para los representantes de los “holdouts”. Porque si la ejecución de la sentencia fuera incompatible con la capacidad de la Nación para hacer frente a todos sus compromisos financieros, debería rechazarse por el mismo principio de honra y continuidad del Estado, al volverse una promesa vana que igual a la larga termina en falencia. Es decir que no cabe ninguna actitud irrazonable, en tanto implique afectar el cumplimiento en todo y en parte. Por lo demás conviene recordar a los demandantes que la soberanía se ejerce, en este caso por un Estado conformado por tres poderes independientes; donde los contratiempos se asumen con dignidad, soportando sus consecuencias, y las falencias si las hay no hacen evaporar las obligaciones, simplemente se posponen para mejor oportunidad.” 

 Pero en el tercer informe hubo ya un cambio sustancial, de tono y de sentido. Ya que por un lado, vino adornado con reiterados improperios al gobierno, insinuaciones de dolo, y acusaciones de querer malvinizar la cuestión. Evidenciando por otro lado una total ignorancia respecto la cláusula RUFO, leyes cerrojo, y sus alcances, y su supuesto vencimiento en diciembre, Carrió se despacho diciendo que había que hacer un depósito de garantía, para “mostrar voluntad de acuerdo y negociación”. Ignorando olímpicamente que ello es justamente lo que no debe hacer Argentina, para evitar que se disparen los siderales compromisos escondidos en la RUFOR EVER, y leyes cerrojos. “Además es preciso señalar que ni los países más pobres entran en default por solo 1.300 millones de dólares, por lo que estamos en presencia más que de una acción racional, de un capricho de omnipotencia…. Para que la acción del pago a los acreedores reestructurados fuera correcta debería haber ido acompañada de una caución por 1.300 millones de dólares a efectos de mostrar voluntad de acuerdo y negociación en la ejecución de la sentencia de Griesa”. A su vez en su cuarto informe, aumentando el volumen de improperios y descalificaciones al gobierno hasta la estrindencia y mal gusto, como el ajo en la mala comida, insinúa ya la solución ultra ortodoxa que viene incubada desde el Norte, enfatizando desde el título de la existencia de “brutales costos”. La cual como se verá seguidamente, consiste en pagar cash y sin chistar, en contra de la propia voluntad. “Pero si fuese así, para qué correr riesgo “RUFO” negociando. Sencillamente le tomo la plata al banco, y le pago al buitre y de qué negociación y RUFO me hablan. Pero claro ahí abono al buitre sin chistar, lo que es un papelón con la secta, y lo que es peor con todos los gobiernos extranjeros con los que nos estuvimos consolando.” La solución ultra ortodoxa de agachar la cabeza ante Griesa Carrió puso así en negro sobre blanco, la salida ultra ortodoxa que están deslizando los fondos buitres y expertos financieros de la City. Con la cual el gobierno actual no puede consentir, porque representaría el colapso de la reestructuración de la deuda del 2005/10, de la supuesta quita obtenida, y del relato K. Por eso el gobierno divaga con lo de la cláusula RUFO, a la que le hace decir lo que ella no dice, escondiendo el efecto de las leyes cerrojo. Por lo tanto esta solución solo puede concretarla un nuevo gobierno, que como es costumbre, le eche la culpa al anterior. Y en consecuencia a los efectos de posibilitarla, cuando más golpeado quede este gobierno, tanto mejor. La misma consiste simplemente en agachar sumisamente la cabeza ante el juez Griesa y los fondos buitres, implementando un sistema de pagos cash de carácter compulsivo y no voluntario, para cumplir enteramente hasta el último centavo con las sentencias de Griesa. Financiadas mediante un acuerdo de colocación de nueva deuda con un contrato de Agencia Fiscal (Fiscal Agency Agreement) con algún megabanco de Estados Unidos, al que se le entregaría un paquete de bonos a colocar. El que iría pagando las sentencias que fueran saliendo, y colocando a la par los bonos en la plaza, a medida que Argentina vaya recuperando su crédito. Ella según Robert Cohen del fondo buitre NML, implicaría un costo de solo u$s 30 mil millones de capital en bonos, lo que equivaldría a duplicar la deuda externa con los privados, que asciende hoy al mismo importe. Y por su parte sus intereses, similares a los de los bonos entregados a REPSOL, montarían otros u$s 23 mil millones, o sea un total de u$s 53 millones. Una cifra semejante a los famosos u$s 55 mil millones del megacanje, razón por la que el gobierno alude permanentemente a este cuando se refiere a la cuestión. Ella equivale a 20 veces el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que Carrio se jacta de haberla inspirado, que beneficia insuficientemente a 3,5 millones de niños y adolescentes, y 1,9 millones de hogares carenciados. Cuyas condiciones de vida alcanza extremos tan lacerantes, como el reciente desalojo manu militari y con topadoras, efectuado por las fuerzas macristas kirchneristas en Lugano, remedando un enfrentamiento de israelíes contra palestinos. Equivaldría a una AUH al año, si ese monto se paga en 20 años. Lo que representaría también elevar la deuda externa al límite peligroso del 30 % del PBI, si se toma el valor del dólar con su tendencia actual. 

No obstante ella viene adornada con el canto de sirena de que adicionalmente Argentina podría obtener u$s 200 mil millones de préstamos en los próximos 10/20 años. Y ahorrarse supuestamente u$s 50.000/70.000 mil millones de intereses, por la rebaja de los mismos. De manera tal que el chiste con los holdout y buitres a la larga saldría supuestamente gratis. O sea que se trata de una nueva y brutal ola de endeudamiento externo, donde una cosa trae la otra, que superaría largamente el nivel peligroso del 30 % del PBI. Con todas las condicionalidades que esa deuda depara, a las que conocimos crudamente en la década de los ´90. Como si la estólida receta de la deuda externa y la necesidad de la inversión extranjera, proclamada por Martínez de Hoz con su ley al respecto, aun vigente; y repetida por Menem, Cavallo, y de la Rúa, e incluso el mismo Alfonsín con Plan Houston, no nos hubiese llevado de desastre en desastre en el pasado reciente. Resultando su ejemplo más notable, la catástrofe del 2001. El más actual, el vaciamiento energético del país, concretado por REPSOL – YPF y las megapetroleras que la secundaban. Y el más reciente, el cierre de la industria gráfica norteamericana Donnelley, sin decir agua va, dejando en la calle a 400 laburantes, apenas vio declinar su tasa de ganancia. Y otro tanto sucede con las transnacionalizadas automotrices, que ocultan sus verdaderas ganancias en el país con el tráfico de sus insumos. Hacer más de lo mismo y las acechanzas que encierra Esta salida insinuada por los buitres, algunos popes de la City, y Carrió, que se asume como la única estratega de UNEN, quizás explique el afán de esta de incorporar políticamente a Macri. Quién de entrada dijo que la única salida era sentarse ante el juez Griesa, y hacer exactamente lo que este diga, pagando cash sus sentencias. El que además está desesperado para que la cuestión se arregle, porque necesita urgentemente refinanciar los vencimientos de deuda externa que enfrenta la CABA. También como Carrio, Macri habla de la necesidad de un cambio (que viniendo de este ex empresario uno imagina de un dólar por 20 o 30 pesos) y la necesidad de desplazar al peronismo. Quién en tal caso con sus facetas menemistas kirchneristas, sería la bestia negra que en los discursos cargaría con el muerto, para hacer potable esta salida en contra los intereses genuinos del país. Cosa que ha comenzado a hacer Carrió furibundamente en sus últimos informes, a la par de que CLARIN y LA NACION han elevado su virulencia contra el gobierno. Por eso Carrió dice que “Macri se fue de boca” al respecto. Y así la estrategia de la que habla Carrió, que de repente dijo aspirar a la presidencia, consistiría aparentemente por un lado en mantener esa salida en secreto. Hasta llegar al gobierno, para implementarla por sorpresa en los famosos 100 primeros días de gobierno, donde queda definido el curso del mismo. Igual que hizo Menem, que dijo que si decía lo que iba a ser, no lo hubiesen votado, cometiendo así un flagrante engaño al electorado. Y por el otro lado como se dijo, para poder implementarla resulta necesario que el gobierno actual llegue en las peores condiciones al final de su mandato. Como le sucedió al alfonsinismo, que arrastró en su debacle al radicalismo. Posibilitando así la imposición de las políticas menemistas cavallistas, de alineamiento financiero y diplomático automático y acrítico con Washington. Por lo que es de esperar que las poderosas fuerzas financieras que están de por medio en el conflicto, concurran a ese efecto. Especulando con la penuria de dólares, igual que padeció el alfonsinismo en sus postrimerías, por la no refinanciación de los créditos externos, una situación parecida a la actual. Para que ante la imposibilidad de controlarlo por parte del gobierno, se comporte como una locomotora de precios, que lleve la inflación a niveles altísimos, Propulsando y acompañado ella el derrumbe del gobierno, tal como le sucedió en 1989 al alfonsinismo. 

En tal sentido es elocuente la flamante nota que acaba de publicar el principal arponero de CLARIN contra el gobierno, Jorge Lanata. Diciendo acertadamente que el precio del dólar blue es una cuestión de expectativas. Y la expectativa según expertos que cita, podría hacer que llegue a fin de a los 20 pesos y siga subiendo, con la esperanza que su profecía se autocumpla. Cuando por contrario en una genuina democracia republicana, lo que debería hacer cada candidato o candidateable, es decir claramente lo que piensa hacer con los holdouts y buitres, para que el electorado se pronuncie al respecto. Y no se vea sorprendido después, viendo a Macri y Carrió viajar a Nueva York, para abrazarse a los buitres y someterse al juez Griesa. Y menos aun en una democracia republicana, se deberían permitir o aprovechar destructivas injerencias financieras externas, con el objeto de capitalizarlas para un eventual triunfo electoral interno. Se trata a todas luces de un descarriado macriavelismo. En concreto la solución financiera Carrió – Macri, consiste en dejar sumisamente que Griesa nos ponga al hombro la pesadísima mochila de los fondos buitres y holdouts. Acatando al pie de la letra sus sentencias, la cual dejaría muy contenta a Wall Street y la City de New York, la metrópoli financiera del mundo. Que los aplaudirá calurosamente, igual que hacía con Menem cuando viajaba allí. Para supuestamente de esa manera, evitar tener que cargar con la descomunal mochila eventual de los holdin. Al ser un pago contra voluntad y coercitivo, no aplicarían las cláusulas MFCC – RUFO, dice equivocadamente Carrió. Revelando así tener una lamentable ignorancia del tema, dado que ellas si permitían hacer acuerdos con buitres y holdout. Pero si aplicarían las leyes cerrojos, por las cuales Argentina se comprometió como estado soberano, a no hacer acuerdos ni dar mejoras a buitres y holdouts. Obligándose en ellas, como política de gobierno en el 2009, y luego de Estado en el 2013, a dar un “trato igualitario” a todos los acreedores, de cualquier índole que sea. En consecuencia, si con las sentencias de Griesa Argentina se ve obligada a dar mejoras a buitres y holdouts; bien podrían aparecer holdins, que judicialicen la cuestión. Reclamando un trato igualitario con los holdout, con miras a obtener fallos inéditos, parecidos a los del juez Griesa. Máxime si ello es consecuencia de su propia torpeza, al haber decretado una especie de repudio de deuda, imposible de sostener legalmente, que Argentina no puede alegar a su favor. Además la otra PROpuesta PRO, de derogar la MFCC – RUFO mediante asambleas de tenedores de bonos para asegurar esa salida, no obligaría a los que voten en contra de esa derogación, por efecto también de las promesas efectuadas con las leyes cerrojos. Que incluso permitirían que demanden a Argentina los holdouts que vendieron a vil precio sus bonos entre el 2005 y 2010, desalentados por el cierre definitivo del canje establecido por la ley cerrojo del 2005, que luego no se cumplió. Los que a su vez fueron adquiridos por especuladores y fondos buitres, que luego hicieron una enorme diferencia con el canje del 2010. O pretenden ahora hacerla aun mucho más grande, con los fallos de Griesa. Hacer la nuestra y no la de los fondos buitres La deuda externa continuaría siendo así un mega embrollo legal, que podría seguir chapoteando en nuevos litigios y demandas, de nunca acabar. Explotando la zona gris o intersticio, que produce la ficción legal de sostener que un estado soberano, puede ser al mismo tiempo un vulgar comerciante, sometido a las leyes y obligaciones de otro país. Como si la República mujer, pudiera ser virgen de día, y alternadora de noche. Una situación esquizofrénica, propia del Dr. Hyde y el Dr. Jekill, que viola flagrantemente la Constitución Nacional. Aspecto que curiosamente la constitucionalista Carrió olvida enteramente analizar. Y por contrario dice que es peor el desacato a un juez extranjero, que el default. Volviendo así con la solución Macri – Carrió, al expoliativo sistema de la deuda externa, y echando por la borda, el enorme esfuerzo no consciente realizado por el pueblo argentino, para desendeudarnos externamente. Que llevó salvajemente adelante el kirchnerismo, a falta de otras alternativas, como consecuencia del desastroso arreglo de deuda que hizo en el 2005. El que contó con el sacrificio de los jubilados, los fondos del ANSES, la presión impositiva sobre la clase trabajadora, la caja del Banco Nación, las reservas del Banco Central, la inflación soportada por todos los argentinos, etc. Ante este curso suicida, de tratar de no embestir sino de empatizar con los holdouts, o sea la parte visible del iceberg de la deuda, para evitar embestir con los holdin, la parte no visible del iceberg, sin garantía alguna de que ello se pueda cumplir; lamentablemente no parece haber en el horizonte ningún liderazgo esclarecido y carismático. 

Que sepa encantar a la sociedad con un curso alternativo, con el que evite la colisión o empatización tanto con los holdout, como con los holdin. Cuya brújula estaría basada en cortar de un tajo de una vez y para siempre, el nudo gordiano o mega embrollo en que derivado la deuda externa; basándose en los enormes defectos constitucionales y legales que desde su nacimiento presentan los títulos en cuestión. Para quitarles su carácter ejecutivo en el exterior, y pasarlos a la jurisdicción local en el caso de los holdin. Y reducirlos a una deuda ordinaria bajo jurisdicción local, en el caso de los holdouts. Cuyo soporte fáctico necesariamente debe basarse en el auto valimiento, y en la movilización de los enormes ahorros, recursos, y potencialidades con que cuenta Argentina, para dejar de mendigar divisas afuera. Con la firme decisión de que Argentina nunca más sea atrapada en el sistema de la deuda externa. Que la llevó a su ocaso como país, pese a contar con recursos de toda índole, incluso de divisas, a los que no los hemos sabido formalizar, asegurar, merecer, explotar, ni defender. Y por eso somos una presa fácil para su despojo por lo poderosos del mundo, ya sea tanto de Occidente como los que aparecen por Oriente. Por lo que bien podría parafrasearse en este caso el dicho samartiniano, “serás lo que debas ser, o si no serás RUFOR EVER”. APENDICE La cláusula MFCC - RUFO En el Prospecto del canje del 2005, Argentina insertó una cláusula de “acreedor más favorecido” o MFCC en ingles (Most Favored Creditors Clause). Donde decía como se puede ver su traducción en el Anexo de la Resolución 20/2005, que Argentina se reservaba el derecho “a su absoluto criterio, a comprar, canjear, ofrecer comprar o canjear, o concertar un acuerdo” con quienes no ingresaran al canje (holdout) “en operaciones negociadas de manera privada o de otro modo”. Agregando que “tal compra, canje, ofrecimientos o acuerdos podrían ser diferentes a las condiciones de la Oferta”. Y rematando que “los tenedores de Títulos nuevos (holdin) tendrán derecho a participar en cualquier compra, canje, oferta de compra o canje voluntario ofrecido o concertado con los tenederos de Títulos Elegibles que no se hubieran canjeado (holdout) como se describe más adelante bajo “Derechos tras futuras Ofertas”. Como se puede ver, la palabra “acuerdos” fue birlada a último momento en el último párrafo de índole dispositiva, conforme la versión definitiva de la clausula aprobada por la Resolución 20 de enero de 2005. Lo que a su vez se encuentra ratificado en el texto de la cláusula “Derechos tras futuras Ofertas” o RUFO en inglés (Rights Upon Future Offers). Donde también se birló la palabra “acuerdos” al expresar “si luego del vencimiento de la Oferta hasta el 31 de diciembre del 2014, la Argentina voluntariamente hiciera una oferta de compra o canje, convino adoptar todas las medidas necesarias” para que los títulos recibidos por los holdin, sean equiparados a los entregados a los holdout. 

 De esta manera las clausulas MFCC – RUFO obligaban a Argentina a trasladar a los holdin hasta el 31 de diciembre del 2014, cualquier mejora que hiciera a los holdout, siempre que se tratara de un canje o oferta de compra. Pero ello no alcanzaba en manera alguna a los “acuerdos” que pudiera realizar en cualquier momento con los holdouts o fondos buitres como NML y Aurelius. Ley cerrojo versión 2005 Esta versión definitiva de la clausula MFCC – RUFO, sumada a la quita nominal con que se castigo el canje, desalentó el ingreso de los bonistas al mismo, con la especulación de que bien podrían iniciar una demanda, que finalizara en cualquier momento en un “acuerdo” con Argentina, que podía mejorar lo ofrecido en el canje. A los efectos de neutralizar eso, a pedido del PE el Congreso sancionó atropelladamente la ley cerrojo 26.017. En un veloz trámite de solo una semana, sin medir en manera alguna las consecuencias de lo que estaba legislando, tratándose de una oferta pública de títulos, expresando por contrario que esa ley era parte integrante de ella. Como se puede ver en el anexo, con ella se prohibió al Poder Ejecutivo reabrir el canje realizado en el 2005, o “efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada” con los holdout que quedaran fuera del mismo. Ordenándole que retirara “de cotización en todas las bolsas y mercados de valores, nacionales o extranjeros, los bonos” en manos de los holdouts. La ley fue aprobada por el Senado sobre tablas, en una sesión extraordinaria del mes de febrero, al día siguiente de haber ingresado al Congreso. Y por su parte Diputados le dio sanción seis días después, sin cambiar una coma el texto enviado por el PE. En el mensaje, firmado por Néstor Kirchner, Alberto Fernández, y Roberto Lavagna se decía: “La reestructuración encarada es integral –difícil y compleja– pero la única compatible con un proceso de crecimiento y de equidad continuado. La oferta realizada muestra la decisión de la sociedad argentina de atender sus obligaciones y de mejorar la situación de los acreedores en la medida que ello sea a la par con el mejoramiento de la situación económica de la población argentina. Por todo ello es que la oferta de canje no admite mejoras y debe considerarse definitiva.” Y agregaba “es probable, tal como habitualmente ocurre en los mercados financieros internacionales, que un porcentaje de ellos no se someta a la operación de canje en los términos del decreto mencionado en el párrafo anterior. 

Por ello, el proyecto que se eleva a vuestra consideración propone que el Honorable Congreso de la Nación resuelva sobre el particular, en virtud de que conforme al artículo 75 de la Constitución Nacional le corresponde, entre otras, la atribución de contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación…” “A tales efectos se eleva el proyecto de ley adjunto en mérito a que, según lo adelantado, la propuesta de reestructuración realizada por la República Argentina es la única que se compadece con la real capacidad de pago de nuestro país, por lo que se estima oportuno establecer que el Poder Ejecutivo nacional no podrá, respecto de los bonos a que se refiere el artículo 1º del proyecto de ley adjunto, reabrir el proceso de canje establecido en el decreto 1.735/04 mencionado. Se establece asimismo la prohibición al Estado nacional de efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto de los bonos mencionados.” La ley lleva las firmas de Eduardo Camaño y Daniel O. Scioli, y fue promulgada por decreto firmado por Kirchner, Alberto Fernández, y Roberto Lavagna. Con ella en la práctica se declaro un virtual repudio de la deuda en manos de los holdout, que dio basamento a los fallos de la justicia de Nueva York referidos al pari passu o igualdad de los acreedores. El mismo se vio ratificado en el prospecto del canje, donde se aseveraba que los bonos que quedaran en manos de los holdout, podían quedar en mora indefinidamente. Y para afianzar ello, adicionalmente se prometía que el “Excedente de la capacidad de pago”, consistente en los dineros presupuestados para el pago de los bonos correspondientes a los holdout, se destinarían a las recompras de deuda prometidas en el mismo canje. Quedó derogada así la MFCC – RUFO, por la que Argentina se reservaba el derecho a efectuar ofertas futuras a los holdout, y participarlas a los holdin hasta el 31/12/2014. Y a hacer acuerdos con los acreedores en cualquier momento. Comprometiéndose ante los holdin como condición expresa del canje, que ambas cosas definitivamente no iban a suceder nunca. De lo cual por contrario sensu, nacería la obligación de Argentina de indemnizar a los holdin, ante el caso de que de una u otra manera, ya sea con nuevas ofertas o acuerdos, efectué mejoras a los holdout. En su trámite en diputados, la ley fue aprobada sin que se le cambiara una coma al proyecto del PE, por 146 votos afirmativos, 8 negativos, y 30 abstenciones. Emitidos los mismos por muchos diputados que aun están en funciones, y efectúan hoy ácidas críticas al gobierno. Uno de los pocos objetores de la misma fue el diputado MC Mario Cafiero, que premonitoriamente expresó que el repudio de deuda que implicaba la ley, podía derivar en un desastre “como el de República de Cromagnon”. Y que además se podrían producir embargos y entorpecimientos en los pagos, conforme se puede ver seguidamente, obrando en el anexo la transcripción completa de su lúcida intervención: “Estuve meditando muy profundamente cómo iba a votar, y no quiero ser parte de una cadena de irresponsabilidades; ¿y saben por qué? Porque la cadena de irresponsabilidades lleva a tragedias, a desastres, a veces no naturales, como el de República de Cromagnon. Si el inspector hubiera dicho "no"; si bomberos hubiera dicho "no"; si desde el jefe de Gobierno hasta el último de los que participaron con responsabilidades hubieran dicho "no", quizás hubiésemos evitado la tragedia. Yo no quiero que esta sea la deuda externa de la República de Cromagnon.” “Por las razones expuestas, adelanto que voy a votar en contra de esta iniciativa. Por supuesto que no me une absolutamente nada con los intereses de los acreedores; y creo que esto lo he demostrado con mi testimonio. Lamentablemente, debo decir que hubiera comprendido más si hubiese tenido mayor información. No está claro lo que se va a votar.” “… 

¿Qué es lo que dice el señor ministro Lavagna? Que es una solución de mercado y que los mercados hablen. Si algunos dicen que no entran en el canje y entonces no les pagamos, esta no es una solución de mercado sino de un Estado soberano que sostiene que la deuda no va a pagarse. Evidentemente, este es un cambio cualitativo muy importante que deberíamos analizar con más detalle y profundidad. Sería útil saber qué efecto tiene, qué nos va a pasar. En el prospecto la propia República Argentina avisa a los bonistas que entren que hay acciones contra la Argentina en Estados Unidos, Italia y Alemania, y en algunos casos se han dictado sentencias adversas a nuestro país.” “No es posible asegurar que un acreedor no podrá interferir con los pagos efectuados en relación con la oferta o, posteriormente, en virtud de los títulos nuevos, mediante un embargo de activos, prohibición judicial, una medida cautelar temporaria o de otro modo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Estamos tomando una decisión soberana de repudiar esa deuda? ¿La hemos analizado, tenemos los fundamentos, la podemos sostener?” Como se puede constatar en el anexo correspondiente, esta ley fue ratificada hasta la fecha, por las sucesivas leyes anuales de Presupuesto sancionadas a partir del 2006, con el mismo artículo calcado en cada una de ellas, Nros 26.198 art 59, 26.337 art. 59, 26.422 art. 55, 26.546 art 51, 26.728 art 50, 26.784 art. 40, y 26.895 art. 57. Habiéndose incorporado al texto de estas últimas, las leyes cerrojo sancionadas en el 2009 y 2013. Y algunas de ellas llevan las firmas en su sanción o promulgación, de conspicuos políticos que hoy son críticos acérrimos del gobierno y/o de la cuestión, como Alberto Fernández, Sergio Massa, Julio Cobos, etc. Y otros que no lo son tanto, como Daniel Scioli. Ley cerrojo versión 2009 Para posibilitar la reapertura del canje del 2010 que impedía la ley cerrojo 2005, se sancionó a fines del año 2009 la ley Ley 26.547 de “suspensión temporaria de la ley cerrojo”. Como se puede constatar en el anexo, en ella se autorizó al PE a la reapertura del canje, hasta a mas tardar fines del año 2010. Estableciendo que sus términos y condiciones no podían ser “iguales ni mejores” a los del 2005. Y quienes participaran en el mismo debían renunciar a todas la acciones y demandas que hubieren iniciado, aunque contarán con resolución o sentencia a su favor. Prohibiendo “ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho”. En dicho canje podían participar voluntariamente, quienes habían ingresado en el del 2005. Por lo que no había ningún perjuicio para estos por los efectos de la reapertura de un canje, que según la ley cerrojo del 2005 estaba cerrado para siempre. 

Ratificando a la par la continuidad de la promesa, de que no habría mejores ofertas futuras, ni acuerdos con nadie. No obstante si se puede decir que hubo perjudicados por el incumplimiento de esa promesa por parte de Argentina. Que no fueron otros que los holdouts que vendieron ínterin sus títulos a vil precio, por el supuesto cierre definitivo del canje del 2005. Y quienes se los compraron hicieron así una notable diferencia, que ha sido denunciada ante la justicia penal argentina. En la que están involucrados el entonces ministro Amado Boudou, la consultora Arcadia, y los bancos intervinientes en el canje, Barclays, Citibank, y Deutsche. Entre los compradores de esos bonos también está ELLIOT - NML de Paul Singer, que no solo se beneficiaron con la ley cerrojo, sino que además le dieron una vuelta de tuerca más, al plantear gracias a ella la violación del pari passu o igualdad de los acreedores, que dio paso a las aberrantes sentencias de Griesa. Postura que a la vez se vio reforzada por la sanción de esta ley, que abrió temporariamente el canje durante el año 2010, y lo volvió a cerrar inmediatamente después. Ratificando así el virtual repudio de deuda consagrado con la ley cerrojo del 2005. Por su parte el gobierno argentino manifestó una enorme desidia, al desperdiciar la oportunidad que el mismo había creado, para comprar las acreencias de los holdouts por una quinta parte de su valor, en lugar de pagarla cinco o diez veces más como sucede ahora. Los norteamericanos dicen que cuando en un negocio uno no sabe quién es el tonto, el tonto es uno mismo. En el mensaje del proyecto de ley firmado por el ministro Amado Boudou, y el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, se expresaba que “se pretende, y así se plasma en el art 5, que la autorización legal incorpore parámetros de trato igualitario entre todos los tenedores de los títulos elegibles, sin perjuicio de que hubieran iniciado acciones o no acciones judiciales, administrativas o arbitrales, lo que implica una decisión política del ESTADO NACIONAL de no reconocer mayores contraprestaciones a aquellos que hubieran realizado algún tipo de reclamo, y consecuentemente, una decisión de no asumir costos adicionales en estos casos”. La ley lleva la firma de Jose Pampuro y Eduardo Fellner, y fue promulgada de hecho el 9/12/2009. Su trámite en el Congreso solo duró tres semanas, al haber sido aprobada en Diputados en 9 días, y en Senadores en 13 días, sin que se le cambiara una coma al proyecto del PE. Pese su trascendencia ya que junto con la del año 2005, figura en los fundamentos del juez Griesa y la Cámara de Apelaciones de Nueva York, para el dictado de las sentencias en contra de Argentina que han descerrajado la actual crisis de deuda. 

 Ley cerrojo versión 2013 Recién tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que convalidó la inusitada sentencia de Griesa, el gobierno atinó a suspender o mejor dicho derogar en la práctica a la ley cerrojo del 2005. Lo hizo mediante la sanción de la ley 26.886, a los efectos de tratar de mostrar voluntad de pago ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, ante la que apelo el falló de la Cámara, para revertir la falta de voluntad de pago manifestada previamente. La cual no obstante quedó acotada a las promesas efectuadas previamente a los holdin, en forma implícita en la ley cerrojo del año 2005, y en forma explícita en la del 2010, en el sentido de que definitivamente no iba a ver mejora alguna respecto los términos concedidos a estos. Conforme se puede constatar en el anexo, en ella se dispuso autorizar “Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos” en manos de los holdout. Agregando que “los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda” del año 2010. Que a su vez no debían ser iguales ni mejores que la del canje del 2005. Ratificando que los holdout que se adhirieran a la reestructuración, “deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos, inclusive a aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar a la República Argentina de cualquier acción judicial, administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciada o que pudiere iniciarse en el futuro con relación a los referidos títulos o a las obligaciones de la República Argentina que surjan de los mismos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses de dichos títulos”. Prohibiendo además “ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho”. Y declarando eufemísticamente a su vez, la “suspensión” de la ley cerrojo del 2005, “hasta tanto el Congreso de la Nación declare terminado el proceso de reestructuración de los Títulos Públicos alcanzados por la referida norma”. Cuando en realidad se trataba en la práctica de una derogación lisa y llana de ella. La que en el peor de los casos nunca debió haberse prolongado en el tiempo. Porque solo sirvió para que especuladores de alto vuelo hicieran pingues negocios, comprando bonos a precio ruin, para ingresarlos en el canje del 2010. O para reiterar contra Argentina la treta del pari passu concretada contra Perú, por parte del fondo buitre NML. 

 En el mensaje del proyecto de ley con la firma de Hernán Lorenzino y Juan M. Abal Median, se expresaba como confesión de parte que puede ser usada en contra de Argentina, que “Este juego armónico de la Cláusula RUFO y no solo de las leyes Nro 26.017 y 26.547, sino de las leyes de presupuesto desde el año 2004, es una clara y cierta demostración de que para la Argentina la equidad entre acreedores resulta ser una piedra basal de este proceso de reestructuración de deudas”. Para este PEN, la reestructuración de la deuda pública siguiendo un estricto sentido de equidad entre acreedores es, no solo una obligación asumida contractual y legalmente, sino también una Política de Estado.” Agregando como para salvar culpas y diluir responsabilidades: “Así como también es una Política de Estado propender al fin del proceso de normalización de deuda diferida desde la cesación de pagos de 2001. Proceso que año a año es señalado pendiente por el Honorable Congreso de la Nación, que además enfatiza, año a año en la Ley de Leyes las pautas bajo las cuales debe concluirse ese proceso. Política de estado no es negar la deuda repudiándola, sino normalizar la deuda pendiente dentro de parámetros consistentes con el crecimiento nacional, con la buena fe y con lo dispuesto por las leyes. Tal el mandato del Honorable Congreso de la Nación.” La ley fue sancionada expeditivamente, sin cambiarle una coma al proyecto del PE, en solo dos semanas, tardando 7 días en Diputados y otro tanto en Senadores. Lleva la firma de Amado Boudou, Julián Domínguez, y fue promulgada por Fernández de Kirchner, Juan M. Abal Medina, y Hernán G. Lorenzino.