Por Mariana Zuvic*/infobae.-
Los ya famosos cuadernos del chofer han iniciado lo que parece ser el más escandaloso suceso de corrupción en nuestro país y me produjeron la sensación de un déjà vu. Me retrotrajeron a un pasado que ha estado especialmente presente en mi memoria desde que inicié la redacción de mi libro El Origen, donde relato el surgimiento y la evolución del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz. La publicación de ese libro me permitió expurgar toda esa tragedia iniciada en 1987, con la asunción de la Intendencia de Río Gallegos por Néstor Kirchner, seguida por la Gobernación de Santa Cruz, desde 1991, y por la Presidencia de la Nación, desde 2003, y que aún persiste en mi provincia. En sus páginas, queda testimonio de mis temores, de mi angustia y de mis padecimientos, pero también de mi lucha, de la defensa de mis derechos, de mi familia y de mis convicciones en la búsqueda de justicia y la participación política en libertad y democracia.
La matriz corrupta y autocrática se fue trasladando de la provincia a la nación sin solución de continuidad, como una mancha mafiosa sin límites.
Como en una serie, mis recuerdos recorren los capítulos haciendo un flash-back de las escenas de una película de terror. Cuando relatábamos el acopio del dinero que era trasladado en bolsos, nos trataban de dementes que alucinaban fantasías. Tuvimos que soportar hasta el incendio de nuestros comercios por haber encontrado, no solamente la ruta del dinero producto del delito, sino el lugar donde lo tenían guardado, físicamente, como un tesoro de sultanes orientales, para que la perversión de la avaricia pudiera sentir el placer fetichista del contacto con los billetes.
Pero lo que fue el comienzo y la consolidación de una asociación ilícita no terminó con la muerte de su jefe. Su viuda siguió la ordalía delictiva hasta que dejó la presidencia, acompañada por los dolientes funcionarios cómplices del ex Presidente, disfrutando todos del poder político que les brindaba impunidad hasta el colmo de santificar al muerto. Fue Julio De Vido el coordinador de esa asociación ilícita. Elisa Carrió, en 2004, lo señaló como el cajero y recibió una denuncia como respuesta. La Coalición Cívica, la fuerza política que ella fundó y que yo integro desde 2007, sufrió toda clase de persecución y castigo por decir la verdad, por denunciar a los dueños del poder y a sus actividades ilícitas. La lucha fue muy dura y muy difícil, porque, a pesar de que la información y las pruebas que obteníamos sobre su accionar delictivo eran abundantes y nos la proporcionaban sus víctimas, el sistema policial y de inteligencia que habían creado hacía casi imposible que se filtrara en un sistema institucional y judicial corrompido.
Hoy giran en nuestro Poder Judicial muchas causas en las que están implicadas las personas que los cuadernos revelan y muchos ilícitos han sido denunciados hace más de 10 años. Elisa Carrió ha sido la principal artífice de estas numerosas y fundadas denuncias que han ido dejando al descubierto la mayor asociación ilícita que, desde el poder, esquilmó y arruinó a la República en toda nuestra historia institucional, utilizando, particularmente, el sobreprecio en la obra pública. Por otra parte, el periodismo de investigación ha sido el verdadero motor que ha impulsado el conocimiento de la verdad y el análisis de la información hallada u oculta.
¿Pero quiénes han sido y son los responsables de esta formidable operación delictiva que nos ha llevado a esta situación de decadencia institucional y republicana, poniendo en peligro la propia democracia?
En principio, quienes ejercieron el poder político y constituyeron en su beneficio personal la asociación ilícita, desde el Presidente de la Nación hasta el último funcionario público a los que se impute autoría o participación en los ilícitos que la asociación haya cometido. No puede descartarse en esta asociación ilícita la incorporación de funcionarios de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia. Por supuesto, se incluye también a toda persona que, sin ser funcionario público, haya actuado o colaborado. Y resulta fundamental en este accionar delictivo el papel jugado por los empresarios quienes se prestaban a esa participación para asegurarse enormes ganancias y la continuidad de sus beneficios en complicidad con el poder político.
El Poder Legislativo no ha actuado con la celeridad necesaria para cuestionar las conductas sospechosas de magistrados y funcionarios. Debió dictar la legislación eficaz para impedir el avance de la corrupción y el delito. Es una prueba evidente de ello la postergación indefinida de la ley de extinción de dominio, por un execrable pacto de protección de la impunidad para quienes no tienen la dignidad de mostrar la legalidad de sus patrimonios. Es una obligación de todos los legisladores lograr que los argentinos recuperemos lo robado. Nada ni nadie puede oponerse a un objetivo compartido por todos los ciudadanos. La República Argentina no puede admitir la existencia de un botín que ha sido resultado de delitos contra su pueblo perpetrados por parte de sus gobernantes.
Pero quizás, aunque su responsabilidad sea por omisión, es el Poder Judicial de todas las jurisdicciones quien aporta más a la falta de justicia. Especialmente la magistratura federal, porque en ella está radicada la mayoría de las causas sobre corrupción en la administración pública. Ya no es solamente la demora, que puede implicar desidia, negligencia o impericia, sino la posibilidad de un comportamiento delictivo que puede manifestarse en tráfico de influencias, dádivas, cohecho, prevaricato y conflictos de intereses. La numerosa prescripción de causas, la falta de investigación, el desconocimiento o el rechazo de medios probatorios, la cadena interminable de apelaciones, recursos e impugnaciones inhábiles para la resolución de los casos, la generación de situaciones procesales artificiales para obtener sobreseimientos o absoluciones infundadas, y la aplicación alambicada y caprichosa de la legislación son prueba incontrastable de un accionar cómplice y protector de la impunidad de los delincuentes.
Para nosotros, luego de un esfuerzo que ha llevado mucho tiempo, de nuestra lucha contra los molinos de viento del poder del dinero y de la autoridad, contra la soberbia y la hipocresía, con riesgo de vida por defender la libertad y las convicciones, lo que está sucediendo es el amanecer de la verdad. Estaremos de pie para ver cómo la luz del sol ilumina esa verdad, porque ha estado oculta por muchos años de oscuridad. Es momento de conocerla. Todos y cada uno de nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad en esa realidad. Sin ese compromiso, nuestro país no podrá conquistar el futuro que tanto deseamos.
*La autora es parlamentaria del Mercosur y dirigente de la CC-ARI en la Ciudad de Buenos Aires.
