Por Urgente.news.-
Dicen que en la vida los actos de los hombres y las mujeres siempre tienen algún tipo de consecuencia y que más temprano o más tarde nos vamos a dar cuenta de si lo hecho en el pasado fue correcto o incorrecto.
Y si esa persona tiene algo de poder es muy probable que llegue a confundir sus valores y sus actos y crea que el poder da impunidad para hacer lo que a uno le venga en gana, sin tener en cuenta que esto no solo no es así, sino que el poder es efímero.
Precisamente esto es lo que le paso al ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella quien durante el Kirchnerismo ostento poder tanto político como económico y se creyó con derecho a cometer actos impuros.
Y es que el hombre durante su gestión en la AFSCA manejo millonarias sumas de dinero y gran parte de esos fondos fueron a parar en manos de organizaciones Kirchneristas sin que se tenga un solo documento que prueben en que se uso la plata.
Pero como decíamos al comienzo de ésta nota, todo llega en la vida, y en el día de hoy se conoció la noticia que da cuenta que Martín Sabbatella fue procesado por el juez Luis Rodríguez y además el magistrado le trabó un embargo por casi $10.000.000.
Junto con Sabbatella también fue procesada y embargada por la misma suma, la legisladora K, Andrea Conde.
Sabbatella y Conde fueron procesados y embargados por la entrega de dinero a organizaciones Kirchneristas sin concurso, valuación de proyectos ni análisis de gastos. Se los procesó por el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Duro golpe para Martín Sabbatella cuyos problemas empezaron cuando el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Miguel de Godoy, realizó una denuncia ante la justicia ya que consideró que la conducta desplegada por Sabbatella y Conde fue contraria a los intereses de la Administración Pública Nacional.
De esta forma la justicia argentina se pone los pantalones largos y está a la altura de las circunstancias, ya que toda aquella persona que durante su paso por la función pública cometió irregularidades de cualquier clase, debe pagar por sus actos como cualquier hijo de vecino.
