LA JUSTICIA SE DISCUTE EN LA SALADA.

      Por Francisco Olivera/La Nación.- La detención de Jorge Castillo, uno de los líderes de La Salada, tiene un trasfondo que excede los vínculos de los mundos político y policial: su caída como cabeza de una asociación ilícita habla más del contrapunto que, desde hace unos meses, el gobierno de Mauricio Macri tiene con la Justicia. Lo que se hizo estaba planeado hacía un año, pero fracasaba por diversos motivos: los allanamientos no llegaban a concretarse o se filtraban.
En la provincia de Buenos Aires lo atribuyen a un complejo sistema de complicidades que, dicen, terminó de caer hace algunas semanas, cuando la Cámara apartó de la causa al juez de garantías Gabriel Vitale, a quien el fiscal Sebastián Scalera había acusado en febrero de revelar información sensible horas antes de desalojos de puestos que se hicieron en 2015 y que involucran a barrabravas de Boca.

El orfebre de la medida sobre el predio de Ingeniero Budge fue Julio Conte Grand, procurador general bonaerense, el funcionario que reemplazó a fines del año pasado en el cargo a María del Carmen Falbo. Falbo era a la gobernadora María Eugenia Vidal lo que Alejandra Gils Carbó sigue siendo a Macri: una jefa de fiscales en quien no confía. Los procedimientos fueron entonces acordados entre Conte Grand y Scalera. Las razones formales de la demora en la causa, que investiga cinco homicidios, amenazas y abusos de armas y quedó ahora en el juzgado de José Luis Arabito, se explicaron durante tres años en acusaciones mutuas entre Vitale, juez anterior, y el fiscal Carlos Baccini, otro de los apartados por la Cámara. Era un diálogo de sordos: mientras Baccini le reprochaba al magistrado no aprobar ninguno de sus pedidos de allanamiento, Vitale decía que Baccini había perdido un CD con escuchas decisivas para la investigación, lo que le quitaba sustento a cualquier operativo. Esos audios son implacables: tienen nombres y apellidos de miembros de la Justicia. 

 Al apartamiento de Vitale contribuyó también otra causa, menos conocida, que se inició en enero a partir de una denuncia anónima y que también incluye elementos inquietantes. Por ejemplo, una escucha telefónica en la que un abogado de Castillo habla de la enorme confianza que tiene en un fallo favorable del juez. O la captura de pantalla del sistema de tribunales que registra las consultas del expediente. Allí, llama la atención el recurrente interés de alguien de vínculos formales con la Justicia y, al mismo tiempo, inmejorable relación con el prófugo Hernán Ávalos, integrante de "la banda del Cejudo", uno de los cuatro grupos investigados en la red de negocios. Sin dudas inasible, Ávalos tiene en ámbitos policiales un sobrenombre acorde: "El fantasma". Lomas de Zamora es un distrito altamente politizado desde hace décadas. Tan relevante que, por ejemplo, tiene jurisdicción sobre las operaciones de la Aduana de Ezeiza. Para el macrismo reviste además una importancia ideológica: un 30% de los fiscales, dicen, adhieren directamente a Justicia Legítima. 

Sospechan, por lo pronto, de la relación entre Enrique Ferrari, fiscal general del departamento, designado en el cargo en 2013 por el senado provincial, y el camporista Julián Álvarez, ex viceministro de Justicia. Habrá que separar, de todos modos, pragmatismo de afinidades reales: el fuero judicial argentino es una corporación conservadora, propensa al statuquo, y varios de sus miembros han suscripto estratégicamente iniciativas del kirchnerismo. Entre ellos Vitale, uno de los firmantes de la solicitada con que, bajo el título "Hacia una Justicia Legítima", muchos referentes de Lomas de Zamora acompañaron a Gils Carbó el 3 de enero de 2013 en los diarios Tiempo Argentino, Página 12, Crónica y Diario Popular. Aunque las detenciones de esta semana pertenecen a la justicia provincial ordinaria, es probable que hagan también más sencillo el trabajo de una causa millonaria por evasión y lavado que tiene la justicia federal en el juzgado de Federico Villena. Cualquier procedimiento de la AFIP se vuelve menos arduo con los investigados lejos de puestos callejeros desde los que, como demostró Castillo, son capaces de defenderse a los tiros. 

Punta Mogote, el emporio de Castillo, tiene además la estructura y la logística de cualquier banco: ni varios sopletes han podido abrir alguna vez alguna de sus cajas fuertes, forjadas en hierro y hormigón. El monto evadido detectado en esa causa podría superar los 1000 millones de pesos. Estas condiciones convierten a La Salada en una maqueta perfecta de campaña electoral. La Justicia es, según las encuestas, uno de los ámbitos de peor imagen social. Eso no sólo perturba a Cambiemos. En ese desprestigio parece estar pensando últimamente la flamante Asociación de Jueces Federales (Ajufe), que la semana pasada emitió un comunicado en el que expresa preocupación porque las causas avancen y se respete la división de poderes. Desvelos de Montesquieu que ha decidido ahora recuperar Gils Carbó, más activa que nunca en la organización de seminarios. Hace diez días, la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, que la tuvo como anfitriona, terminó con la difusión de un comunicado conjunto de los asistentes sobre la necesidad de que esas dependencias sean autónomas del poder político. Y anoche, al cierre de esta edición, en la facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, la agrupación que la representa, Justicia Legítima, insistía en el tema en otro congreso propio, "Desafíos de la Justicia en el Estado Democrático de Derecho en el siglo XXI". 

El programa era de por sí elocuente. Julio Maier y Alejandro Slokar abrirían con una conversación sobre "Independencia judicial" y, momentos después, se pasaría a un panel a cargo de Enrique Arias Gibert, con un título que parece pensado para despejar las dudas de Macri sobre la justicia laboral: "Temas actuales del derecho del trabajo en un contexto de nuevo neoliberalismo". Cerraban Jorge Auat, Yamila Zavala Rodríguez y Juan Carlos Wlasic en una mesa redonda orientada a Jujuy: "Corte Suprema de Justicia y Corte Interamericana de DDHH: avances y retrocesos en graves violaciones a los derechos humanos". Todas cuestiones que la Procuradora llevará seguramente al Vaticano en noviembre, a la primera reunión internacional de juezas y fiscales convocada por el papa Francisco. La invitación le llegó esta semana a Gils Carbó a través de una carta del arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo. Será difícil, incluso en Roma, sustraerse de la módica interna local. Más para el Sumo Pontífice, que ya transmite entre sus confidentes malestar por el aprovechamiento que el kirchnerismo y el macrismo hacen de la división de la sociedad con fines electorales. La política es capaz de degradar las más nobles intenciones. La Salada es sólo su aspecto más grotesco.