domingo, 4 de junio de 2017

IMPOTENCIA ARGENTINA: LA DECLARACIÓN QUE NUNCA NADIE LE TOMÓ A ALDO DUCLER.

      Por Silvia Mercado/infobae.- Hacía un año y medio que estaba dispuesto a hablar. Pero recién el viernes el titular de la UIF estuvo reunido con su hijo, Juan Manuel Ducler. Por qué Argentina no quiere arrepentidos. Pocas escenas desnudan la impotencia del sistema institucional argentino como la imagen de Aldo Ducler buscando alguien dispuesto a escuchar lo que sabía las corrupciones locales. Sólo pudo dejar un sobre con el detalle de lo que podía entregar, la trama que involucra los fondos de las regalías petroleras que misteriosamente se perdieron y el proceso de estatización de YPF. No encontró quien quisiera escucharlo.
En la Unidad de Investigación Financiera nadie se animó a tomar ese hierro ardiente. Dos días después, se desplomó en plena city porteña y una ambulancia privada que justo pasaba por ahí lo llevó vivo al Hospital Argerich, a donde llegó muerto. En la UIF ahora dicen que cuando Ducler se presentó, estaban afuera de la oficina todos los directivos. Nada los exculpará. Aunque no solamente esa oficina tiene responsabilidad en la declaración que nadie le tomó nunca a Ducler.

El financista le dio un reportaje a Luis Gasulla en el mes de diciembre de 2016, con el que esperaba producir un terremoto, y no se movieron ni las hojas de los árboles cercanos a Comodoro Py, el Ministerio Público Fiscal, la Procuración General del Tesoro, la Oficina de Anticorrupción. Como ya se dijo en Infobae, en Argentina nadie quiere arrepentidos. Para muestra basta el botón de la ley 27.304, que se aprobó en octubre del año pasado, extendiendo la colaboración a delitos de corrupción, a cambio de una baja de la condena. El proyecto promovido por el Frente Renovador y redactado entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad, llegó a la Cámara de Diputados con un texto que permitía la llamada "delación premiada" al estilo brasileño, es decir, la posibilidad incluso de que se exima de pena a quien brinde información comprobable, inculpando responsabilidades hacia arriba. Nada de eso sucedió. El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados se fue desguazando de un modo que difícilmente sea casual, por malicia de los diputados del FpV e impericia de los de Cambiemos, hasta quedar una norma confusa y desordenada, difícil de aplicar. En el Senado pudieron revertirse muchos de los defectos, pero igual está muy lejos de la que en Brasil ya lleva 775 personas investigadas dentro de 1434 procedimientos relacionados con 16 empresas, que condenaron a 141 procesados. Además, están detenidas 95 personas con prisión preventiva y 104 con presiones cautelares. 

 Desde que arrancó, en el 2014, el Lava Jato lleva contabilizados desvíos de dinero por 13 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil millones fueron coimas que empiezan a ser recuperadas, con un pedido de resarcimiento que elevaría esa suma a 12 mil millones de dólares, hasta este punto de la investigación. En la Argentina, la ley del arrepentido no le da a los fiscales las facilidades como las que existen en Brasil y Estados Unidos, pero sí les permite llegar a acuerdos de colaboración. Lo que llama la atención es el poco interés que despertó en ámbitos judiciales la aplicación de la norma. El único que parece haberla leído y comprendido su aplicación es el fiscal Federico Delgado, que se presentó ante el Ministerio Público Fiscal para pedir autorización para cruzar información de distintas causas sobre Odebrecht, elemento básico para realizar cualquier tipo de investigación en serio. Eso lo hizo mientras otros fiscales, Sergio Rodríguez, Franco Picardi y Carlos Stornelli, viajaban a Brasilia a iniciar el proceso para que el MPF brasileño entregue la información recabada allá. Por supuesto, están viniendo con las manos vacías. Ninguno se tomó el trabajo de comprender cómo funciona la legislación brasileña y, más bien, lo que hicieron hasta ahora es confundir a gran cantidad de periodistas que esperaban que el 1º de junio llegara una carpeta con el listado de los culpables de distribuir y recibir coimas para las obras que hizo Odebrecht en la Argentina. 

 Solo Gustavo Segré dijo, claramente, que eso no sucedería y se lamentó reiteradamente por la absoluta falta de interés por comprender los acuerdos de delación que alcanzó la Justicia brasileña con los corruptos, a cambio de brindar información que -de otro modo- sería imposible obtener. Supuestos expertos empezaron a hablar de que Odebrecht pretendía "impunidad". Todo apunta a dinamitar cualquier posibilidad de que la empresa declare. El Gobierno también mostró la hilacha cuando finalmente decidió actuar. De un día para el otro, y porque Lilita Carrió empezó a despotricar cuando se acordó del tema, puso a trabajar al ministro Germán Garavano en el tema, que a su vez instruyó al Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y a la titular de la OA, Laura Alonso, para que citen a los directivos brasileños. Los abogados de la empresa habían ido a verlo al ministro varias veces a comienzos del año, después de acordar con la Justicia brasileña, y no lograron avanzar en nada. Se fueron con la sensación de que Garavano no quería meterse. Ahora, en cambio, parece apurado en obtener la información. Y se fue a los Estados Unidos a ver qué logra. ¿Por qué cree que a un miembro del Ejecutivo le entregarán lo que solo corresponde que sea derivado al ámbito judicial, y sólo cuando haya disposición de alcanzar un acuerdo similar al que ya lograron? 

 Se sabe que Alejandra Gils Carbó y los miembros de Justicia Legítima trabajan para encubrir al kirchnerismo. Pero en el resto de la Justicia, en el Gobierno, en el Congreso, en los organismos descentralizados, ¿son o se hacen? ¿Por qué no aparece nadie realmente decidido a investigar la verdad? ¿A qué le tienen miedo? Aunque no lo diga, al Gobierno lo asusta que una megacausa de corrupción se lleve puesto el sistema político, como sucedió en Italia con el Mani Pulite, que destruyó a todos los partidos, o en Brasil, donde el Lava Jato no solo derivó en la destitución de Dilma Roussef, sino que dejó tecleando a su sucesor, Michel Temer, y en la puerta de la cárcel a Luis Inácio "Lula" Da Silva, para quien el viernes los fiscales pidieron una pena de 8 años y una multa de 27 millones de dólares. El terror no es infundado. Hasta el insospechado politólogo Andrés Malamud alertó al respecto el año pasado, basado en los escritos del académico italiano Alberto Vanucci, el mayor experto en Mani Pulite. Su conclusión es que el proceso judicial contra la corrupción en Italia no solo llevó a Silvio Berlusconi al gobierno, sino que además debilitó al sistema partidario -aun a los no involucrados en casos de corrupción- y tampoco terminó con las coimas, solo se sofisticaron. Como sea, cuando las condiciones lo favorecen, la verdad busca revelarse. En Brasil, luego de negar cualquier hecho de corrupción, el patriarca vivo de los Odebrecht aceptó los delitos cometidos por su empresa en 11 países. 

La comprobación de que un sistema judicial de gran calidad profesional y dispuesto a investigar es lo que terminó de convencerlo. Llegó a la conclusión de que venía una nueva época para la región y se lanzó. Por eso tiene condenas que puede cumplir en domicilio. Su hijo, en cambio, el CEO de la multinacional, que no colaboró desde el principio, está en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años. En Argentina, Ducler estaba decidido a hablar. Fue sobreseído en todas las causas en las que estuvo involucrado y quería lavar sus culpas. Fue al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi el año pasado a decir que tenía información sobre los fondos de Santa Cruz, y nunca lo citaron. En diciembre le dio un reportaje de media hora a Gasulla (se reproducen aquí dos tramos que aparecieron en el programa Liberman en Línea) y tampoco nadie lo citó. Le dijo a Mariano Federici que quería darle información y fue a entregarla, pero no lo atendió. Recién el viernes por la tarde el titular de la UIF se reunió durante dos horas con Juan Manuel Ducler, el hijo del financista. Buena parte de esa información hoy está disponible para quien tenga la valentía de tomar el toro de la corrupción por las astas, más allá de las declaraciones para quedar bien con una opinión pública que todavía no entiende por qué no avanzan las causas contra la corrupción. Argentina, si quisiera, podría tener su propio Lava Jato, una megacausa por la que hoy están presos más de 100 empresarios, financistas y políticos y que se inició investigando un lavado de activos en Petrobrás. Quien quiera investigar, que se anime. La verdad no puede ser peor que la corrupción sobre la que está montada nuestra democracia.

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