miércoles, 14 de junio de 2017

FONDOS USARÁN ARGUMENTOS DE KICILLOF CONTRA Y.P.F Y ARGENTINA.

 Evidencia. Los fondos Eaton y Burford presentaron ante los tribunales de NY
una frase de Kicillof afirmando que no se respetaría el “estatuto”. 
 

      Por Carlos Burgueño/Ámbito.- Burford y Eaton le reclaman al país U$S 3.000 millones en los tribunales de Nueva York. El exministro había dicho, al defender reestatización en mayo de 2012, que se desconocería el “estatuto” de la petrolera donde se obligaba a extender una oferta de compra a todos los tenedores de acciones. Los fondos Burford y Eaton Park que litigan contra la Argentina e YPF en los Estados Unidos, y que se consideran damnificados por la manera en que el país renacionalizó la petrolera en 2012, utilizarán como argumento para su demanda; que el Gobierno de Cristina de Kirchner conocía que no se estaba cumpliendo con el estatuto de la compañía. Para ganar el juicio por unos u$s3.500 millones, utilizarán una frase de Axel Kicillof dicha en el Congreso Nacional donde el entonces ministro de Economía daba a entender que sabía que el "estatuto" no se respetaría.
Para los demandantes, esta posición, no desmentida por la defensa de la posición nacional hasta ahora explicaría que la Argentina sabía que existía una norma que obligaba en el momento de la renacionalización del 51% de Repsol a realizar una "tender offer" al resto de los tenedores de acciones y en las mismas condiciones. Según aseguran Burford y Eaton, el estatuto de la compañía al momento de la expropiación en mayo de 2012, exigía en el caso de un avance sobre las acciones del propietario mayoritario (Repsol), la ampliación de la oferta al resto de los accionistas.


Acto soberano 


 La posición de la Argentina antes este juicio, según la defensa elaborada por el estudio Akerman, fue siempre que se trató de un acto soberano del país y que no existía la obligación de respetar esa parte del estatuto. Y que, en definitiva, se le permitía al 49% restante de accionistas a continuar como integrantes de la sociedad. El contraargumento de los demandantes es que la ley de reestatización de YPF le prohibió a la petrolera nacionalizada repartir dividendos, lo que provocó daños irreparables en el valor de las acciones de la empresa y la imposibilidad para el Grupo Petersen. Este era propietario del 25% de la empresa y con un compromiso de pago a través de las ganancias, con lo que al no poder recibir dividendos tampoco pudo cumplir con sus obligaciones con sus acreedores y presentó en default dos sociedades españolas: Petersen Energía y Petersen Inversora. Entregó así sus tenencias accionarias a sus acreedores (entre ellos, Carlos Slim, George Soros y LazardAsset Management) y vendió la posibilidad de un juicio al fondo Burford. Éste inició las acciones legales en 2015 y en diciembre del año pasado tuvo un fallo a favor en primera instancia en el juzgado de Loretta Preska. Argentina apeló y ahora el caso comenzará a resolverse desde mañana, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York escuche a las partes en la audiencia organizada para definir el caso. 

Reclamo 

 El caso de Eaton tiene otros matices. El fondo reclama su parte, pero por haberse mantenido como socio de la petrolera, a la que ingresó en diciembre de 2010 comprando el 1,63% del capital de YPF (entonces controlada por Repsol) por unos u$s250 millones. El argumento es que al momento de la expropiación, YPF tenía un valor aproximado de u$s15.300 millones (según los números presentados ante Wall Street), pagó para entrar unos 39 dólares por acción. La última cotización en Wall Street fue de u$s24,31; y los abogados de Eaton afirman que la caída de las acciones de YPF se debió a la forma en que el Gobierno argentino decidió avanzar en la reestatización, y al no haber extendido la oferta al resto de los accionistas. Eaton reclama por la caída de los valores de la empresa ante la decisión tomada entre mayo de 2012 y febrero de 2014, cuando se le pagaron a Repsol unos u$s9.000 millones por el "convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación" firmado para liquidar la compensación a la expropiación del 51% de YPF, período en el cual el Gobierno argentino respetó el valor original de la empresa (u$s13.000 millones) sin tener en cuenta los intereses del 49% restante de los accionistas, pese a lo que indicaba teóricamente el estatuto sobre la obligación de extender la operación al resto de los propietarios. Eaton, para justificar que la acción del Gobierno fue a propósito, dirá en sus argumentaciones que Axel Kicillof estaba al tanto de la operación. Fue el 17 de abril de 2012, cuando Kicillof dijo concretamente que "los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¡Si no dónde está la seguridad jurídica?". 

Según los escritos que presentan los fondos que litigan contra Argentina, y a los que tuvo acceso este diario, los demandantes mencionan al exministro como un virtual "interventor" de la empresa durante el kirchnerismo, con lo que conocía a fondo la vigencia del estatuto de la petrolera y la obligación de avanzar en una "tender offer". Ante este escenario, es mucho lo que se juega Argentina desde el jueves en la audiencia en la Cámara de Nueva York. Si el fallo final fuera negativo, y si luego una apelación del país es rechazada en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Argentina debería negociar el pago de unos s$s3.500 millones a Burford y Eaton. Pero además correría el riesgo de que aparezca el precedente jurisprudencial para que el resto de los tenedores de acciones del 49% minoritario también puedan avanzar en juicios similares. Según Sebastian Maril, de Research for Traders, "El riesgo legal contra YPF y contra Argentina podría incrementarse si la totalidad de los accionistas del 49% no expropiado opta por litigar. Por el momento, el 26,3% se encuentra desfilando por las cortes neoyorquinas. No hay que perder de vista este caso aún si la Corte de Apelaciones falla a favor de los intereses argentinos".

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