viernes, 30 de junio de 2017

EN MEDIO DE LA NUEVA OLA DE JUICIOS LABORALES, MACRI INSINÚA OFENSIVA OFICIAL PARA PROTEGER A LAS PYMES.


      Por iProfesional.- Ocupan al 96,3% de la población económicamente activa. La tasa de judicialidad de ese sector creció 150% en los últimos seis años y colapsó la Justicia. Consideran que las multas elevan considerablemente el costo que implica una sentencia en contra. El presidente Mauricio Macri aprovechó los festejos por el día internacional de las pymes para machacar sobre una de sus obsesiones: la denominada "industria del juicio laboral", a la cual considera como uno de los principales factores que frenan la creación de empleo.

Dio uno de sus discursos más firmes sobre este tema, en coincidencia con la publicación de nuevos datos sobre el incremento de las demandas laborales e insinuó que los esfuerzos del Gobierno se dirigirán a una reforma del sistema, de manera de morigerar la ola de juicios. "Algunos dijeron que estaba defendiendo a las empresas, no es así, estoy defendiendo a los trabajadores, que por culpa de estas mafias colapsan los fueros de Justicia Laboral”, indicó el Jefe de Estado al encabezar un acto en Casa Rosada. Agregó que también defiende “a las pymes, que quieren crecer y no lo hacen por miedo a esa maquinaria perversa de juicios sin razón. Sin minorías de vivos que se creen intocables". En la Argentina existen 509.000 empresas de hasta 50 trabajadores (incluyendo a los empleadores de servicio doméstico), frente a 19.745 medianas y grandes. Este universo atomizado que emplea 96,3% de la fuerza laboral formal. 

 De acuerdo a un informe reciente difundido por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), las demandas contra las aseguradoras, provenientes de trabajadores de pequeñas empresas creció el 150% en los últimos seis años, a pesar de la caída de los accidentes y los fallecimientos. Si se analiza la cantidad de reclamos que se originaron en pequeñas compañías, de las 127 mil demandas ingresadas a las aseguradoras en 2016, 39.805 provinieron de ese sector, que en 2010 había presentado 15.634 nuevos juicios. Desde la entidad indicaron que "la tasa de judicialidad de las pequeñas empresas es un 18% superior al resto de las compañías". En efecto, sostienen que en los últimos seis años, la tasa de judicialidad creció 150% para las empresas de menor porte y que por cada 10 mil trabajadores cubiertos se originan 156 demandas al año. En el mismo sexenio, la tasa de accidentes en este segmento de empresas se redujo 6,7% y los fallecimientos cayeron 19,4%, agregaron desde la UART y remarcaron que "se adiciona el agravante de que en esos seis años el segmento redujo un 10% su participación en la distribución del empleo formal" ya que pasó de representar el 31,4% de los trabajadores en 2010, al 28,1% en el 2016. 

 El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo, señaló que “es necesario enfrentar con urgencia la mafia de la litigiosidad judicial vinculada a las contingencias laborales, porque destruye la generación de empleo al tiempo que erosiona a las pymes en general y a las industriales, en particular”. “La industria del juicio decididamente no favorece a los trabajadores; avanza generando una pérdida de competitividad por el aumento de costos; sumando informalidad al sector y reduciendo la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo ante el temor de demandas injustificadas, que en muchos casos lleva al colapso o cierre definitivo de las pymes”, concluyó Ammaturo. En tanto, el presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, sostuvo que si bien “hay despidos, accidentes, lesiones o enfermedades "fabricados" por una "industria del juicio", la necesidad más urgente de las pymes no es ir en su contra si no reactivar el consumo interno, que se contrajo fuertemente por la baja en los salarios, el aumento de tarifas y el avance de las importaciones”.

 Dos Reis consideró que "el negocio espurio de los juicios debe ser eliminado, pero la primera necesidad de las pequeñas y medianas empresas es recobrar impulso". "Demandamos la Emergencia Pyme a nivel nacional para que el Gobierno contemple las problemáticas que sufren los sectores productivos, para impulsar a las empresas y reactivar el mercado interno", indicó el titular de la CEEN. Y destacó que “para eso es necesario crear un Fondo de Emergencia para el sostenimiento de las fuentes de trabajo y realizar acuerdos especiales y viables para la normalización impositiva y provisional, pero también contar con mayor acceso a financiación”. 

 Juicios y multas 

 El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, advirtió que "los juicios laborales ponen en jaque la supervivencia de las pymes" y remarcó que para disminuir la litigiosidad se debe fomentar "la incorporación de trabajo de calidad y reducir a su vez los índices de informalidad". Para el directivo, es necesaria una modificación del régimen laboral, previsional y tributaria que tenga en cuenta las condiciones de desarrollo, productividad, financiamiento y acceso a las tecnologías de las pequeñas y medianas empresas. Al respecto, el presidente de CAME sugirió la "eliminación, modificación, morigeración o cambio de destino del régimen sancionatorio de las leyes 24.013 y 25.323", considerados como un sistema de multas que difieren en su naturaleza de la indemnización por despido. En la entidad empresaria proponen "modificar el régimen sancionatorio por uno adecuado a las pequeñas y medianas empresas, eliminando o disminuyendo las multas, o bien que éstas no integren el capital de condena, y sean destinadas al verdadero objeto para el que fueron creadas, que es el financiamiento de los regímenes de la seguridad social". 

 El especialista Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Darago - Lupi & Asociados, explicó a iProfesional que en Argentina existen “un menú de opciones que indica cuanto puede salir un juicio laboral, incluso las multas por empleo en negro que son las que hacen aumentar la indemnización de tres a cinco veces su monto”. Sobre este punto, señaló que "debe generarse una justicia laboral con un mejor andamiaje jurídico y en especial en materia procesal, que permita una justicia rápida y equitativa" porque "no es lo mismo enfrentar un juicio laboral para una pyme, un negocio unipersonal (quiosco, liberaría, supermercado de barrio, por mencionar algunos ejemplos) que para una gran empresa". “Es que los costos se disparan y o los juicios pueden "voltear" una empresa y dejar sin trabajo a varios empleados. El peor de los mundos, al cerrar, no pagan el juicio laboral y además dejan sin trabajo a otras personas”, agregó Cerutti. Además, sostuvo que "debería haber un buen control por parte del Estado sobre las formas de contratación". “La responsabilidad es claramente compartida por parte de los supuestos estudios de la industria del juicio y las grandes empresas que evaden la correcta contratación de personal, todos los intentos de nuevas formas de contrato han sido mal utilizados por grandes empresarios”, enfatizó el socio de Cerutti - Darago - Lupi & Asociados, quien luego se preguntó quién invertiría en una empresa si poner el dinero en ciertos bonos, letras, dan una ganancia mucho mayor y más rápida.

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