viernes, 16 de junio de 2017

EL COSTO DE LOS DERECHOS (LA FALACIA POPULISTA).

Héctor Recalde, especialista en conseguir abusos de derechos laborales. 

       Por Luis Alejandro Rizzi*/Urgente24.- La sociedad argentina no está percibiendo que su sistema productivo es inviable. No hay capacidad competitiva en una madeja de sobrecostos logísticos, tributarios y laborales. Es imposible mejorar la inserción en la economía global con la suma de arbitrariedades, burocracia e industrias del juicio. Pero, más grave aún, ya ni siquiera es viable la economía cerrada porque la única rentabilidad del propietario del capital es prestarle al Estado que, por su déficit fiscal, paga cualquier tasa de interés por ese dinero. Acerca de una parte del problema (el costo de los derechos otorgados) escribió el columnista: Hasta hace un tiempo se decía para descalificar a ciertas personas “habla porque el aire es gratis”, pues bien hoy el aire dejó de ser gratis ya que mantener el aire limpio y un clima sustentable tiene costos enormes y una prueba de ello fue la decisión de Donald Trump de retirar a los EEUU del acuerdo sobre cambio climático de Paris, para bajar los costos de la industria y de explotaciones mineras. Con este simple ejemplo quiere poner de manifiesto que los derechos que gozamos las personas tiene un costo y si ese costo no tiene financiamiento no hay derecho por más que lo consagren o lo reconozcan mil leyes o mil constituciones.
Alicia Prieto nos cuenta en el diario La Nación: “según la Corporación Andina de Fomento, en la Argentina, entre 1980 y 2013, se produjeron 39 desastres ambientales relacionados con el clima, de cuyas consecuencias se estiman 312 víctimas mortales, más de seis millones de afectados y pérdidas económicas del 0,067% del porcentaje promedio anual del PBI”. El costo no solo se mide en dinero, se mide en afectados y víctimas mortales. Un vicio muy contaminante de los llamados “populismos” es que mucha gente, más de lo que uno cree, fue convencida que los derechos son gratuitos y así hoy se escuchan y peticionan los beneficios más absurdos, como la gratuidad o bien la vigencia de los llamados “precios políticos” para los servicios públicos incluida la enseñanza en todos sus niveles, como lo es formalmente en Argentina. El hecho que el acceso sea gratuito, como lo es para la enseñanza o que los precios de algunos servicios estén subsidiados, no quiere decir que esas actividades no tengan costos, lo que pasa es que se financian con los impuestos, tasas y contribuciones que recauda el estado. 


De algún modo esos servicios de acceso gratuito o de precios políticos, los pagamos los contribuyentes ya sea mediante los impuestos directos o indirectos. Estos últimos los pagan incluso los sectores más pobres ya que están incluidos en los precios de productos básicos, como el IVA o ingresos brutos. Todos los habitantes de la Argentina tenemos garantizado el derecho de propiedad, pero sólo pueden ejercerlo realmente o acceder a la propiedad las personas que cuentan con los medios necesarios para tal fin. Este es un ejemplo también práctico del costo que tiene cada derecho. En materia laboral se han establecido una infinidad de derechos, muchos promovidos por el Dr. Héctor Recalde, diputado nacional por el FPV, pero votados por mayorías legislativas. Lo grave y cierto es que en ningún caso se estudió cómo incidiría el costo de esos derechos que pueden ser o no razonables, no sólo en los precios finales de bienes y servicios, sino también en el acceso a fuentes de trabajo o actividades formales. Esos costos tornan inviables muchas explotaciones comerciales que están obligadas a ingresar al terreo de lo informal, para poder ganarse la vida honestamente, valga el oxímoron. También son una de las causas de la llamada industria del juicio, la que se da también en otros fueros o la industria del amparo que se ha convertido en una herramienta política. 

Mas de mafias judiciales, estimo que se trata de abusos sustentados en ciertas ideologías, por cierto muy provechosas para unos pocos. Debemos reconocer que también incide la presión fiscal que linda con lo insoportable, estos dos costos el laboral y el fiscal, aunque parezca paradójico atentan contra la vigencia y el ejercicio de derechos básicos insatisfechos, como lo son el acceso a servicios de agua, de cloacas, a la salud y a la educación de calidad. Estos derechos al “Acceso” de ciertos servicios esenciales para la vida, a diferencia otros derechos patrimoniales, deberían estar garantizados por el estado, ya que constituyen un umbral de la dignidad humana. Otro ejemplo es el previsional en el que unos siete u ocho millones de personas están financiando los beneficios justos en la mayoría de los casos, si excluimos a quienes nunca aportaron o lo hicieron solo parcialmente, del doble de personas. Por otra parte, el 70% cobra la jubilación mínima que está por debajo del salario mínimo vital. La pregunta es otra vez la misma, tenemos un costoso sistema previsional, pensado para otra época y cuando las expectativas de vida eran menores a las del presente ¿pero los actuales beneficiarios realmente están gozando de un derecho previsional digno? La respuesta es No. 

 Hoy estamos embriagados de derechos, pero lo cierto es que tenemos 30% de pobreza y otro tanto de marginalidad y un Estado colapsado y la cantidad de personas que realmente pueden gozar de sus derechos es mínimo. Lamentablemente la visión populista parece imponerse como ocurrió con el Brexit, con la elección de Donald Trump o con la posibilidad cierta que el separatismo triunfe en Cataluña. Pero, también es cierto que cuando se llega a situaciones límites, parecería que la gente recobra su sentido común, por lo menos esos serian los ejemplos de Francia, Holanda, Austria y le dan la espalda a los populismos sean de derecha o izquierda. Otra vez no hay derechos sin que se pueda financiar su costo y salvo el derecho a la vida, todos los demás son relativos sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. En realidad, esta cuestión del costo de los derechos nos lleva a otra no menos complicada que es la cuestión de la administración de las desigualdades sociales y de la distribución del ingreso, cuyo análisis lo dejamos para otro momento. 

 * Luis Alejandro Rizzi: Abogado especializado en Derecho Comercio, con experiencia en la gestión del aerocomercio.

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