lunes, 5 de junio de 2017

CASO ODEBRECHT: ALLANAN IECSA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE PERTENACÍA HASTA HACE POCO AL PRIMO DE MACRI.

      Por iProfesional.- El operativo fue ordenado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobre la empresa que hasta hace tres meses era propiedad de Ángelo Calcaterra y hoy está en manos de Marcelo Mindlin. IECSA es socia de la firma brasileña que había admitido el pago de coimas por u$s35 millones en la Argentina. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó allanar las oficinas de IECSA en el marco de los nuevos procedimientos judiciales que dictaminó en la causa del Soterramiento del Sarmiento, uno de los tantos expedientes que integran el "Lava Jato criollo". IECSA, propiedad del primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, hasta hace tres meses (cuando vendió la compañía a Marcelo Mindilin), era socia de la brasileña Odebrecht en la construcción de esa obra de u$s3.000 millones.
En el marco de la causa que investiga el supuesto pago de sobornos en el mentado soterramiento, Martínez De Giorgi también dispuso operativos en Odebrecht y Ghella, otra de las compañías que integró el consorcio con la constructora brasileña. En los procedimientos judiciales se busca información y documentación complementarias a la obra de soterramiento. Interviene la Policía Federal. 

 El expediente se abrió en el marco del escándalo del "Lava Jato" brasileño y tiene por principal acusado al ex secretario de Transporte durante el kirchnerismo, Ricardo Jaime, a quien se acusa de cobrar coimas para favorecer a Odebrecht y sus asociadas en la adjudicación de las obras. El magistrado había decretado el secreto de sumario el viernes pasado. Además de los allanamientos, el magistrado también hizo lugar a otras medidas solicitadas hace una semana por el fiscal federal Franco Picardi. El procurador había solicitado el entrecruzamiento de llamados entre Jaime y directivos de Odebrecht, Iecsa, Ghella (italiana y socia de Calcaterra en la conformación del Grupo ODS) y Comsa S.A. (España), las otras compañías vinculadas al soterramiento. También le había requerido a Martínez de Giorgi que informe si Jorge “Corcho” Rodríguez, Javier Sánchez Caballero –ex IECSA– y otros directivos de las firmas investigadas figuran en los registros de ingresos en el área de Planificación, entre 2005 y 2014. Odebrecht quedó en el ojo de la tormenta tras admitir haber pagado sobornos por u$s35 millones en la Argentina entre 2007 y 2014. Arribas El nombre del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, apareció en la escena mediática (y luego en la judicial) vinculado al soterramiento del Sarmiento. 

 El fiscal Federico Delgado, titular de la Fiscalía N° 6, sigue el rastro de una transferencia de dinero al jefe de los espías. El operador y cambista brasileño, Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos del Lava Jato que colabora con la Justicia del país vecino, afirmó que le realizó giros irregulares por u$s800 mil a Arribas. Arribas lo niega categóricamente y logró el sobreseimiento judicial en primera y segunda instancia. También denunció a Meirelles por falso testimonio. No obstante, las dudas no lograron ser disipadas. Las socias Con estos nuevos allanamientos, la Justicia vuelve a hacer foco en las firmas vinculadas a Odebrecht, entre las que se destacan, por citar algunas, Techint, BTU, Contrera Hermanos y Esuco; Benito Roggio e Hijos, Supercemento y José Cartellone Construcciones; la mentada IECSA, la brasileña Camargo Correa; CPC, de Cristóbal López, y Electroingeniería. Una cifra sintetiza la onda expansiva que podría tener el caso Odebrecht si estallase: a raíz de la delación de la constructora brasileña, unas 100 compañías están en el ojo de los magistrados argentinos. El caso AYSA El fiscal Delgado pidió este lunes informes sobre un crédito suscripto entre la empresa de aguas AYSA y Odebrecht en 2008 por $890millones, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la construcción de una planta potabilizadora en la zona norte bonaerense. 

 Delgado propuso la medida al juez federal Sebastián Casanello, para obtener un informe sobre las condiciones y los términos en los que se suscribió ese acuerdo, bajo la forma de un “mutuo” (préstamo entre partes). Se trata de un convenio por $890 millones suscripto el 21 de agosto de 2008 por un plazo de diez años, aprobado por resolución del Ministerio de Planificación n° 776. “La idea es contar con un informe y no con expedientes. Esto es decisivo, obtener un informe y no documentos cuyo abordaje se vuelve materialmente imposible”, explicó el fiscal. La Justicia viene investigando el supuesto pago de coimas de la empresa Odebrecht a funcionarios de Argentina, en el marco de la causa de Lava Jato que generó una crisis política en Brasil y que salpica también a varias naciones de la región. Otras pesquisas La principal investigación, que podría emular a la del Lava Jato pero en versión criolla, la lleva adelante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), cuya función central es perseguir los “hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidos por agentes de la Administración Nacional”. La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, está investigando –por ahora de forma preliminar- posibles maniobras irregulares ejecutadas por funcionarios públicos en los procedimientos de selección de los contratistas privados para la realización de las obras dispuestas por el Estado, entre 2006 y 2015. 

 Concretamente, se analiza si se benefició no sólo a Odebrecht sino también a Techint, Camargo Correa, Contrera Hermanos y Andrade Gutiérrez, entre otras. Se trata de las cinco constructoras involucradas en el escándalo brasileño que operaron en la Argentina. Tal como trascendió públicamente, las firmas protagonistas del Lava Jato se asociaron con al menos 19 compañías, según los registros de Uniones Transitorias de Empresas (UTEs). La pesquisa de la Procuraduría también pretende determinar si miembros de las mismas pagaron sobornos a funcionarios argentinos para obtener esas contrataciones. En el marco de esta investigación general –y otras causaspuntuales que tienen a Odebrecht por protagonista-, desde el Ministerio Público Fiscal se impulsa la conformación -junto con la cartera equivalente en Brasil- de un equipo binacional de procuradores. En ese sentido, el 2 de junio, ambos ministerios acordaron mecanismos de cooperación para poder avanzar en las investigaciones que llevan adelante. Y emitieron un claro mensajes a los respectivos gobiernos al reafirmar la importancia de que ambas carteras puedan actuar “de manera independiente y autónoma” y que “esos principios sean respetados por otros Poderes del Estado, conforme las Declaraciones de Lisboa y Brasilia”. A esta investigación central de la PIA se suman otras, como las mencionadas o la que persigue el juez federal Daniel Rafecas, quien analiza supuestos pagos de sobornos de Odebrecht para realizar obras en los gasoductos Norte y Sur de la Argentina. En el marco de esta causa, la semana pasada ordenó una serie de allanamientos y el peritajes.

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