Por Lucía Salinas/Clarín.-
La AGN señaló que la obra se encareció en un 78%, que sus plazos de ejecución estaban atrasadas y que se pagó al consorcio ganador un 25% del valor original del presupuesto.
La Auditoría General de la Nación (AGN) en 2013 elevó un crítico informe sobre la Planta Paraná de Las Palmas, obra adjudicada al consorcio liderado por la brasileña Odebrecht y que está bajo investigación judicial por diversas irregularidades que se buscan determinar. La auditoría consignó la adjudicación de la obra al consorcio pese a hacer una oferta "24,74% por encima del presupuesto oficial", "retrasos en los plazos de ejecución que elevaron el valor del contrato a aproximadamente un 78%", "falta de controles de los organismos competentes", "falta de documentación para las certificaciones", entre otros aspectos.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner la AGN en un informe de 52 páginas al que accedió Clarín (actuación 380/12), realizó una serie de observaciones sobre la obra que tuvo Odebrecht y que investiga el juez Sebastián Casanello. El presupuesto oficial de la licitación, según la auditoría, fue de $ 1.838 millones y que el consorcio de Odebrecht ascendió a $ 2.200 millones.
La adjudicación finalmente, en agosto de 2008 fue por $ 2.293 millones y remarcó la AGN: “Un 24,74% por encima del presupuesto oficial”.
Uno de los aspectos que investiga el juez Casanello, son los plazos de obras. La licitación contemplaba que la planta potabilizadora se concluiría en 36 meses, pero no ocurrió hasta 96 meses después. La AGN señaló que “la ausencia de una adecuada planificación generó atrasos en la ejecución de la obra, con relación al plazo previsto incidiendo en su valor final”. Respecto al plazo de obra, se modificaron “dos veces los documentos”, donde se llevó con una adenda la obra a 47 meses y la segunda en 2013 con el plazo extendido final.
El consorcio de empresas se justificó en su momento, a que los retrasos respondían a “medidas de las autoridades municipales” y “demoras en el pago de las certificaciones con financiamiento AySa”. La AGN señaló en su informe que estos retrasos, incidieron "en el valor final” de la planta potabilizadora: las redeterminaciones de precios efectuadas a diciembre de 2012 “elevan el valor del contrato a aproximadamente un 78% respecto al monto contractual de origen”.
Entre otras irregularidades marcadas por la Auditoría, se indicó que no se pudo validar los mecanismos de control realizados por la Agencia de Planificación (APLA) dependiente del ex ministerio de Planificación.
“No pudieron respaldarse los ítems incluidos en los certificados de obra, como tampoco su correlación financiera”, se plasmó en el informe. Hubo certificados en sus costos que diferían de lo volcado en la documentación revisada por la AGN.
La empresa brasileña reconoció haber pagado 35 millones de dólares en coimas en nuestro país.
El organismo revisor pidió a APLA que informe cuál era el valor de la obra al cierre de las tareas de campo. Para esto se pidió el último certificado emitido en 2012, “de la revisión del mismo sugirieron inconsistencias cuya regularización no pudo ser verificada con posterioridad”.
Además, se informó que hubo certificados verificados por la Agencia que dependía de Planificación Federal, provenientes de bienes y servicios financiadas por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y social de la República Federativa de Brasil (BNDES), “sin la previa aprobación de las facturas por parte de AYSA”. Así, APLA prestó aprobación para liberar fondos sin la “correspondiente verificación”.
Por este tipo de mecanismos y otras irregularidades, también se señaló que no hubo “evidencia de control que acredite la integridad de la documentación” respaldatoria de los certificados que se emitieron para la obra investigada por Casanello. Y la AGN fue más allá: “No existen mecanismos de control, por parte de autoridad competente, respecto de los procedimientos de redeterminación de precios”.
Este punto es uno de los investigados en la causa. Las variaciones en los costos de obras y al respecto, la AGN apuntó contra AySA a quien acusó de no solicitar a Odebrecht la integración de las garantías que correspondían a la redeterminación de precios. “Hubo cinco redeterminaciones de costos y sólo se integró una a la póliza”, señaló el informe. Así, la auditoría no pudo verificar el “cumplimiento de las garantías”.
La Justicia investiga posibles sobreprecios y si hubo o no pago de coimas alrededor de esta obra en la que está involucrada la brasileña investigada en el Lava Jato.
