jueves, 25 de mayo de 2017

COIMAS EN LA GESTIÓN KIRCHNERISTA: RESISTENCIA DENTRO DEL GOBIERNO CONTRA LA PROPUESTA DE ACUERDO DE ODEBRECHT.

      Por Alejandro Alfie/Clarín.- Rechazarían la propuesta, que fue girada a la Oficina Anticorrupción y a la Procuración del Tesoro. El Gobierno comenzó a analizar la propuesta de 10 páginas que entregó Odebrecht para revelar a quiénes les pagó US$ 35 millones en coimas en la Argentina, durante la gestión kirchnerista. El ministro de Justicia Germán Garavano les giró a la Oficina Anticorrupción y a la Procuración del Tesoro el convenio que acercó la empresa brasileña, donde reclama condiciones similares a las que recibieron en República Dominicana, entre otros países de la región. Esa propuesta iba a conversarse en una reunión ayer al mediodía, entre el abogado de la empresa brasileña y los funcionarios. Pero las cosas no resultaron como estaban previstas, ya que en ese mismo momento, a las 12.30 horas, la Justicia estaba allanando la sede de Odebrecht y el abogado Guido Tawill tuvo que retirarse de la reunión con Garavano. De todos modos, el ministro se reunió poco después y por breves minutos, en forma separada, primero con el procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y luego con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. A ambos funcionarios Garavano les dio el convenio que propuso firmar Odebrecht y les pidió un dictamen para la semana que viene. Los técnicos de los organismos comenzaron a analizar la propuesta de Odebrecht, que ofreció colaborar en la identificación de los funcionarios e intermediarios a quienes les pagó coimas en la Argentina; a cambio de aplicar el "modelo dominicano", para que sus 78 “arrepentidos” no sean juzgados en la Argentina y que la empresa pueda continuar participando en los negocios de obra pública. 

 En República Dominicana se firmó un convenio para identificar a todos los que recibieron US$ 92 millones en coimas de Odebrecht, pero sin ir judicialmente contra la empresa ni sus empleados, que están siendo procesados y condenados en Brasil. Además se le permite a la compañía seguir operando en la obra pública con un modelo de transparencia, para que pueda pagar los US$ 184 millones de multa que le impuso ese país. La propuesta de Odebrecht “no es aplicable en la Argentina, ya que acá no existe la delación premiada sin persecución judicial. Vamos a proponer el rechazo de la propuesta que hizo Odebrecht”, dijo una fuente de un sector del Gobierno. Y agregó que la empresa brasileña está apurada por firmar un acuerdo en la Argentina, “porque saben que el 1° de junio se levanta el secreto de sumario en la Justicia brasileña y van a comenzar a llegar a la Argentina las declaraciones que ya hicieron sus empleados sobre el pago de coimas en nuestro país”. El Gobierno está interesado en que Odebrecht se comprometa a que sus ex directivos declaren y brinden documentación sobre cuánto dinero le pagaron a cada funcionario e intermediario, cuándo y en qué cuentas bancarias, ya que en la Justicia de los Estados Unidos declararon que habían pagado US$ 35 millones de coimas en la Argentina, entre los años 2007 y 2014. 

 Por eso, cuando tenga los dictámenes técnicos sobre el convenio, el ministro Garavano va a recomendarle al presidente Mauricio Macri su aprobación o rechazo. Es que más allá de lo que se decida en las causas judiciales, el Gobierno presiona a la empresa brasileña con quitarlos del Registro de Constructores para que no puedan participar durante varios años en obras públicas en la Argentina y aplicarle multas millonarias en caso que la compañía siga sin cooperar con la justicia federal. Odebrecht tiene 800 empleados en la Argentina y pretende seguir con obras como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y las plantas potabilizadoras de agua de Aysa, además de querer presentarse en las licitaciones de obra pública que se realicen en el país. Por eso, propuso al gobierno dos opciones para pagar las multas: con ganancias de las obras públicas en el país, a través de un fideicomiso que se crearía cuando se establezcan las multas; o con dinero de la casa matriz, a partir del año 2024, ya que hasta esa fecha tiene comprometidas las ganancias para otros países donde celebró convenios de cooperación.