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| Jorge Triaca. |
Por Mariano Martín/Ámbito.-
Resignado al paro del 6-A el Ejecutivo desplegará un plan de hostigamiento contra la central obrera y sus principales sindicatos.
El Gobierno lanzará una ofensiva legal contra la CGT y sus sindicatos luego de resignarse a que la central obrera dispondrá para el 6 de abril un paro nacional de actividades, como anticipó este diario. La avanzada incluirá desde reeditar las impugnaciones contra el Congreso de unidad de la organización, en agosto pasado, hasta la aplicación de normas restrictivas del derecho de huelga y la carta de exigirles a los gremialistas cumplir con el cupo femenino en todos los niveles de la actividad.
La estrategia, confirmada a este diario por funcionarios, no apunta a evitar una huelga que el Gobierno considera lanzada e imparable sino a escarmentar a sus promotores y recordarles que deberán lidiar en adelante con la administración de Mauricio Macri como rival. La decisión pone de manifiesto la imposibilidad del Ejecutivo de articular una negociación conducente con el triunvirato de líderes, a su vez obligado a radicalizarse en la protesta por presiones internas.
La puesta en marcha de este plan implicará necesariamente una ruptura con la CGT. Hasta ahora la relación del Gobierno con los gremios era pendular y Macri había dejado en suspenso toda revisión de la legislación laboral destinada a debilitar el poderío de los sindicatos y a endulzar a sus aliados empresariales. En el Gabinete explicaron que el mandatario se hartó de las amenazas de los dirigentes por considerarlos ingratos frente a las concesiones hechas desde el inicio de su mandato, como la restitución de fondos a las obras sociales. La gota que colmó el vaso fue la constatación de que se hará la primera huelga nacional el 6 de abril.
El menú de acciones de hostigamiento legal se terminará de definir hoy en reuniones técnicas en el Ministerio de Trabajo. Pero cerca de Jorge Triaca ya advierten que uno de los ejes serán las impugnaciones que presentó el año pasado el rural Gerónimo Venegas al Congreso de reunificación de la CGT, basadas en la constitución de un trío de secretarios generales que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.
En el Ejecutivo recordaron que el estatuto de la central obrera prevé la jefatura a cargo de un solo secretario general. Con la excusa de aquella impugnación la cartera laboral sólo entregó, en su momento, una certificación provisoria de las nuevas autoridades.
También se echará mano de la ley de cupo femenino, que establece un piso del 30% de mujeres en cargos electivos. El criterio regirá tanto para la CGT como para los sindicatos, con particular énfasis en los principales impulsores de las medidas de fuerza. Como epicentro de la avanzada estará la Dirección de Asociaciones Sindicales, que encabeza el abogado Horacio Pitrau. Desde allí se hará una revisión meticulosa de la Ley 23.661, que establece los requisitos para ejercer la actividad sindical y sus alcances en la representatividad.
Ayer el Gobierno cumplió con un paso prometido de convocar a los gremios industriales para evaluar posibles abordajes puntuales para sus reclamos por puestos de trabajo perdidos como consecuencia de la caída en la producción y la apertura de importaciones. Triaca y su par de Producción, Francisco Cabrera, mantuvieron encuentros por separado con los sindicatos de metalúrgicos (UOM), calzado, textiles y ceramistas. Las promesas de los funcionarios giraron en torno del eventual otorgamiento de subsidios Repro y de asistencia para la reubicación de operarios despedidos. El líder de la UOM, Antonio Caló, salió del encuentro y ratificó que el gremio irá al paro junto con la CGT.
