Por Luis Majul/La Nación.- En el submundo de los espías, las pinchaduras de teléfonos y las filtraciones son un secreto a voces: Cristina Fernández maneja una organización paralela de inteligencia destinada a ensuciar a dirigentes y periodistas que se atrevieron a denunciarla. Una célula residual. Un resabio del enorme y aceitado aparato que manejaba cuando todavía era jefa de Estado. De hecho, a poco de asumir, los nuevos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le informaron al Presidente que los muchachos de Oscar Parrilli se habían llevado la CPU con las "carpetas digitales" de decenas de miles de empresarios, sindicalistas, fiscales, jueces, dueños de medios y periodistas y otros personajes "influyentes". ¿Con qué intención se las robaron? Para "vender los datos" o usarlos de ariete en operaciones. Esta, y no otra, es la verdadera razón por la que la ex presidenta y el propio Parrilli ahora denuncian que hay un plan para espiarlos y perseguirlos a ellos. Están probando de su propia medicina.
Sólo que ésta tiene un origen legal y la de ellos era non sancta.
Ahora temen que esa red de inteligencia, la que armaron ellos, con sus responsables y sus operaciones sucias, salgan a la luz. Lo que compromete mucho a la ex presidenta y su sumiso colaborador son los contenidos de varias conversaciones que todavía no fueron reveladas. No tanto el humillante "soy yo, pelotudo" o el desagradable "que se suturen el orto". Lo que sí los compromete son los diálogos donde Ella le pide a Parrilli y otros, como Juan Martín Mena y Rodolfo Tahilade, que se dediquen a armar causas con información berreta, envenenada y tóxica, típica de los servicios. Y no solo contra Situso. También contra el actual Presidente y sus ministros más importantes, como Marcos Peña. También contra periodistas críticos.
El ataque de Parrilli al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y al juez federal Ariel Lijo, quien lo acaba de procesar por encubrir al ex prófugo Ibar Pérez Corradi, es un manotazo de ahogado para evitar que se siga conociendo cómo funcionaba esa red de inteligencia paralela. El pedido del fiscal Guillermo Marijuan para que detengan a Parrilli es porque supone, con razón, que el ex jefe de la AFI puede seguir operando en las sombras.
La única buena noticia en medio de esta movida del inframundo político es que sus ejecutores son tan efectivos como Maxwell Smart, el Superagente 86. "Los mandás espiar a alguien y le tocan el timbre de la casa", me dijo un juez federal a quien habrían intentado extorsionar con datos de su vida privada. De hecho, la mayoría de las causas que "armó", por ejemplo, Tahilade, fueron desestimadas por los fiscales y los jueces de los tribunales donde cayeron por sorteo. Y las consideraron poco serias magistrados de un perfil muy técnico como Julián Ercolini, pero también otros, como Sebastián Casanello, a quien se le adjudica cierta benevolencia para investigar a la ex presidenta. Para muestra basta un botón: la desopilante denuncia por enriquecimiento ilícito contra Margarita Stolbizer, dirigente que representa la contracara de Cristina, fue desestimada en tiempo récord.
Pero detrás de la telaraña de la versión bizarra de House of Cards hay también una estrategia que tiene como único objetivo evitar que Cristina vaya presa. Es la de poner a todo y a todos en una misma bolsa de estiércol. Para que los argentinos piensen que los bolsos con dinero que revoleó José López son un hecho tan grave como los Panamá Papers. O que el procesamiento de Cristina Fernández como la organizadora de una asociación ilícita destinada a enriquecerse de forma ilícita sea entendido como el equivalente a las acusaciones contra Gustavo Arribas.
Por suerte, y a pesar de todo, todavía hay, en Comodoro Py, funcionarios judiciales que saben diferenciar las operaciones de los hechos objetivos. Ellos están trabajando para que antes de fin de año, si es posible, se fije la fecha de un juicio oral donde converjan las tres o cuatro causas que más complican a la ex presidenta: la que se activó con la denuncia de Vialidad y está encuadrada como una asociación ilícita, la denominada ruta del dinero K, que instruye Casanello, y la de Los Sauces, que impulsan el fiscal Carlos Rívolo y el juez Claudio Bonadio, por la que acaban de procesar a Cristina, a sus hijos, sus sobrinas y a los inefables Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. Si todo transcurre como lo marca la ley, Cristina, para evitar la cárcel, estará obligada a ser candidata y así obtener fueros parlamentarios. Será una campaña triste. Ella ocupará el mismo lugar que Aníbal Fernández durante las últimas elecciones nacionales de 2015. El lugar de la piantavotos.
