lunes, 20 de febrero de 2017

EL GOBIERNO VA A LA JUSTICIA PARA FRENAR EL ACUERDO DEL CORREO Y PIDE OTRA AUDIENCIA.

Marcos Peña y Oscar Aguad brindando una conferencia de prensa por el tema
del Correo. Foto Federico Lopez Claro

      Por Lucio Fernández Moores/Clarín.- Presentarán un escrito tras la polémica por el trato con el Grupo Macri. En la Cámara que lleva el tema advierten que “esto recién empieza”. La famosa pero imposible vuelta a "fojas cero" anunciada por el presidente Mauricio Macri la semana pasada en conferencia de prensa en el tema del Correo comenzará a cristalizarse hoy en la Justicia. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, presentará un escrito en el que se retractará de la aceptación de la cuestionada oferta de pago de la empresa en concurso de acreedores, concesionada a la familia presidencial durante el kirchnerismo y luego estatizada por el kirchnerismo. Así se lo dijeron a Clarín fuentes gubernamentales que habían adelantado la jugada el jueves pasado, tras el discurso presidencial. Fuentes judiciales dijeron que la expresión de Macri fue metafórica y no literal, ya que el concurso de acreedores de Correo Argentino S.A. tiene más de 22 mil fojas (hojas), distribuidas en 102 cuerpos de expedientes y otras causas paralelas y cruzadas. El acuerdo figura entre las fojas 22.290 y 22.292. Lo que no es imposible, según el Gobierno, es que la Justicia acepte la marcha atrás.
Al igual que lo hiciera el Correo el miércoles pasado, quizás en consonancia con la postura que haría pública Macri horas después, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, le pedirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial la realización de una audiencia con todas las partes, lo que incluye a la fiscal Gabriela Boquin. "Esto recién empieza", dijo una fuente judicial que recordó que las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matlde Ballerini y Ana Isabel Piaggi, integrantes de la sala B, ahora deberán pedir la opinión de Boquin sobre el escrito presentado tanto por los abogados del Correo como el que hoy les ingresará con la postura del Estado. Otras fuentes no descartaron que el caso vuelva luego al juzgado de primera instancia, a cargo de Marta Cirulli. "Mientras no esté homologado, se puede", expresó una fuente técnica gubernamental sobre las chances que tienen de que la Justicia acepte su marcha atrás respecto de la conformidad que el Estado había dado en junio pasado a la forma de pago de su deuda propuesta por el Correo. Fue en una audiencia de la que no participó la fiscal Boquin. 

 Esta funcionaria sucedió en su cargo (Fiscalía general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercal) a la actual procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En el Gobierno creen ver alguna influencia política del kirchnerismo en la postura de la fiscal. Pero el Correo lo puso en palabras en su escrito de la semana pasada. "Al volcar los valores expresados en pesos argentinos a un monto en esa moneda (dólares) absurdamente inflada con tasas inaplicables para este tipo de procesos, la Fiscalía persigue un solo objetivo: confundir a la opinión pública politizando innecesariamente una materia netamente judicial", dijo el escrito firmado la semana pasada por Jaime Cibils Robirosa, actual titular del Correo. La firma también cuestionó duramente al kirchnerismo y sostuvo que ello fue "avalado" por Boquin. "La sistemática, irracional y caprichosa negativa de la administración anterior, avalada luego por la Fiscalía de Cámara, impidieron esa solución equitativa y obligaron a una propuesta de pago en efectivo, en una demostración más del poder amedrentador que se intentaba imponer a la empresa", sostuvo el escrito del Correo al recordar las propuestas de arreglo previas, entre 2006 y 2011, pero rechazadas bajo la administración kirchnerista. La fiscal general había dictaminado que la propuesta de pago de Correo Argentino "es abusiva" porque "implica un perjuicio fiscal" y que, "su irregular aceptación perjudica gravemente al patrimonio nacional”. Los abogados del Correo habían acordado con sus acreedores, principalmente el Estado, pagar unos 600 millones de pesos en cuotas hasta el 2033. La fiscal dijo que la deuda actualizada es de 70 mil millones de pesos. 

Pero desde el Correo le respondieron que no se pueden aplicar intereses porque lo dice la ley de concursos y quiebras. "Se tomó todo un semestre para dictaminar", señaló una fuente judicial al recordar el plazo transcurrido desde la audiencia del acuerdo entre conrursada y acreedores (28 de junio de 2016) y la firma del dictamen (31 de diciembre de 2016). El dictamen ingresó formalmente al expediente el 8 de febrero de este año e inmediatamente fue conocido a través de la página de internet "fiscales.gob.ar", de la Prcouración conducida por Gils Carbó, la antecesora de Boquin. El comentario de la fuente parece darle la razón al Gobierno en cuanto a la politización del asunto. Boquin había pedido la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que presentó una denuncia penal por el acuerdo de la firma que se le concesionó a la familia del actual Presidente de la Nación con el Estado. Es probable que este organismo, como la Oficina Anticorrupción, participen de la nueva audiencia que se pidió a la Cámara de Apelaciones.

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