Por Juan Manuel Barca/iProfesional.-
El cambio de postura de la central sindical obedece a la nueva coyuntura política, en la cual el Gobierno presiona en varios frentes para conseguir sus metas económicas. El nuevo tarifazo, la interferencia en paritarias y los despidos llevaron a que los sectores dialoguistas perdieran margen
"No tenemos otra alternativa que endurecernos". La frase de un dirigente de la UOM dice más de lo que parece a simple vista.
Evidencia el rol casi forzado que la CGT empezó a asumir en las últimas horas, tras fracasar la estrategia del diálogo adoptada por su triunvirato.
La decisión de abandonar la mesa con funcionarios y empresarios, lanzar una marcha para el 7 de marzo y anunciar un paro sin fecha volvió a poner a la central obrera en el centro de la escena.
Ya no solo como interlocutora válida. Ahora, además, como árbitro del ajuste y la política económica. El sindicalismo peronista está acostumbrado a hacer malabares en esa delgada línea entre acompañar al poder y responde a sus afiliados.
Ya no solo como interlocutora válida. Ahora, además, como árbitro del ajuste y la política económica. El sindicalismo peronista está acostumbrado a hacer malabares en esa delgada línea entre acompañar al poder y responde a sus afiliados.
El problema, reconocen, es que venció el plazo de un año de "luna de miel" que habían fijado en Azopardo y el rumbo económico empeoró.
Por el momento, el giro no implica choque. El único triunviro de pasado moyanista, Juan Carlos Schmid, lo reconoció al señalar días atrás que "el diálogo está roto en la medida que el Gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico". O sea, hay "changüí" hasta marzo.
La cuestión es el mientras tanto. La dirigencia radical se mostró preocupada por ese asunto el lunes cuando los recibió Mauricio Macri en Olivos y le preguntaron hasta cuándo iban a seguir los aumentos de tarifas. La respuesta fue "junio", justo antes de las elecciones.
Un trecho corto en el calendario, pero que puede resultar largo para los tiempos de la política si la economía no se recupera antes.
El Ejecutivo tiene a mano un combo de datos: inversiones, venta de autos y despachos de cemento. Son señales de un futuro optimista que hasta ahora no ocurrió.
Por ello, la decisión de romper el diálogo llegó un día después de que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció subas en las tarifas de luz de hasta un 150%. Y ese es sólo uno de los incrementos previstos, mientras la pauta salarial fijada por la Rosada no supera el 20% anual.
Los sindicalistas no tardaron en sacar las cuentas: "Este año plantan un 17% de aumento y arrancó con subas en combustible, peaje, y tarifazo en los servicios", señaló el viernes el canillita Omar Plaini. En la CGT se ven venir un nuevo ajuste en los bolsillos.
Paritarias sin guía
La situación que enfrentan los docentes y los bancarios, los primeros en la lista, dieron más argumentos a quienes dentro de la central ya ven una interferencia lisa y llana del Gobierno en las negociaciones salariales.
En el primero caso, el Ministerio de Educación suspendió el consejo federal que define la pauta nacional para descentralizar la paritaria, restarle fuerza a los gremios y repartir el costo del ajuste con las provincias.
A tono con el plan fiscal del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la decisión alineó a los gobernadores y puso a los gremios en guardia, que ahora piden subas del 35%.
En tanto, en el sector privado fue el sindicato de la actividad financiera el que se topó primero con la resistencia de los bancos y la última semana, ya de manera abierta, con la orden del Ministerio de Trabajo de no pagar el acuerdo firmado en noviembre, con un 24% cuatrimestral para 2017.
El caso de los bancarios se suma a los de otros sectores que en los primeros meses del año superaron la meta inflacionaria prevista por el Banco Central. Aeronáuticos y Aguas y Gaseosas acordaron incrementos del 44% y el 35%, respectivamente.
Son síntomas de las fricciones que genera el esquema salarial promovido por el Ejecutivo. Hasta ahora sólo la gobernadora María Eugenia Vidal y los estatales bonaerenses cerraron un 18% anual, atado a la inflación futura y con posibles retoques.
Sin la guía de los camioneros o los metalúrgicos, el gobierno de Macri debe lidiar ahora con un factor de incertidumbre extra en el plano de las relaciones laborales, que ni el triunvirato pudo resolver en su intento por unir las esquirlas de la CGT postkirchnerista.
¿Nuevo escenario?
El endurecimiento de la CGT empezó a delinearse tras los fallidos acuerdos firmados con los empresarios a fines del año pasado, fue tomando forma en el almuerzo organizado por Luis Barrionuevo en Mar del Plata y se terminó de definir el jueves pasado.
El balance gremial es que le dieron tres fotos a Macri, a cambio de fondos frescos para las obras sociales y sillas en la mesa del diálogo.
Sin embargo, salvo por los retoques exiguos en Ganancias, aseguran que lo que consiguieron sus afiliados fue menos que en los peores tiempos de Cristina Kirchner:
-Las paritarias quedaron entre 5 y 10 puntos, según el caso, debajo de la inflación.
-Muchos gremios aún no recibieron el bono base de $2.000.
-En diciembre, llegó una nueva ola de despidos que no afloja.
Los dos últimos puntos sumaron una tensión adicional dentro de la central. Es que fueron parte la estrategia dialoguista que impulsó el triunvirato mediante compromisos voluntarios, para evitar ir por la reapertura de paritarias y confrontar con el Ejecutivo por las cesantías.
Ahora, ante la falta de resultados, quienes mantuvieron esa postura quedaron con menos argumentos para sostener una línea que no sea la de aumentar el grado de protesta.
El resultado en la industria fue apabullante. Allí los representantes de sectores como textiles, calzado, alimentación, plásticos, petroleros, madereros, construcción, metalúrgicos y metalmecánicos, entre otros, sufrieron la sangría de decenas de miles de empleos.
Fueron esos gremios los que presionaron a la CGT para que tomara medidas. La UOM, por caso, se anticipó y anunció una movilización para mediados de febrero. Pero la presión también vino de las regionales de la CGT del interior y de las centrales alternativas, las dos CTA.
La imagen de lo que ocurrió la semana pasada en la Textil Neuquén es representativa: al regresar de sus vacaciones, los obreros se encontraron con la planta vacía y cerrada.
En las automotrices, en tanto, se extendieron las suspensiones, en algunos casos hasta junio del 2018.
La postura pública del Gobierno tampoco colaboró. Los dichos del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, justificando los despidos fueron interpretados como un aval más al sector empresario, el principal blanco de las críticas de la CGT.
El otro elemento que generó malestar dentro de Azopardo es la presión del equipo económico por reducir los costos laborales mediante la modificación de los convenios colectivos.
El acuerdo de los petroleros en Vaca Muerta es visto por algunos como un avance en la "flexibilización" laboral.
Lo mismo ocurre con varios de los proyectos laborales que los funcionarios le acercaron a la central y que son vistos más como un subsidio a los privados para abaratar costos que para generar nuevo empleo. Con todo, el sindicalismo hasta ahora mantuvo una postura prudente.
"La CGT tiene que irse cubriendo de la idea que están instalando de que el costo laboral es el responsable de la pérdida de competitividad, cuando en realidad la principal causa es el tipo de cambio y los problemas de infraestructura", dijo a iProfesional el asesor histórico de los gremios industriales, Luis Garzón Maceda.
Por último, la lluvia de Decretos de Necesidad y Urgencia para esquivar al Congreso tampoco cayó bien.
Incluso, en un caso como la reforma a la Ley de ART en la que autoridades y sindicalistas comparten la máxima empresarial de reducir los costos de los juicios laborales. El próximo round será esta semana en el Senado.
Más gradualismo
Lejos de ser tratarse de una radicalización, el movimiento de la CGT parece ir en sintonía con un cambio en la coyuntura de los últimos meses que coincide con la ausencia de "brotes verdes" y con el inicio de la campaña política, señales que operan a favor de una moderación en el ritmo del ajuste.
La intervención de la Justicia la semana pasada en el conflicto bancario fue un toque de atención explícito. En un fallo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictaminó que el acuerdo firmado por el gremio y las cámaras debía ser cumplido, y le exigió a Trabajo que no interfiriera.
En el plano económico, la consultora Ecolatina y el Miguen Bein y Asociados enviaron un mensaje a favor del gradualismo: sin una recuperación de los salarios del orden del 25% -por encima de la pauta oficial- no se va a recuperar el consumo ni la economía.
A nivel global, el ascenso de Donald Trump y el inicio de una política aun más proteccionista por parte de Estados Unidos contrasta más con la apertura de importaciones promovida por el macrismo y que en los gremios es vista como la causante de los despidos.
Asimismo, la apuesta por la conciliación voluntaria con el empresariado y la política de "transparentar" los precios progresivamente choca con la intervención creciente de las autoridades en la definición de los salarios y, por ende, en los pagos de los sindicatos.
La reacción gremial no es más que otro llamado a la moderación. Como reconocen dentro de la cúpula, un pedido de "corrección" del rumbo sin necesariamente torcer el timón. En términos futboleros, una amarilla del árbitro para no cortar el partido.
