Por Rolando Barbano/Clarín.-
En la Argentina se denuncian 1.500.000 delitos por año, pero sólo hay 1.100 menores detenidos. A pesar de lo que se cree, su participación delictiva es baja.
Si se toman como referencia las estadísticas criminales de la Argentina, reformar el sistema penal de menores tendrá el mismo efecto sobre la inseguridad que prender una vela en una noche de tormenta.
De acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2015 se denunciaron en todo el país 1.567.925 delitos. En el mismo período, en las cárceles había 72.693 adultos presos, más otros 4.305 alojados en comisarías. Los menores, en este cuadro, jugaban un papel casi insignificante: a fines de 2014, cuando se hizo el censo más reciente, había sólo 1.142 adolescentes detenidos; apenas 96 tenían entre 14 y 15 años. Son ellos los que más serían afectados por un cambio en el sistema penal de minoridad. Y son pocos.
Puede pensarse que la cantidad de menores presos es baja porque a la mayoría los liberan, pero lo cierto es que el universo de detenidos está compuesto por aquellos que cometieron delitos muy graves y que, por lo tanto, son sometidos a medidas de internación.
Otra vez, son ellos los que serían alcanzados por un nuevo sistema penal, reforma mediante: 96 en todo el país.
Las estadísticas delictivas de la provincia de Buenos Aires -donde se registra la mitad de todos los delitos del país, por lo que sirve como muestra- arrojan más información. En 2015 se denunciaron allí 719.728 delitos, de los cuales 1.091 fueron homicidios dolosos (51, en ocasión de robo). En el mismo período, las causas penales que involucraron a menores en ese distrito fueron 26.798, entre las que se contaron 121 por asesinatos de distinto tipo (10 en robos).
Quienes cuestionan la capacidad de reflejar la realidad que tienen estos datos sostienen que la estadística no muestra los delitos denunciados en los que sí intervinieron menores, pero donde no hubo detenidos (por lo cual quedaron englobados en la cifra total de denuncias y no en la de causas abiertas a menores). La observación es real, pero no cambia el hecho de que una reforma penal para la minoridad tendría bajo impacto sobre la inseguridad: sólo se aplicaría sobre los que efectivamente son arrestados, que son -lo demuestran los números- una cantidad bajísima. Justamente porque toda ley que se sancione para luchar contra el delito choca con la ineficacia, la corrupción y la vocación por quebrarla de quienes deberían aplicarla.
Ese es el gran problema de fondo que debería resolverse, antes que ningún otro.
Más allá del efecto que pueda tener sobre la inseguridad, la reforma del régimen de menores es indispensable. Hoy los que tienen menos de 16 no son siquiera sometidos a un proceso en el que se los pueda acusar, defender y juzgar, por lo que ninguna de las partes -las víctimas, por ejemplo- queda satisfecha. Su situación es incierta y queda sometida al criterio de un juez, que de igual manera puede decidir tenerlos internados como liberarlos de un instante al otro. Esto puede pasar en cualquier momento con el que mató a Brian Aguinaco en Flores.
Los que tienen entre 16 y 18 deben esperar a la mayoría de edad para ser juzgados. Entonces los pueden condenar como adultos o darles penas atenuadas, según el criterio del tribunal. Por eso, en julio de 2013 Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en el país había cinco condenados a perpetua por delitos que habían cometido cuando eran menores. Algunos habían pasado más años de su vida en la cárcel que en la calle. Todos fueron liberados y el Estado los indemnizó con 100.000 dólares. Pero no modificó un régimen penal que data de la última dictadura.
