miércoles, 18 de enero de 2017

PESA LA FATWA SOBRE LOS FISCALES.


     Por Joasquín Morales Solá/La Nación.- Hoy se cumplen dos años desde que el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en el departamento donde vivía. Lo encontró su madre, Sara Garfunkel, aunque nadie sabe si murió precisamente ese día. En los últimos tiempos se hizo más consistente la hipótesis de que su muerte no sucedió el domingo 18 de enero de 2015, sino el día anterior, sábado 17. La hipótesis, que ahora es judicial en el fuero penal federal, fue sostenida siempre por los peritos de la familia de Nisman que investigaron el lugar donde ocurrieron los hechos y revisaron la autopsia. En tiempos recientes, también, sucedieron dos cosas importantes en la Justicia. La primera de ellas fue la decisión de la Corte Suprema de que sea el fuero penal federal el que investigue la muerte del fiscal. El máximo tribunal de Justicia del país suscribió, de esa forma, la presunción de que se trató de un homicidio y no de un suicidio. Sólo el crimen de un fiscal general del país, en efecto, podría ser investigado por la justicia federal. Un suicidio, sea de quien fuera, correspondería a la justicia ordinaria del distrito donde ocurrió. La discusión en los tribunales entre las partes demoró más de un año y medio la elección de un juez y de un fiscal definitivos para averiguar de qué manera Nisman llegó al final de su vida. La segunda circunstancia es más reciente, del 29 de diciembre pasado. Fue la decisión de la Cámara de Casación Penal que ordenó investigar la denuncia que Nisman hizo pocos días antes de morir contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Luis D'Elía, Fernando Esteche y el camporista Andrés "Cuervo" Larroque, entre otros. Los acusó de encubrir a los autores del atentado contra la AMIA mediante la firma de un acuerdo con Irán.
Después de que dos fiscales, Gerardo Pollicita y Germán Moldes, promovieron la investigación de la denuncia de su colega ya muerto, tres jueces (uno de primera instancia, Daniel Rafecas, y dos camaristas, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) decidieron cerrarla. El fiscal de Casación, Javier de Luca, militante de Justicia Legítima, se negó a apelar la decisión de Ballestero y Freiler. Pero la parte querellante, que es la DAIA, la institución de mayor representación política de la comunidad judía, logró que los jueces de Casación Roberto Hornos y Mariano Borinsky trataran el tema y fueran categóricos en su decisión de impulsar la investigación. La jueza Ana María Figueroa, el tercer miembro de ese tribunal y cercana al kirchnerismo, acompañó a Hornos y Borinsky en su decisión de fondo, aunque con menos convencimiento. La denuncia y la muerte de Nisman están estrechamente ligadas. Más aún: la muerte, cualquiera que haya sido su forma, no habría sucedido nunca si antes no hubiera existido la denuncia. Para peor, mientras se desvanece la hipótesis del suicidio, obviamente crece la presunción de que a Nisman lo mataron. La idea no pertenece sólo a una mayoría social. La respaldan también pruebas recolectadas por los abogados de su familia. Hay elementos nuevos que sostienen esa teoría y que se incorporaron a la causa en manos ahora del juez Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano. Y existe, por último, el convencimiento casi generalizado de sus colegas, los fiscales, de que fue un crimen. Vale la pena, entonces, hacerse algunas preguntas sobre los dos hechos. 


Son éstas: 

 1) ¿Por qué el técnico informático Diego Lagomarsino no fue detenido en el acto cuando se declaró dueño del arma que mató a Nisman? El fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, que revisó varias veces las actuaciones de Viviana Fein, la fiscal de primera instancia, suele decir que en cualquier otro país Lagomarsino "hubiera sido esposado y detenido en el acto". La situación de Lagomarsino tiende a complicarse cada vez más porque, según su confesión, él fue la última persona que vio vivo a Nisman el sábado 17 de enero. La ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, miró siempre con extrema sospecha a Lagomarsino, pero sólo ahora, cuando la causa cambió de manos, la Justicia comienza a detenerse en él. 

 2) ¿Por qué las fuerzas de seguridad actuaron con tanta chapucería durante las horas posteriores al descubrimiento del cadáver de Nisman? Basta ver una serie policial en Netflix para saber cómo se preserva la escena de una muerte dudosa y cómo se cuidan las pruebas para no contaminarlas. Pasaron tres horas desde que la madre de Nisman encontró el cadáver hasta el arribo de la fiscal Fein. Más de 20 personas (entre ellas el entonces secretario de Seguridad de Cristina Kirchner, Sergio Berni) desfilaron por el departamento de Nisman en ese lapso de tiempo. Chapotearon sobre la sangre. Limpiaron las huellas de la pistola que lo mató. Le comentaron la novedad a la entonces presidenta. Rompieron todos los manuales de una investigación criminal. El fiscal Taiano, actual investigador de la muerte, denunció a Fein y Berni por lo que hicieron -o no hicieron- durante esa noche ingrata. 

 3) ¿Por qué hubo tanto tráfico de llamadas telefónicas entre los jerarcas de los servicios de inteligencia de entonces? La tormenta de comunicaciones incluyó al ya entonces despedido hombre fuerte de lo que era la SIDE Jaime Stiuso y a su archienemigo César Milani, jefe del Ejército y líder fáctico de la inteligencia cristinista. Es raro, pero se preocuparon más los servicios de inteligencia que las fuerzas de seguridad por un caso que, en ese momento, sólo necesitaba que se aclarara si era un suicidio o un crimen. 

 4) ¿Por qué el gobierno de Cristina Kirchner no se presentó voluntariamente ante la Justicia para pedir que se investigara la denuncia de Nisman si ésta era, como decían, tan insolvente? Aunque Cristina Kirchner dijo que no creía en un suicidio, sus voceros más calificados señalaron luego que Nisman se había quitado la vida después de comprobar que no podría justificar su denuncia en el Congreso, donde debía comparecer el lunes 19 de enero. Tales afirmaciones formaron parte de la campaña de difamación de Nisman que sucedió tras su muerte. Informaciones reveladas por LA NACION el sábado pasado, que informan sobre un trapicheo de petróleo por productos agropecuarios cuando se negociaba el acuerdo con Irán, confirman la hipótesis de Nisman. 

Además, el gobierno de entonces hizo todo posible por archivar esa causa, ayudado inmejorablemente por la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quien intentó, incluso, designarle dos fiscales adjuntos a Moldes, el fiscal de Cámara, con el propósito de neutralizarlo. El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales, acaba de revelar públicamente que todos los fiscales que actuaron en el caso AMIA, el mayor atentado contra la comunidad judía después del Holocausto, recibieron la fatwa (condena a muerte) por parte del gobierno de Irán. La condena incluía a Nisman. ¿Por qué, se pregunta Rívolo, el gobierno de Cristina Kirchner no obligó a los iraníes a levantar esa fatwa contra los fiscales argentinos cuando negoció con Teherán el acuerdo sobre el atentado contra la AMIA? Es la primera y más elemental pregunta, que nadie respondió nunca.

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