Por Juan Manuel Barca/iProfesional.-
La demora se debe al conflicto por 1.500 despidos en la provincia. Los gremios petroleros exigen un bono de hasta $20.000 por seis meses y garantía de inversiones. De lo contrario, no firmarán la agenda. Las contratistas amenazan con más cesantías.
El Gobierno intentará destrabar este martes el convenio de productividad en Vaca Muerta. Será con una reunión en el Ministerio de Trabajo donde los gremios petroleros de Neuquén buscarán que las contratistas paguen un subsidio a los despidos de hasta $20.000 y reactiven equipos. Esas son las condiciones que exigen para firmar la adenda.
El acuerdo para relanzar la segunda reserva de gas mundial y el cuarto de petróleo no convencional había sido anunciado el 10 de enero por el Presidente.
En un acto en Casa Rosada, Mauricio Macri aseguró que la baja de los costos laborales iba a generar una "revolución de empleo" y un impulso a las inversiones sin precedentes. Sin embargo, nunca se firmó nada.
La demora se debe al conflicto por los 1.500 despidos que arrastra la provincia, luego de que en diciembre pasado YPF y las principales operadoras, como Panamerican Energy, bajaran cerca de 50 equipos. Los recortes derivaron en un paro de 48 horas y en el dictado de la conciliación obligatoria, que se extendió hasta este martes.
El titular del sindicato de petroleros de base Guillermo Pereryra, reclama un bono por seis meses para 822 trabajadores del total de cesanteados, que según la antigüedad puede oscilar entre los $13.000 y los $20.000 mensuales. Sin este requisito, ya adelantaron que no pondrán el "gancho" al convenio de Vaca Muerta.
"La agenda vendrá después de que cerremos el bono", confirmó a iProfesional Pereyra. Así se refirió a los cambios en las condiciones laborales en Vaca Muerta, que contemplan la quita de las "horas taxi" (o de traslado) y las extra, la reducción de las dotaciones, así como contratos por tiempo determinado y trabajo con mayor velocidad de viento.
El sindicalista, que también es senador nacional y aliado del gobernador neuquino Omar Gutiérrez, espera obtener el guiño del titular de la cartera laboral, Jorge Triaca, con la aprobación de una resolución que convalide el bono. Su otra preocupación es que las empresas se comprometan a que no haya más despidos.
En las últimas horas, las contratistas anunciaron nuevas cesantías una vez finalizada la conciliación. De la negociación de este martes participarán 22 empresas que brindan servicios a las operadoras en Neuquén, entre ellas YPF, que es la principal. La petrolera estatal le garantizó el lunes en una reunión con Pereyra el pago de las indemnizaciones a 160 petroleros de la venezolana SP, que dejó de operar.
El otro punto clave para el despegue de Vaca Muerta son las inversiones. El Ejecutivo había anunciado en enero que las empresas que participarán de la extracción de gas en Vaca Muerta (YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow) se comprometían a invertir u$s5.000 millones en 2017 y u$s15.000 millones por año desde 2018.
Pero desde el Gobierno de Neuquén señalaron a este medio que "lo que se anunció (en Casa de Gobierno) fue la adenda laboral, del lado de las empresas no hay nada aún". Por ello, tanto Gutiérrez como Pereyra quieren asegurarse de que la baja de los costos laborales, contemplada en el nuevo convenio colectivo, sea acompañada de una garantía de inversiones y niveles de actividad. De lo contrario, la provincia corre el riesgo de perder regalías.
Por parte de Nación, el entendimiento implicó la quita de retenciones a las exportaciones petroleras de la provincia y el compromiso de sostener hasta 2020 un precio mínimo a los productores de gas de 7,5 dólares por millón de BTU en los pozos nuevos, extendiendo el Plan Gas que vence el 31 de diciembre de este año. Ese es el otro tema que Neuquén quiere ver rubricado en los papeles.
"Este acuerdo es el primero de una serie de compromisos sectoriales que vamos a impulsar en este 2017, y significa empleo de calidad para los neuquinos, progreso para la región y para la Argentina, y energía más económica y abundante para los hogares, las fábricas, las empresas y los negocios de todo el país", enfatizó Macri la semana pasada.
El plan de la Rosada es extender los "acuerdos de productividad" a los yacimientos petroleros convencionales de toda la Patagonia. Pero también evalúa impulsarlos en otras actividades, como es el sector textil, electrónico y metalmecánico.
Hasta ahora, no obstante, solo avanzaron en ese sentido los capitanes de mar. La semana pasada aprobaron negociar acuerdos por empresa, un cambio que encendió el alerta en el sindicato marítimo SOMU, ya que temen que la decisión de sus pares, de mayor jerarquía, tenga un efecto cascada en su convenio.
