lunes, 9 de enero de 2017

BUSCAN QUE EL ESTADO COBRE DEMANDAS PENDIENTES POR $ 90.000 MIL MILLONES.

Carlos Balbín el día de su jura como Procurador del Tesoro.

     Por Silvia Naishtat/Clarín.- Hay 1.621.591 juicios iniciados desde 1996 y que aún están en trámite. El caso más llamativo es el de la AFIP que puede llegar a cobrar, en caso de ganarlos, unos 77 mil millones de pesos. Cuando le toca cobrar, el Estado argentino casi siempre se queda a mitad de camino. O fracasa. De la AFIP al ministerio de Trabajo pasando por la ANMAT ( control de alimentos y medicamentos), Aysa o Ferrocarriles, los procedimientos del cuerpo de 2.000 abogados parecen calcados. Y rara vez ganan los juicios. “Es un tema recurrente, que lleva más de 20 años”, admite el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, recientemente reafirmado en su cargo. “El Estado es un pésimo cobrador”, añade el Procurador. Un dato: hay 1.621. 591 juicios iniciados desde 1996 y que aún están en trámite. Y podrían cobrarse entre 90.000 millones a 120.000 millones de pesos, un monto que equivale a cinco veces más que los fondos prometidos a la provincia de Buenos Aires que generan tanta tensión. Balbín aseguró a Clarín que potenciará otra clase de defensa de los intereses públicos.
Y acaba de cambiar varias normas. Sobresale la resolución que se publicó el último 29 de diciembre en el Boletin Oficial. Instruye a los responsables de las distintas delegaciones del Cuerpo de Abogados del Estado que otorguen tratamiento “adecuado, oportuno, eficaz y eficiente a todos los procesos de cobro o recupero de fondos públicos; en particular en aquellos de monto relevante”. Puesto a interpretar las razones de lo que algunos en la Casa Rosada califican de desidia, Balbín señala que se tarda en tomar la decisión de iniciar el juicio ejecutivo, que consiste primero en embargar los bienes para luego ejecutarlos en caso que corresponda. “La demora provoca que se llegue tarde y ya el individuo se desprendió de lo que le pertenecía y se declara insolvente”, explicó a Clarín. La mayoría de los juicios son por deudas impositivas, créditos impagos, concesiones que no cumplen con sus contratos y demoras en la obra pública, entre otras causas. El caso más llamativo es la AFIP que acumula desde hace décadas 1.478.632 juicios y puede llegar a cobrar si los gana, unos exhorbitantes 77.000 millones de pesos. 


 Las normas vigentes hasta ahora obligan al Estado a entablar juicios por montos insignificantes cuando cada proceso judicial que se inicia tiene un costo mínimo de $ 3.500, lo que lleva a una carga en la tarea, falta de concentración en aquellos juicios que valen la pena y mucha negligencia. Todo, en un marco de controles laxos. Hay, además, otras razones para el asombro, como la falta de acceso a información que proporciona el propio Estado. Balbín enumera las trabas para acceder a los registros de propiedad inmueble y automotor. El Procurador asegura que junto a la nueva exigencia de certificación de eficacia para los abogados, ahora habrá acceso a los registros. En la Procuración dicen contar con la venia de la Casa Rosada y especialmente del Presidente para “una sanción dineraria” ante los incumplimientos normativos. Sin embargo, Balbín destaca el rol de los letrados. Aquí, algunos ejemplos de la auditoría que realizó la Procuración en diversos organismos: En la AFIP de la gestión de Ricardo Echegaray, de los 5.000 expedientes auditados, solo 115 (el 2,3%) registraban pagos. 

Y 3.952 tenían sentencia favorable de remate y sin embargo no reconocían pago alguno. Detectaron demora en la solicitud de medidas cautelares y que no se priorizaron los juicios de cuantías relevantes. En el Banco Nación descubrieron una gran cantidad de casos en los que los domicilios de los deudores eran desconocidos. Y las subastas en los juicios ejecutivos sólo se tramitó en el 36% de los casos. En la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) saltaron importantes demoras en la persecución judicial de cobro de cánones, lo que llevó a la prescripción de períodos. También se omitió cursar intimaciones de pago en tiempo oportuno. En cuanto a la Anmat, sobre 23 ejecuciones fiscales que fueron auditadas solo se percibió el importe en tres de dichos juicios. Los trámites judiciales insumieron en varias oportunidades 10 años de tardanza y en ningún caso menos de 5 años. En el ministerio de Trabajo, sobre 501 juicios auditados solo hubo 46 con pagos totales (9,1%). También saltaron errores en la confección de la intimación de pago lo que provocó nuevas demoras.