Por Joaquín Morales Solá/La Nación.-
Envuelto en la sospecha y el descrédito, el viejo sistema electoral podría dejar a los argentinos sin un presidente nuevo el 10 de diciembre. Habrá un presidente electo, sin duda, pero nadie sabe ahora cuándo estará en condiciones de asumir. La estrechísima diferencia que señalaría un triunfo en primera vuelta o la necesidad de una segunda ronda abrirían un período de alta conflictividad política y electoral.
Cuando faltan menos de 50 días para la primera vuelta electoral, esa perspectiva depende también de que las encuestas actuales se conserven en el tiempo que resta. Será así en tanto Daniel Scioli y Mauricio Macri se mantengan estancados en las mediciones, como lo están desde las primarias. Depende, además, de que el caso que estalló sobre el candidato macrista Fernando Niembro no erosione los números de Macri, y de que Sergio Massa siga reteniendo el caudal de votos de las primarias, lo que les impide crecer a los otros dos.
Todavía no fueron escrutados todos los votos de Tucumán cuando pasaron tres semanas desde las elecciones. Por el escándalo tucumano (y tras el robo de urnas en el conurbano bonaerense), el escrutinio provisional se convirtió en poco confiable como para otorgar un triunfo por una diferencia de uno o dos puntos. O por décimas. Ésa es la distancia pequeña y fluctuante que separa a Scioli de una victoria en la primera ronda. Tiene más votos que Macri en todas las encuestas, pero en todas también está muy lejos del 45% (que le daría un triunfo claro en la primera ronda) y tampoco alcanza la diferencia de más de 10 puntos, si sacara entre el 40 y el 45%, ante su principal rival.
¿Qué sucedería si fuera necesario esperar el escrutinio definitivo para saber si habrá segunda vuelta? Entre la primera y la segunda vuelta habrá sólo 27 días. Si Tucumán lleva escrutando 20 días y no terminó, ¿cuántos días consumiría el escrutinio definitivo de todo el país? Es cierto que las elecciones presidenciales serán más simples que el desaforado sistema de acople tucumano, pero es igualmente veraz que la geografía y el número de votantes nacionales son infinitamente mayores que los de Tucumán. ¿Cuándo, entonces, los candidatos y los argentinos sabrán si habrá o no segunda vuelta? Nadie contesta. Los jueces de la Cámara Nacional Electoral, conscientes de la gravedad de la situación, están colocando una atención especial en la provincia de Buenos Aires, el único de los grandes distritos (y el más grande de todos, por lejos) que hará su elección provincial junto con las presidenciales.
El cuadro se agravaría aún más si hubiera segunda vuelta. Entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre habrá sólo 18 días.
Las encuestas que han medido una segunda vuelta (relativas todas en las condiciones actuales) señalan triunfos por uno, dos o tres puntos, cuando mucho. Así como Scioli es el candidato más votado en las mediciones de primera vuelta, Macri lo es en las encuestas sobre el ballottage. ¿Qué sucedería si cualquiera que saliera segundo planteara la necesidad del escrutinio definitivo o la revisión de muchas urnas en todo el país para aceptar su derrota? ¿Cuándo los argentinos (y el próximo presidente) sabrán quién ganó definitivamente? Un cuadro de extrema conflictividad podría llevar la definición hasta más allá del 10 de diciembre.
Cristina Kirchner y Amado Boudou deberán irse a sus casas el 10 de diciembre, pase lo que pase. Su mandato constitucional concluirá indefectiblemente ese día. La única alternativa posible sería que Cristina le entregara el gobierno al presidente provisional del Senado, el radical K Gerardo Zamora, uno de los peores líderes feudales del país, hasta que la Justicia proclame al nuevo presidente. Una fuente inmejorable de la justicia electoral, consultada sobre la posibilidad de que Zamora termine siendo presidente provisional del país, contestó con una frase corta, seca: "No es imposible y ni siquiera improbable. Todo dependerá del grado de los litigios políticos y judiciales".
El primer error consiste, entonces, en los plazos tan apretados del calendario electoral, hecho para que el que gobierna conserve el poder hasta días antes de irse. Los jueces de la Cámara Nacional Electoral vienen, además, pidiéndoles desde hace dos años a los dirigentes políticos, oficialistas y opositores, que modernicen el sistema de votación. Nadie hizo nada; tampoco la Presidenta, que tiene vocación para cambiar todo, menos el sistema electoral. Un sistema tramposo, lleno de mañas.
El kirchnerismo puso en duda la legitimidad en el ejercicio de un gobierno democrático. La indolencia y la especulación están cerca de colocar la sospecha sobre la legitimidad de origen, que consiste en la elección limpia de los gobernantes.
¿Tendrá la cuestión de Niembro alguna influencia en los votantes actuales y eventuales de Macri? El relator deportivo tuvo dos casos de contratos con el gobierno de la ciudad. En uno actuó como los llamados "bolseros" en la jerga de la publicidad; son intermediarios entre el Estado y distintos medios de comunicación audiovisual. Niembro fue intermediario de la cadena Fox Sports. El "bolsero" recibe una cantidad importante de publicidad que luego vende a un medio determinado o a varios. Los funcionarios aseguran que, por lo general, les pagan a los "bolseros" un precio más barato por la publicidad que si la contrataran directamente con el medio. Cerca del 80% del contrato de Niembro se canalizó a través de esa operatoria sobre la publicidad.
La otra relación de Niembro con el gobierno porteño fue para hacer encuestas pequeñas sobre la satisfacción de la sociedad con servicios muy puntuales. Éste es todavía un caso más inexplicable, porque Niembro no es encuestador. Aceptó, incluso, que les encargaba a terceros lo que le habían encargado a él. "Es cierto. Este contrato se hizo más como amigo de la casa, pero se pagó menos que a una encuestadora", aceptaron fuentes del gobierno porteño. La decisión, señalaron, nunca pasó por los funcionarios con "sensibilidad política" en condiciones de advertir un conflicto potencial. Es cierto también que todos los servicios por los que le pagaron a Niembro se realizaron. La cadena Fox Sports emitió los spots y las encuestas se hicieron.
Es cierto, igualmente, que los denunciantes son medios kirchneristas que se hicieron millonarios con un modo generoso y arbitrario de dar publicidad oficial por parte de Cristina Kirchner. Y que algunos de los dueños de esos medios son tan candidatos como Niembro. El oficialismo llevó la denuncia de los medios a la Justicia. Si hay alguien en la comunidad política incapacitado moralmente para hacer esta clase de denuncia es el cristinismo. Desde el escándalo de Boudou hasta la investigación de Hotesur, todos los actos de presunta corrupción del gobierno nacional son abismalmente más graves que lo que el kirchnerismo denuncia ahora. Descuenta, claro está, que una mayoría social le otorga al peronismo cierta inmunidad para atropellar la moral que les niega a los otros.
Ahora bien, ¿eso significa que lo que sucedió con Niembro está bien? Funcionarios del gobierno porteño aseguran que todos los contratos con Niembro, que creó una empresa para hacer estos negocios, son legales. Puede ser. El problema es que no se trata sólo de la legalidad, sino también de la ética y la estética que requiere la política. Y ambas cosas faltaron en este caso. Un candidato beneficiado en su actividad privada con contratos que le suministró el propio partido del que es candidato no es un buen mensaje de cambio hacia la sociedad. ¿Debe hacer algo Macri? Es difícil que lo haga porque sabe que estas operaciones preelectorales son propias y habituales del cristinismo. Hasta Sergio Massa las sufrió en 2013. Pero es Niembro el que debería tomar una decisión para ponerle punto final a una historia que nunca debió escribirse.
