Por Diario HOY.-
En un intento de que no avancen las causas de corrupción, el gobierno redobló su ofensiva contra la Corte. La estrategia apunta a intentar desplazar a Fayt. Hoy podría ser un día clave. A su vez, el kirchnerismo ya tiene a disposición fueros a medida de CFK. El 10 de diciembre se acerca y el kirchnerismo será historia. Por eso, muchos de los que actualmente ocupan cargos en el gobierno nacional, empezando por la propia presidenta Cristina Kirchner, se encuentran en estado de ebullición ante el temor de estar sentados en el banquillo de los acusados por los innumerables casos de corrupción registrados durante la mal llamada década ganada.
En ese contexto, el kirchnerismo emprendió un “Operativo Impunidad” que consiste en intentar paralizar la Corte Suprema de Justicia, evitando que se expida sobre temas sensibles al interés político del kirchnerismo, como así también conseguir los fueros necesarios para que, en caso de que algún juez o tribunal decida avanzar en causas penales que comprometen a CFK despues del 10 de diciembre, la primera mandataria no termine tras las rejas.
En lo que se refiere a la ofensiva contra la Corte, el Operativo Impunidad consiste en atosigar Carlos Fayt, el ministro decano del máximo tribunal, para que dé un paso al costado. Busca valerse de sus 97 años, utilizando como excusa su “ancianidad” como argumento para excluirlo. El modelo de juez de la Corte para el kirchnerismo sigue siendo el del inefable Raúl Eugenio Zaffaroni, involucrado en una red de prostíbulos y trata de personas, quien renunció a fines del año pasado y cuyo lugar se encuentra vacante.
En definitiva, el objetivo central de los K es paralizar la Corte para evitar cualquier posibilidad de que trate antes de fin de año dos de las causas que más preocupan a la jefa de Estado: la investigación de las cuentas de su empresa Hotesur, que involucran seriamente a Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta, y la constitucionalidad del memorándum firmado por el Gobierno con Irán. A su vez, en la causa Hotesur, la Corte deberá definir, más temprano que tarde, que juez estará a cargo de la causa: sabido es que el magistrado Claudio Bonadío, que ha avanzado en las investigaciones, ha sido declarado como enemigo público número 1 por el kirchnerismo.
Además, la Corte también podría intervenir en el escándalo por la Compra de la ex Ciccone, que involucra al vicepresidente Amado Boudou que está procesado y está cerca del juicio oral; como así también en la causa de Austral Construcciones que tiene como principal protagonista al empresario Lázaro Báez, socio y presunto testaferro de la familia presidencial, acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de sobreprecios de la obra pública.
El análisis que hacen en la Casa Rosada es que con sólo tres miembros la Corte quedaría virtualmente paralizada. Como los fallos del tribunal requieren una mayoría de al menos tres votos afirmativos, si uno de los miembros vota en contra, impediría cualquier resolución. La ecuación es simple: Fayt siempre vota con Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte que está enfrentado con el gobierno y también es blanco de la ira oficial. Si no está Fayt, Lorenzetti sólo contaría con Juan Carlos Maqueda para apoyar sus fallos. En tanto, si Elena Higton de Nolasco vota a favor del Gobierno, como lo ha hecho reiteradas veces, no hay fallo posible porque quedan 2 a 1. Y al no haber tres votos, como lo establece la normativa vigente, no se avanza.
Nuevos ataques
En este contexto, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá hoy bajo la presidencia de la camporista Anabel Fernández Sagasti con el fin de considerar la solicitud del kirchnerismo para iniciar un "proceso investigativo" que determine la "capacidad psicofísica" de Fayt. Lejos de atenuarse, la ofensiva oficialista sobre la Corte se intensificó ayer luego de que la presidenta criticara a través de su cuenta en Twitter la continuidad del juez decano.
En su habitual conferencia de prensa en las puertas de la Casa de Gobierno, Aníbal Fernández advirtió que a Fayt "deberían dejar de torturarlo" sus colegas del máximo tribunal y criticó que a "un hombre de 97 años" se lo someta "todos los días a un tironeo innecesario, de estas características". Asimismo, el ministro coordinador también puso en duda el audio de la entrevista radial realizada a Fayt al sostener que "no" le consta que sea él y no existe "ninguna garantía de que el doctor esté bien".
Por su parte, el ministro de Defensa y precandidato presidencial kirchnerista, Agustín Rossi, aconsejó a Fayt que "lo mejor que podría hacer es, con 97 años, retirarse" por "el bien" del máximo tribunal y "del Poder Judicial". Como si fuera poco, hasta el ministro de Educación, Alberto Sileoni, también se sumó a las voces del oficialismo que cuestionan la continuidad del magistrado y sostuvo que "hay momentos en que hay que dar un paso al costado". Otro de los que fue blanco del kirchnerismo fue el titular de la Corte, quien fue cuestionado por el jefe de Gabinete, quien planteó que no tiene problema "en que Lorenzetti quiera ser presidente", pero que "se presente por un partido político y compita".
Al respecto, el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel acusó a Lorenzetti de incurrir "en situaciones realmente vergonzosas para la institucionalidad argentina", y remató que el juez "no quiere ser presidente, le gustaría más ser rey". Como se ve, al kirchnerismo poco le importa las formas y los modales cuando de lo que se trata es de garantizarse impunidad, en momentos en que se viene un fin de ciclo.
Marchas en defensa de Fayt
Ante el avance K contra Fayt, organizaciones profesionales y civiles no gubernamentales realizarán hoy y mañana sendos actos de desagravio al juez de la Corte Suprema. Para hoy, a las 11, la asociación de abogados Justa Causa convocó a una concentración "sin banderías políticas" en la Plaza Lavalle de Capital Federal, frente al Palacio de Justicia. La entidad resaltó que Fayt es una "figura eminentísima del derecho argentino y de conducta intachable a lo largo de su desempeño judicial" y repudió los "indignantes ataques, tanto a su persona, como a las consecuencias relacionadas con la independencia del Poder Judicial".
Rigen los fueros del Parlasur
El gobierno nacional formalizó ayer el llamado a elecciones nacionales y confirmó que además de presidente, vicepresidente, diputados y senadores, también se elegirán representantes para el Parlamento del Mercosur. Desde la oposición señalaron en reiteradas oportunidades que el propósito de esta medida es que Cristina Fernández sea candidata y, en esa condición, encabece la boleta sábana del justicialismo. De esta manera, contaría con fueros que le impedirían ir presa después del 10 de diciembre.
A través del decreto 775/2015, que lleva la firma de la presidente; del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se oficializó que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) se realizarán el domingo 9 de agosto.
Asimismo, los comicios generales, en los que se elegirán presidente y vicepresidente, además de 130 diputados y senadores de las provincias de Catamarca, Córdoba, Corriente, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, serán el domingo 25 de octubre. En tanto, en caso de ser necesario, la segunda vuelta presidencial se realizará el 25 de noviembre. De esta manera, por primera vez se incluirá en las boletas a los candidatos a ocupar un lugar en el Parlasur, que serán elegidos a través del mismo sistema que el resto de los candidatos. En total, habrá un representante elegido por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los que se sumarán otros 19 ciudadanos que serán elegidos por un distrito único que representarán a la Argentina ante ese bloque regional.
