PER SALTUM: LA CORTE OBLIGADA A OPTAR ENTRE CRISTINA KIRCHNER Y CLARÍN

Por Carlos Tórtora/iProfesional.- Si el tribunal fallara contra el gobierno, éste pensaría en un autogolpe. Imagen: gentileza de Mapa de la corrupción en Argentina. Con una magnitud mayor a otros casos desde que fue electa en el 2007, la presidente sufre una gran derrota política debida a un innecesario despliegue de soberbia. Herida por la gran protesta social del 13 S, CFK respondió poniéndole fecha a la aplicación de la ley de medios al Grupo Clarín y así nació el 7 D. Si el gobierno hubiera evitado este gesto de omnipotencia, el fallo de ayer de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial hubiera sido sólo un revés para la estrategia oficial pero no una grave derrota política. Una exitosa abogada como es la presidente no puede ignorar que si algo no se debe hacer en los litigios judiciales es ponerles fecha.

Desde hace 48 horas, el gobierno ya tenía señales de que el rechazo de las recusaciones a varios camaristas civiles y comerciales realizado por los jueces contenciosos Marcelo Duffy y Jorge Eduardo Morán y la jueza civil y comercial María Susana Najurieta iba en camino del fallo de esta última y Francisco de las Carreras extendiendo, hasta el dictado del fallo sobre la cuestión de fondo, la cautelar que vencía hoy y que suspende la aplicación de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios al Grupo Clarín. Como reacción, el gobierno optó por estrenar el nuevo recurso extraordinario por salto de instancia, por lo cual en las próximas horas le pediría a la Corte Suprema que dicte la nulidad de la extensión de la cautelar. Por lo que trascendió, la nueva argumentación oficial se centraría en que el nuevo fallo de la Sala I entraría en contradicción con el fallo de la Corte de mayo pasado que dispuso que la cautelar debía caer el 7 D. Pero la nueva -y obligada- estrategia judicial de la Casa Rosada apuntaría a plantearle a la Corte un difícil dilema. De acuerdo a lo que dispone el artículo 1° de la ley de per saltum: “La Corte Suprema podrá rechazar el recurso sin más trámite si no se observaren prima facie los requisitos para su procedencia, en cuyo caso proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que corresponda”. Con este rechazo in limine, el kirchnerismo tendría políticamente resuelto el fracaso del 7 D: podría acusar a la Corte de complicidad con Clarín y profundizar entonces la incipiente denuncia de supuesto golpe institucional de los jueces que ya iniciaran Carlos Kunkel y Julio Alak. Pero no hay duda de que el objetivo del gobierno con el per saltum es conseguir que la Corte lo declare admisible. Porque entonces, según establece la nueva ley: “El auto por el cual el Alto Tribunal declare la admisibilidad del recurso tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida”. Es decir que la extensión de la cautelar quedaría suspendida y Martin Sabbatella podría entonces empezar a readjudicar las licencias de Clarín que se encuentran en infracción. De ocurrir esto, la Corte pasaría a ser la responsable directa de que la AFSCA inicie el desguace del multimedios. La tercera hipótesis, jurídicamente la más sólida, consistiría en que el tribunal admita el per saltum y se pronuncie a favor de la extensión de la cautelar. Entonces el efecto político sería como en la primera hipótesis pero mucho más grave, porque al fallar la Corte a favor de Clarín, el cristinismo ya podría hablar de que está consumando un golpe de estado. Alfonso y su fallo Pero esta nueva partida de ajedrez político-judicial tiene otro costado. La Sala I de la Cámara Civil y Comercial, con similares términos a la reciente resolución de la Corte ante una presentación de Clarín, señala que la extensión de la cautelar se justifica para evitarle un perjuicio irreparable al Grupo Clarín ante el inminente dictado del fallo sobre la cuestión de fondo, es decir, la acción declarativa de certeza sobre los artículos 45 y 161 que debe resolver Horacio Alfonso, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1. Después del fallo de ayer de la Sala I, se supone que Alfonso está más urgido que antes para resolver la cuestión fondo y más aún por cuanto la Corte la semana pasada lo intimó a que lo hiciera en forma urgente. Una lectura meramente judicial de esta situación indicaría que Alfonso debería pronunciarse a la mayor brevedad, lo que pondría fin al debate sobre la cautelar. Pero la realidad es que si Alfonso fallara ahora a favor de la constitucionalidad de la ley de medios, Clarín podría apelar con efectos suspensivos y la sentencia no tendría efectos hasta que resuelva la Cámara Civil y Comercial, donde soplan vientos no precisamente favorables al cristinismo. Así las cosas, todo indica que al gobierno hoy le interesa que Alfonso no falle y que su carta es el per saltum. Golpeada como pocas veces, Cristina le arroja ahora la braza ardiente a la Corte y probablemente prepare también una escenografía wagneriana. En este marco, un fallo del máximo tribunal contra el gobierno podría desatar una especie de autogolpe cristinista, tensando la cuerda hasta límites inéditos.