Por Lucio Garzón Maceda (Abogado laboralista)/La Voz.-Se está insinuando de manera peligrosa que el salario sea la variable de ajuste y que sólo se fijen aumentos conforme a la productividad de cada empresa, como diría el exministro Domingo Cavallo.
La semana pasada, en la reunión tripartita de sindicatos, Gobierno y empresas realizada en la Secretaría de Comercio de la Nación, se expuso la necesidad de atenuar los futuros reclamos sindicales en defensa de la competitividad.
En una nota anterior, publicada en esta misma sección hace 10 días, dijimos que no creíamos posible un pacto (son de cumplimiento obligatorio) ni tampoco un acuerdo colectivo homologable.
Creo que ahora se intentará tan sólo la búsqueda de una coincidencia recíproca que, se espera, tenga alguna influencia en las futuras paritarias, tanto entre dirigentes dialoguistas como entre opositores, públicos y privados.
Empresarios y funcionarios de Industria y de Comercio confían en que, si se respeta la pauta subliminal oficial, se asegurará estabilidad en algunos precios, al modificarse de manera parcial Ganancias y asignaciones familiares.
Los gremios del sector público serán mas “sensibles”. Los del sector privado, no.
Estimar la inflación. Esa coincidencia debería necesariamente acompañarse de una estimación real de la inflación prevista para 2013.
Sin embargo, al Poder Ejecutivo le será difícil estimar en términos oficiales una pauta inflacionaria diferente a la del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o a la expuesta en el Presupuesto.
Al no existir esa previsión, ¿podría algún dirigente aconsejar a sus afiliados no superar una pauta cuyo fundamento se ignora?
No habría, pues, ni acuerdo a la española ni coincidencia, porque no existe un sinceramiento informativo previo sobre la inflación real prevista para 2013.
En abril de 2011, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, decía que en un año electoral no son posibles acuerdos sociales. Sin embargo, en 2013 hay elecciones y él estuvo pidiendo esos acuerdos.
Ante la imposibilidad de fundamentarse en la inflación real, todo quedaría limitado a una liturgia.
Pero, cualquiera sea la formalización, antes debería resolverse el piso del Impuesto a las Ganancias, las asignaciones familiares y los aportes para obras sociales. ¿Se hará o será sólo voluntarismo y práctica de hechicería?
En esta misma semana, en Detroit, Michigan, Estados Unidos –cuna del otrora poderosísimo sindicato del automóvil–, los trabajadores protestaron furiosamente ante el capitolio estadual contra un planteo similar al formulado aquí por la Secretaría de Comercio: si quieren empleo, aseguren competitividad bajando salarios. Allá hubo violencia.
Hablar de salarios es hablar de la mayor responsabilidad sindical: es la vida cotidiana de millones. No hay que olvidarlo.
A los salarios, no. Yo creo, independientemente de las conversaciones, que si la inflación real en 2012 es de un 24 por ciento y la inflación alimentaria es mayor, los aumentos no deberían ser inferiores, de punta a punta, en cuotas, al 23-27 por ciento, lo que en definitiva representa un aumento en la masa salarial de un 18-20 por ciento anual.
Se está insinuando de manera peligrosa que el salario sea la variable de ajuste y que sólo se fijen aumentos conforme a la productividad de cada empresa, como diría Domingo Cavallo.
Al margen, es meritorio que haya preocupación por la inflación y la competitividad. Pero no está bien la matriz. Es equívoco que se piense, casi como en Detroit, en ofrecer el pago de beneficios legítimos adeudados –Ganancias, asignaciones familiares y obras sociales– a cambio de reducir reclamos salariales.
Se escogería, pues, la variante de sugerir a los miembros paritarios atenuar sus reclamos, por ahora sin demasiadas imposiciones ni a través de un decreto.
Para la competitividad, no hace falta trabajar a pérdida ni imponer salarios indecentes.
Es una irresponsabilidad de algún funcionario hacerle pagar a la presidenta Cristina Fernández un costo impensado que ella no desearía compartir.
Antes que pedir a los trabajadores prudencia en sus reclamos, hay que exigir que hablen los empresarios. Una vez que se expresen los formadores de precios, hablarán los trabajadores.
El propio ministro de Trabajo, Carlos Tomada, consecuente con sus convicciones, se ha cansado de señalar que no son los salarios los responsables de la inflación.
Si se quiere diálogo, hay que respetar, como hasta ahora, las paritarias. Los dirigentes sindicales, al igual que la Presidenta, no tienen vocación de suicidas.
Los diferentes conglomerados sindicales, junto con las centrales empresariales, están en condiciones de diseñar un diálogo maduro y precisar condiciones objetivas de desarrollo, crecimiento con productividad, competitividad y buenos salarios.
La competitividad y productividad no se aseguran con el 40 por ciento de trabajo clandestino, sino con trabajo decente.
Hay que garantizar empleos, pero con buenos salarios, sin voluntarismo ni aprietes.
No imitemos a Michigan o a otros estados norteamericanos rebajando salarios a cambio de empleos.
Evitemos que algún funcionario responsable mantenga guardados cadáveres en el ropero, que siempre terminan por salir.
