Por Guillermo Cherashny y Carlos Tórtora/El Informador.- La salida sería que el gobierno presente un recurso extraordinario, pero éste es rechazado para las cautelares.
Ayer la presidente insinuó veladamente la posibilidad de un juicio político a los ministros de la Corte Suprema al referirse detalladamente al proceso que impulsó Néstor Kirchner para la destitución de la Corte de la era menemista. Y también hizo una revelación interesante: que el fallecido ex presidente tomó la decisión de requerirle al Congreso que defenestrara a la Corte, porque tuvo información de que la misma estaba preparando un fallo dolarizador de la economía. Este sinceramiento presidencial hace caer uno de los mitos del kirchnerismo. El que dice que el juicio político a los miembros de la Corte de los 90 tuvo por finalidad restablecer un Poder Judicial independiente.
Desde que ejerce la presidencia del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti y la mayor parte de sus seis colegas se fijaron como rumbo político mantener cierta independencia del gobierno sin caer en lo más mínimo en una actitud confrontativa. El pedido de per saltum presentado el viernes pasado por Juan Manuel Abal Medina pidiendo la nulidad de la extensión de la cautelar de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, que impide la aplicación del artículo 161 de la ley de medios, colocó a la Corte ante una opción que pondría fin a su política de equilibrio. Debe optar entre rechazar el recurso y darle una gran victoria a Clarín o admitirlo y dejar que se aplique la ley de medios, ya que la admisión suspende la medida recurrida. Para salir de esta encerrona, el tribunal se prepara para rechazar el recurso debido a sus defectos formales, al no haber salto de instancia, pero dejando en claro que la presentación del gobierno es materia de recurso extraordinario, con lo cual le deja a éste la puerta abierta para presentarse ante la Cámara pidiendo la concesión de aquél. Según Horacio Verbitsky en su columna de ayer en Página 12, la Corte podría estar resolviendo el recurso extraordinario antes de fin de año.
Sin embargo, la nueva jugada de la Corte podría tener otra meta. Presionado sobre todo por la Corte, el juez civil y comercial Horacio Alfonso debe dictar a la brevedad sentencia sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios. Como están las cosas, es razonable suponer que la Corte está a punto de cambiar la vía recursiva del gobierno del per saltum al extraordinario, con el objeto de ganar tiempo para que Alfonso dicte sentencia. Una vez que esto ocurra, toda controversia sobre la cautelar se volvería abstracta, porque sólo cabría aplicar el nuevo fallo. En otras palabras, y como la Corte ya lo dijo al contestar la presentación del Grupo Clarín sobre la existencia de denegación de justicia, la causa debe encarrilarse a través del fallo sobre la constitucionalidad de la ley y no se debe prolongar el debate alrededor de la cautelar. En realidad, no tendría demasiado sentido que el alto tribunal resuelva a favor de la nulidad o de la validez de la prórroga de la cautelar a días de un fallo que definiría la cuestión. Ayer, implícitamente, la presidente pareció admitir el nuevo juego al que la obliga la Corte, al señalar que la batalla contra Clarín puede durar un cierto tiempo. Sin embargo, una barrera se interpone en el plan para que el gobierno utilice el extraordinario y no el per saltum. Se trata de la jurisprudencia pacífica y reiterada de la propia Corte sosteniendo que las resoluciones referidas a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria del artículo 14 de la ley 48. En otras palabras, que en la alquimia que se proyectaría, la Corte debería sostener lo contrario de lo que ratificó antes en cientos de fallos. Justamente, pensando en este problema, los legisladores kirchneristas incluyeron a las cautelares entre las resoluciones que pueden ser objeto de per saltum.
La carrera que viene
Cuando Alfonso falle, el que resulte perdedor apelará ante la Cámara, con efecto suspensivo, o bien intentará un per saltum, con el riesgo de que la Corte lo derive otra vez al recurso extraordinario. Pero en este curso pasarán varios meses y el país habrá ingresado en la etapa electoral. Mientras tanto y como premio consuelo, el gobierno espera un pequeño triunfo y éste sería el dictamen del fiscal Fernando Uriarte diciéndole al juez Alfonso que los artículos 161 y 45 de la ley de medios audiovisuales son constitucionales. Pero en el sentido contrario funcionaría el dictamen del cuerpo de peritos oficiales sobre el artículo 45, que, entre otros puntos, dice: “la desinversión resulta distorsiva, no tiene beneficio alguno en términos de competencia y al no permitir que los medios tengan una dimensión que les permita ser sustentables y prescindir de la pauta oficial, puede condicionar su viabilidad y por ende su independencia editorial y la libre expresión”.
A todo esto, en la AFSCA está en estudio una prórroga para aplicar los planes voluntarios de adecuación que presentaron 14 grupos. En principio, esta alternativa parece desconcertante, porque nada tiene que ver la situación de un Grupo Clarín que no presentó la propuesta de desinversión con la de quienes sí lo hicieron. De concretarse, la prórroga sólo confirmaría que la ley fue pensada sólo en función del caso Clarín y que todo el resto para la Casa Rosada sería apenas una cortina de humo.
