HANNAH ARENDT

En 1951, Hannah Arendt escribió: "El sujeto ideal de un régimen totalitario no es el nazi convencido o el comunista comprometido, son las personas para quienes la distinción entre los hechos y la ficción, lo verdadero y lo falso ha dejado de existir".

jueves, 13 de diciembre de 2012

"RELATO" SE APROPIA DE LA INDIGNACIÓN POR MARITA VERÓN SE OXIGENA PARA PELEAR AL "PARTIDO JUDICIAL"

Por Fernando Gutierrez (producción: Federico Kucher)/iProfesional.-El escandaloso fallo ya tiene consecuencias políticas. Llevó a un súbito cambio en la opinión pública, que venía favoreciendo al Poder Judicial en su disputa con el Gobierno. Ahora, la Presidenta muestra un giro hacia un discurso de "mano dura" y apunta a cambios para recortar el poder de los jueces. Hay un nuevo deporte que, por estas horas, empieza a a ser practicado por todos los actores del ámbito político: conjeturar sobre qué quiso decir exactamente Cristina Kirchner cuando se refirió a la necesidad de "democratizar la Justicia". Las insinuaciones que la Presidenta venía realizando en plena batalla por el 7D, ahora adquirieron un nuevo impulso a partir del escandaloso fallo que dejó libres a los acusados de haber secuestrado y reclutado para una red de prostitución a Marita Verón. En medio de un clima de indignación popular, la jefa de Estado llevó al extremo sus críticas a la Justicia, a la que ya no sólo acusó de dictar sentencias en función de intereses políticos y corporativos, sino directamente de ser permeable a la corrupción.
"Cuando hay dinero de por medio, el mundo puede estar tocando trompetas que no les importa nada", afirmó Cristina, en alusión directa a los jueces del caso Marita Verón, pero que, por el contexto de su discurso, es aplicable también a los jueces de otras causas marcadas por la controversia política. Para la mandataria, lo ocurrido en Tucumán es una confirmación de una advertencia que ella había realizado sobre "un divorcio entre la justicia y la sociedad". Y apuntó directamente a que a los jueces "no les importa nada" porque cuentan con una especie de impunidad, marcada por el hecho de que el magistrado "tiene un cargo asegurado para toda la vida y si hay que juzgarlo lo juzgan únicamente los pares de él y los abogados que dependen de él". Ante estas declaraciones, las interpretaciones sobre cuál es la intención de la Presidenta están a la orden del día. Ya hay quienes se manifiestan preocupados por la posibilidad de que pueda ocurrir un intento de recortar la independencia del Poder Judicial mientras que, por otro lado, están aquellos que creen que nada irá más allá de una guerra declarativa, tendiente a que la opinión pública vea al Gobierno como una víctima más de una justicia ineficiente. Lo único claro en este momento es que la Presidenta tiene un plan para el Poder Judicial, y que esa ofensiva se transformó en el eje y prioridad de su agenda política. "Lo que ella ha expresado puede querer decir muchas cosas. Lo de Tucumán podría estar siendo usado como pretexto para demostrar una corrupción judicial y trasladarlo al caso de la ley de medios", arriesga el abogado Daniel Sabsay, un referente en temas constitucionales. Su punto de vista es que cualquier intento de modificación en el marco de funcionamiento de la Justicia debería requerir una reforma constitucional. Y que no es justificable un intento de cambio que surgiera de otros métodos. "Me preocupa que los otros poderes se inmiscuyan, amenazando con juicio político, aplicando recusaciones masivas que la ley no permite o modelando los tribunales con jueces amigos al Gobierno", señala Sabsay. Una pista respecto de cuál puede ser la estrategia del kirchnerismo fue dada por la diputada Diana Conti, una de las "voces autorizadas" a la hora de interpretar las declaraciones presidenciales. Conti adelantó que puede haber proyectos de ley para instituir cambios tales como los juicios por jurado. Pero reconoce que se requerirá de un cambio constitucional para promover modificaciones de fondo, de forma tal que "los jueces sean elegidos como los miembros de otros poderes, que tengan los mismos controles y mandatos periódicos". Desde ya, este punto parece destinado a generar una fuerte resistencia. "La Presidenta puede estar interpretando que democratizar la justicia es darle la razón al Gobierno", advierte Félix Loñ, también una fuente de consulta permanente en temas constitucionales. "Esto de pretender manejar la Justicia no es nuevo; lo hizo Carlos Menem con lo que se conocía como la ‘corte VIP' y ahora lo hace este Gobierno intentando nombrar jueces afines", afirma Loñ. El abogado rechaza la eventualidad de que "democratizar la Justicia" pudiera implicar que haya cargos judiciales electos por voto popular: "Eso equivaldría a impregnar de política partidaria a la Justicia". Saber elegir al "adversario" Mientras el ámbito judicial debate cuál puede ser la estrategia oficial desde el punto de vista técnico, los hechos se precipitan rápidamente en el "carril político". Porque este cuestionamiento a la Justicia se enmarca en una escalada de tensiones que viene desde lejos y que tocó su punto máximo con eventos como la extensión de la medida cautelar para el multimedios Clarín, así como también por los fallos desfavorables a la Anses en los juicios de los jubilados. Si hay una habilidad que los analistas siempre le han reconocido al kirchnerismo es la buena elección de los contrincantes, algo vital para una fuerza política que ha construido su base de apoyo político sobre una estrategia de confrontación. Así, alternativamente ha elegido oponentes que no gozaban de la simpatía popular: bancos, empresas privatizadas, acreedores externos, grandes empresas de sectores concentrados y, cuando las circunstancias lo ameritaron, hasta los propios sindicatos. Hubo una única situación en la que el kirchnerismo erró al elegir el contrincante, y ello le valió un alto costo político: el conflicto de 2008 contra el campo, donde el "relato" oficial buscó, sin éxito, equiparar a los pequeños productores sojeros con la antigua "oligarquía vacuna". Hasta la semana pasada, todo apuntaba a que la pulseada contra la Justicia podía llevar al Gobierno al mismo camino que la pelea por las retenciones a la soja: las acusaciones de "ánimo destituyente" contra la Corte no sólo no prendieron a nivel de la opinión pública sino que, además, hasta dieron la impresión de operar en el sentido opuesto. Tanto que el nombre de Ricardo Lorenzetti empezó a ser blanco de especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial opositora. Pero ahora parece haber un punto de inflexión, porque lo que ha ocurrido a partir del "caso Marita Verón", es que se insinúa un cambio en el humor social respecto de la justicia. "La Presidenta venía perdiendo en su guerra contra el Poder Judicial, porque ante la opinión pública aparecía como que quería hacer una intromisión política. Ahora, esta circunstancia le viene muy bien desde el punto de vista de la imagen, porque la Justicia queda cuestionada, y ella se pone al frente de ese reclamo", señala Diego Dillenberger, experto en comunicación política. Para este experto, el Gobierno intenta aprovechar el momento de descontento con el ámbito judicial, y para ello toma reivindicaciones sociales vinculadas con la inseguridad. "La Presidenta intenta que eso que en un momento aparecía como un reclamo contra el Gobierno, ahora pueda quedar como responsabilidad de otro. Y esto la favorece, porque puede pasarle la pelota a los gobernadores y a la Justicia", agrega. Lo curioso es que, para sacar rédito político del malhumor social, Cristina no ha dudado en impregnarle a su discurso algunos reclamos "de derecha" que cuestionan a los jueces que liberan presos reincidentes. Se trata de un argumento que se opone totalmente a las tesis "garantistas" defendidas por el ala izquierdista del kirchnerismo. Tanto que el principal referente del garantismo es Eugenio Zafaroni, el único juez de la Corte Suprema que defiende las posiciones gubernamentales. De todas formas, los analistas creen que esta contradicción no será un obstáculo en "el relato". "Quizás le traiga algún problema con un sector aislado, como pueden ser los intelectuales de Carta Abierta. Pero, a esta altura de los acontecimientos, Cristina se da cuenta de que el reclamo por la inseguridad es compartido también por la mayoría de su propia base electoral, que también pide mano dura", sostiene Dillenberger. Oxígeno para la pulseada con Clarín El otro punto ineludible en este tema es que al Gobierno se le presenta una ocasión propicia para que este malestar contra los jueces quede vinculado con la batalla por la ley de medios. "No digo que lo hayan propiciado, pero objetivamente este fallo lamentable de Tucumán termina beneficiando al Gobierno. Porque le sirve para demostrar que la Justicia no es lo que se creía la semana pasada, en los días previos al 7D", argumenta Alejandro Corbacho, director de Ciencias Políticas en la Ucema. Para este analista, el mensaje implícito del Gobierno pondrá énfasis en lo cuestionable de los funcionarios del Poder Judicial: "Ahora el discurso va a ser: ‘¿vieron cómo esta justicia no es de fiar, no actúa con imparcialidad, necesita un control?'". Lo cierto es que esta situación "empareja" la escalada de acusaciones cruzadas en la disputa entre poderes del Estado. La semana pasada el Ejecutivo había recibido un duro golpe con la declaración corporativa de los jueces, que emitieron un comunicado en el cual rechazaban las presiones y alentaban a los magistrados a actuar con independencia. Ahora, con este escandaloso fallo de Tucumán, la imagen de la Justicia súbitamente aparece cuestionada. La propia Corte Suprema pareció acusar el golpe, al emitir un comunicado en el que alienta a los jueces a extremar esfuerzos en la lucha contra el delito de la trata de personas. "El combate contra la trata de personas y la protección de las víctimas de género es una decisión institucional muy clara y contundente", afirmó la Corte, en un evidente intento por deslindarse del polémico fallo de Tucumán. Cambio de clima político Para algunos, si el Gobierno juega bien sus cartas, podría incluso llegar a recuperar un terreno que parecía perdido: el del llamado a una asamblea constituyente. Así lo cree Ricardo Rouvier, politólogo y encuestador cercano al oficialismo, que opina que en el nuevo contexto, podría haber un apoyo político a una reforma constitucional que impulsara modificaciones al Poder Judicial. "El caso Marita Verón, más otras cosas que han venido ocurriendo están configurando un escenario adecuado para justificar un cambio. Sería algo necesario, por ejemplo, si el Gobierno quisiera impulsar que los jueces fueran elegidos por voto popular", señala Rouvier. Y no descarta que, llegada esa instancia, se pudiera reinstalar el debate sobre la re-reelección presidencial. Los próximos días revelarán qué tan lejos está dispuesto a llegar el Ejecutivo en su pelea contra el "partido judicial". Lo que en todo caso queda confirmado es la habilidad de la Presidenta para cambiar su discurso y acomodar, una vez más, el "relato" a las necesidades del nuevo clima social.

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